El Gobierno y la banca renuncian a entrar en el capital de las pymes con los ICO

El Gobierno y los bancos evitan un lío administrativo. El Tesoro Público y el sector financiero han pactado que las nuevas ayudas directas que podrán pedir en unas semanas las pymes no impliquen la entrada en su capital del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades. Así figura en el borrador del código de buenas prácticas que va a aprobar este martes el Ejecutivo en Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Así, el texto explica que "la entidad acreedora considerará la posibilidad de convertir las operaciones de financiación con aval público en préstamos participativos no convertibles en capital". Con este matiz, se evita el riesgo de que el ICO y las entidades hubieran acabado entrando en el capital de las pymes que soliciten la conversión de su crédito con aval en participativo, y lo impaguen. En la práctica, esto podría haber supuesto que el Estado y el sector financiero entraran en el capital de restaurantes, hoteles, agencias de viajes, entre otros sectores. Además, esto hubiera supuesto una complicación adicional con los autónomos, a los que se les hubiera cerrado la puerta de esta ayuda.

Otras de las principales novedades es que el periodo máximo para ampliar los ICO será de 10 años, y no 12 como se barajó en una fase de las negociaciones, y que el Gobierno pide a los bancos que incluyan en la refinanciación de deuda toda la que se haya concedido a las empresas desde marzo del año pasado, no solo la avalada.

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Jorge Zuloaga

Los préstamos participativos son una de las tres opciones —junto a la ampliación de vencimientos y las quitas— que pone sobre la mesa el Gobierno en esta nueva batería de ayudas por el covid. "Las medidas propuestas pretenden aliviar la carga financiera de estas empresas, y se aplicarán dentro de un marco de colaboración entre las entidades financieras que concedieron las operaciones de financiación con garantía o cobertura pública y el Estado", expone el borrador.

Los bancos tienen a partir de ahora un mes para adherirse al código de buenas prácticas, algo que se espera que ocurra al 100%. Junto a la obligación de ofrecer estas tres vías de ayudas, las entidades tendrán que comprometerse "a mantener las líneas de circulante que tenía concedidas al deudor beneficiario de las medidas, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2022".

Condiciones

El código de buenas prácticas pone sobre la mesa distintas condiciones para que las pymes y autónomos puedan acogerse a las tres ayudas. Para ampliar los vencimientos de los créditos hasta 10 años de forma automática, la facturación del pyme o el autónomo tendrá que haber caído al menos un 30% en 2020 frente a 2019. Junto a ello, no podrá estar considerado moroso ni estar en concurso, entre otros factores. En caso de que el desplome de ingresos sea inferior, su aprobación queda a expensas del criterio del banco. Se pueden pedir hasta el 1 de noviembre de este año. Los avales, y por tanto los créditos, se encarecerán entre 20 y 285 puntos básicos en función del plazo de vencimiento.

En el caso de que el cliente bancario quiera convertir el préstamo en participativo, tendrá que cumplir estas condiciones y haber registrado pérdidas después de impuestos en 2020.

Las quitas bancarias serán de hasta un tope del 70%

Y para las empresas y autónomos que quieran acogerse a las 'quitas', que se harán mediante transferencias por valor de hasta 3.000 millones, serán de hasta el 50% para las compañías que hayan perdido un 30% de facturación y de hasta el 75% para las que hayan perdido un 70%. También se exige haber concluido 2020 en pérdidas.

El límite total de ayudas a recibir por una pyme o autónomo será de 1,8 millones, incluyendo otras subvenciones. En el caso de las empresas del sector pesquero, esta cifra baja hasta 270.000 euros, y de las agrícolas hasta 225.000 euros.

Las empresas podrán solicitar cualquiera de las tres medidas, o varias a la vez, pero será la entidad la que decida: "El banco seguirá el criterio de seleccionar aquella que mejor se adecue en lo posible a las necesidades de las empresas y autónomos, a la vez que asegure el mejor uso de los recursos públicos".