Protesta sindical en la sede de Iberdrola por los recortes tras la burbuja salarial

Iberdrola está este miércoles pendiente de dos focos. El primero, la Audiencia Nacional, donde a las 10:00 comparece en calidad de imputado José Antonio del Olmo, exdirector de Control y Administración, que denunció en un informe interno las presuntas irregularidades en la contratación de José Manuel Villarejo. El segundo, la sede central de la propia eléctrica en Madrid, donde varios sindicatos han convocado una protesta contra la rebaja salarial propuesta por la compañía en el nuevo convenio 2021-2025.

Aunque Iberdrola consiguió en la madrugada del 20 de noviembre un preacuerdo con cuatro de las seis principales organizaciones sindicales del grupo, UGT, ELA y CGT han decidido no firmar las nuevas condiciones por las que se regularán las relaciones laborales de los casi 9.000 empleados de la compañía en España para los próximos cuatro años. Tras la protesta llevada a cabo el pasado sábado en la sede en Bilbao de la multinacional energética, que pasó prácticamente desapercibida, estos tres representantes de los empleados de Iberdrola España han convocado una nueva manifestación a las puertas del despacho de Ignacio Sánchez Galán.

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Pese al preacuerdo, que recoge una bajada salarial del 10% para las nuevas incorporaciones, la pérdida de parte de la antigüedad y un recorte parcial de la gratuidad de la luz doméstica, estos tres sindicatos se han enfrentado a los cuatro —USO, Atype, SIE y CCOO— que rubricaron la oferta de la empresa. No obstante, dada la inquietud en parte de los afiliados, los firmantes, hasta USO, dirigido por Mikel Sese, con 11 familiares trabajando para Iberdrola, y CCOO, se vieron forzados a emitir comunicados en los que venían a decir que su voto, en realidad, no tenía peso en el resultado final.

En una nota interna a sus trabajadores, USO explica que el primero que votó fue UGT, con tres votos en contra; el segundo, SIE (tres a favor); el tercero, Atype (tres a favor); el cuarto, CCOO (dos a favor), con lo que ya existía una mayoría. "Somos un sindicato minoritario en Iberdrola, aunque el tercero a nivel nacional, votamos en quinto lugar y todavía la USO no ha dicho ni sí ni no oficialmente". No obstante, el comunicado concluye que "la USO no va a permitir que perdamos estas garantías de empleo presentes y futuras" por "las zancadillas" de los otras fuerzas laborales.

Ante la protesta de hoy, Iberdrola ha reiterado a la plantilla la bondad del preacuerdo y la necesidad de hacer sacrificios para seguir siendo "una empresa eficiente y competitiva" y mantener un "empleo estable de calidad". La compañía insiste en que hasta la fecha habían vivido en "la burbuja", pero que eso no se consigue con "el conformismo. No se puede pensar que Iberdrola quedará exenta de los acontecimientos que nos afectan hoy en día y que tristemente lo harán en los próximos años".

Contabilizar a los huelguistas

Iberdrola incide en que la protesta no ha sido aprobada por la autoridad competente, por lo que su participación será considerada "una ausencia injustificada del puesto de trabajo". En caso de que finalmente llegue el permiso para esa protesta, la compañía recuerda a los que vayan a la misma que tienen la obligación de registrar internamente un parte en el que firman que han ejercido el derecho de 'huelga parcial', así como en los lectores electrónicos de entrada y salida del edificio en el momento del paro. Es decir, de contabilizar quiénes acuden y quiénes no.

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Un incremento de la tensión laboral, que se suma a la reputacional por las acusaciones que Del Olmo atestiguó en sus tres primeras declaraciones como testigo en la Audiencia Nacional y que hoy, según fuentes próximas a la investigación, podría ratificar con nueva documentación, pero en calidad de imputado.

Iberdrola, que es la segunda mayor empresa del Ibex, con su cotización en máximos históricos, ha anunciado que va a invertir 75.000 millones de euros en los próximos cinco años dentro de su nuevo plan estratégico. La compañía, que paga unos 10 millones de euros de salario a su presidente y más de 300.000 euros de media a sus consejeros, pretende distribuir el 60% de los beneficios en dividendos a sus accionistas, que este año han visto cómo sus títulos se han revalorizado un 28%.