Banco Popular usó su red comercial para reforzar el núcleo duro de accionistas

La red comercial de Banco Popular se involucró en la guerra accionarial de 2016. Las oficinas de la entidad presidida entonces por Ángel Ron ofrecieron activamente a sus clientes unirse a la Sindicatura de Accionistas, que entonces controlaba entre un 9% y un 10% del banco, y que era afín al equipo gestor. Así lo confirman a este medio distintos exdirectivos y clientes, algunos de los cuales están estudiando nuevas vías legales contra la entidad.

Este empuje comercial se produjo principalmente durante la ampliación de capital de junio de 2016, de 2.500 millones de euros. Las fuentes consultadas aseguran que los comerciales del banco ofrecieron a algunos grandes clientes del segmento de empresas y banca privada financiación para acudir a la ampliación y la opción de sindicarse. Las mismas fuentes añaden que no era obligatorio ni se forzaba al cliente, pero se intentaba convencer de las ventajas de reforzar el núcleo duro del banco

Al margen de que fueran los clientes los que firmaron voluntariamente unirse a la Sindicatura, el hecho de que la red comercial apoyara a un accionista supone un incumplimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo. Este medio ha intentado, sin éxito, recabar una versión de los principales responsables del banco en 2016.

Al contrario que cuando se creó en 1946, la sindicación no implicaba en 2016 la cesión irrevocable del voto de los accionistas ni ningún tipo de limitación para comprar o vender acciones. Pero sí suponía la delegación del voto en caso de que el accionista no acudiera a la junta, y respaldaba a la Sindicatura para estar representada en el consejo de administración.

Así, este grupo de accionistas mantuvo su peso durante la ampliación de capital de junio de 2016, pasando del 9,66% que controlaba a finales de 2016 al 9,55%.

Batalla en el consejo

Banco Popular se encontraba entonces en los primeros capítulos de una batalla accionarial y del consejo, que culminó con la salida de Ron a final de año y el fichaje de Emilio Saracho. La crisis que atravesaba el banco y el anuncio de la ampliación de capital provocó un enfrentamiento en el consejo entre el presidente y el mexicano Antonio del Valle y el expresidente de Banco Pastor, José María Arias. Este último se quejó abiertamente en la Audiencia de que no se diera más tiempo al consejo para estudiar la ampliación, y se abstuvo en la votación.

Los principales accionistas del Popular eran entonces la Sindicatura, formada por algunas de las familias históricas del banco, con el 9,6%; la familia Del Valle y otros inversores mexicanos, con un 4,2%; la entidad Crédit Mutuel, con casi un 4%; la alemana Allianz, con un 3,3%; y la Fundación Pedro Barrié de la Maza —antiguo dueño de Pastor—, con algo más del 2%.

Tal y como han explicado los protagonistas en la Audiencia, Del Valle pidió a Ron que eliminara el derecho de suscripción preferente en la ampliación para poder elevar su participación, a lo que se opuso el banquero gallego.

Durante los meses siguientes a la ampliación, las tensiones en el consejo del Popular se fueron acrecentando y aireando en los medios de comunicación, hasta hacer insostenible la situación y que tuviera que intervenir el Banco de España. Por ello, Ron dimitió dando paso a Emilio Saracho, en una reñida votación frente a Manuel Pizarro, expresidente de Endesa.

Uno de los frentes más polémicos de la ampliación de 2016 es la financiación de la compra de acciones. Esta práctica es legal salvo que no se descuente el importe de la cifra de capital, como presuntamente ocurrió en el caso de Popular. Este fue uno de los motivos de la reexpresión de las cuentas de abril de 2017, anunciada por Saracho. Entonces se elevó la cifra de financiaciones hasta entre 200 y 400 millones.

Hace dos semanas declararon en la Audiencia exdirectores territoriales de Popular —algunos siguen en Santander— que negaron órdenes de sus superiores para dar créditos para comprar acciones, como sí señala una investigación interna del Popular incorporado a un expediente sancionador de la CNMV. Algo sobre lo que quiere llegar al fondo el juez José Luis Calama.