Perú recrudece su guerra judicial contra Enagás e imputa a su director del negocio internacional
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En plena batalla arbitral por 400 millones

Perú recrudece su guerra judicial contra Enagás e imputa a su director del negocio internacional

El juez, que investiga diversos delitos de corrupción en la adjudicación del Gasoducto del Sur de Perú, ha solicitado, a instancias de Fiscalía y Procuraduría (Abogacía del Estado), incluir en la causa al director general de Enagás Internacional

placeholder Foto: Foto de archivo de las obras del gasoducto de Perú.
Foto de archivo de las obras del gasoducto de Perú.

La Justicia peruana eleva el pulso contra Enagás. Un juzgado de instrucción del país latinoamericano que investiga diversos delitos de corrupción asociados a la adjudicación del Gasoducto del Sur de Perú (GSP), en el que participó la cotizada española junto con la brasileña Odebrecht, tomará declaración a Jesús Saldaña, director general de Enagás Internacional.

Este movimiento judicial se produce después de que la procuradora (puesto equivalente al de un abogado del Estado) que trabaja específicamente para la causa Lava Jato y la fiscal del caso solicitaran incluir a uno de los directores que reportan directamente con el CEO de Enagás, Marcelino Oreja, en la investigación general que trata de esclarecer si en el proyecto gasista, que saltó por los aires tras el reconocimiento de Odebrecht de sobornos a cambio de adjudicaciones, se produjeron delitos como colusión agravada, asociación ilícita o lavado de activos.

El magistrado que instruye el caso trata de esclarecer si Nadine Heredia, la primera dama de Perú durante el mandato de Ollanta Humala, encabezó una organización criminal aprovechando su posición de poder y la de su marido y se benefició de la adjudicación de grandes proyectos como el del Gasoducto del Sur de Perú, que suponía la mayor infraestructura energética del momento. La vinculación de Heredia y Humala con el caso Lava Jato provocó la entrada en prisión del expresidente y la reclusión domiciliaria de su esposa.

placeholder El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, tras salir de prisión preventiva.
El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, tras salir de prisión preventiva.

Por ahora, se desconoce exactamente por qué el juez ha llamado al directivo de Enagás a declarar, aunque su comparecencia ha sido retrasada al no notificárselo con el suficiente tiempo, tal y como solicitó la defensa de Enagás. Fuentes al tanto del caso apuntan al acuerdo de colaboración eficaz de la Fiscalía con los exdirectivos de Graña y Montero, el tercer socio que estuvo en el consorcio que se adjudicó el Gasoducto del Sur de Perú.

Hace ya más de un año, José y Hernando Graña aseguraron al Ministerio Público que Enagás tenía conocimiento de la injerencia de Nadine Heredia en el proceso de licitación. En este sentido, el medio económico 'Gestión' informaba de que los directivos de Montero y Graña señalaron a la fiscal del caso que Jesús Saldaña, directivo de Enagás, y otros directivos estuvieron presentes el 9 de abril de 2014 en una reunión con la ex primera dama de Perú donde se habló de la adjudicación del gasoducto.

Enagás rechaza todas las acusaciones

Por su parte, Enagás rechaza cualquier acusación y fuentes oficiales de la compañía subrayan que "Enagás y sus directivos siempre han actuado respetando toda la legalidad vigente". Otras fuentes al tanto del caso sostienen que no hay ninguna razón para entender que Jesús Saldaña se haya visto implicado en la investigación y que después de cinco años con el caso abierto no se ha encontrado nada. De hecho, algunas de las partes aún no saben si el supuesto convenio de colaboración eficaz entre la Fiscalía y los directivos de Montero y Graña, que estuvieron en prisión preventiva por el delito de lavado de activos en el marco de las investigaciones de Lava Jato, ha sido validado por el juez.

Esta investigación, en la que la Procuraduría de Perú y la Fiscalía, que dependen del Estado, tratan de involucrar a Enagás, se produce en pleno arbitraje de la multinacional liderada por Antonio Llardén frente al Estado peruano en el Ciadi. En el mismo, la cotizada cuyo máximo accionista es el Estado español reclama casi 400 millones de euros precisamente como indemnización por los perjuicios que le ha causado su participación en el Gasoducto del Sur de Perú, un proyecto que se paralizó y que el país latinoamericano revirtió tras conocerse que Odebrecht pagaba sobornos a políticos en campaña a cambio de hacerse con la adjudicación.

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