Santander exige más garantías para evitar el naufragio de Trasmediterránea

El futuro de Naviera Armas, dueña de Trasmediterránea, sigue en medio de una borrasca que amenaza con naufragio. La primera compañía de transporte marítimo de España se ha encontrado con un último escollo para evitar el concurso de acreedores pese al acuerdo a que llegó a finales de diciembre con la mayoría de sus bonistas. Según indican fuentes financieras, Banco Santander, el principal acreedor del grupo, ha exigido nuevas garantías a la familia Armas para sellar un rescate que pone en riesgo la conexión entre la península Ibérica y las islas Canarias.

La firma final del rescate, por el que los bonistas tomarán hasta el 65% del capital mediante un canje de deuda por acciones, debía haberse rubricado el pasado 25 de febrero. Pero el banco presidido por Ana Botín no se ha conformado con la aportación de 50 millones realizada por los Armas, dinero obtenido por la venta del buque Villa de Teror. La entidad financiera les ha requerido avalar con más patrimonio la reestructuración del pasivo, que asciende a unos 800 millones de euros.

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De esta cantidad, 600 millones son bonos, en manos de Barings, Bain, JP Morgan y Cheyne Capital. Estos fondos han aceptado convertir cerca de 250 millones de la deuda en títulos de Naviera Armas, lo que supone una quita del 40%. Estos 'hedge funds' se han comprometido además a concederle varias líneas de financiación por cerca de 100 millones de euros, condicionadas a la aportación posterior por parte del Estado de 150 millones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Gobierno ya le prestó 55 millones el pasado mes de mayo cuando irrumpió el covid-19.

Los otros 200 millones se corresponden con préstamos, cuyo principal acreedor es Banco Santander y sin cuya bendición es posible el resto de las operaciones para dotar de solvencia a Naviera Armas. Hasta el momento, la posición de la entidad dirigida por Botín ha sido de colaboración, como prueba la concesión de una línea de crédito exprés para poder pagar los sueldos retrasados de noviembre, así como la paga extra de diciembre y la de enero.

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En realidad, se trató del descuento por adelantado de unas facturas que van a servir para cumplir con la plantilla, cuyos sindicatos han amagado con manifestarse, así como de pedir el cambio del equipo gestor. Pero el banco, ante el recrudecimiento de la crisis, quiere que la familia aporte más capital, sobre todo porque los Armas tienen varios buques fuera del perímetro del 'holding'.

Embargo de barcos

La compañía entró en impago en el último trimestre del pasado año después de haber reconocido problemas financieros desde finales de 2019. Su situación ha sido tan crítica que varios proveedores le han embargado dos buques, con orden judicial y presencia de la Guardia Civil de por medio.

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Hasta la fecha, la familia Armas, dirigida por el patriarca, Antonio Armas, es dueña del 100% del capital. Pero una vez se ejecute el acuerdo, los bonistas se quedarán con entre el 50 y el 65% de los derechos económicos mediante acciones con distintos derechos de voto y prevalencia en caso final de impago. No obstante, los Armas retendrán la mayoría de los derechos políticos para que puedan seguir gestionando la compañía, siempre y cuando hagan una aportación de fondos propios que al Santander le parecen insuficientes.

La operación de salvamento está siendo asesorada por Houlihan Lokey, en representación de la compañía, por PJT Partners, en nombre de los bonistas, y por Alvarez & Marsal, que ha revisado la posición de caja y la tesorería del grupo naviero, con una plantilla de 1.600 personas.