La Audiencia encarga a la Policía que investigue el 'forensic' de BBVA por Villarejo

Golpe de timón de la Audiencia Nacional en el caso BBVA-Villarejo. El juez Manuel García-Castellón ha ordenado que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional revise 2,3 millones de documentos internos del banco presidido por Carlos Torres, el denominado forénsic encargado por Garrigues y Uría Menéndez, abogados del banco, a PwC.

La Audiencia y la Fiscalía Anticorrupción ponen en cuestión la transparencia de BBVA en el proceso penal y por ello requieren que un externo revise toda la documentación interna de la segunda entidad española, principalmente correos. La UAI de la Policía Nacional tendrá que chequear si en esos millones de documentos hay cuestiones importantes que el banco ha intentado ocultar al juez y los fiscales.

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"Se opone por esas razones de protección del secreto profesional y por otros motivos a la incorporación de los hits [documentos] solicitados por algunas partes, hits que han sido identificados por PwC, e incluso en los informes específicos encomendados a PwC no se incluyen más que los hits que seleccionan los letrados de BBVA. No puede compartirse, por tanto, que su actuación sea transparente", concluye la Audiencia Nacional.

Por ello, el juez García-Castellón encarga la revisión de los 2,3 millones de documentos, algo que ofreció el propio banco a cambio de confidencialidad: "Esta información será puesta en el lugar que a estos efectos se designe para poder materializar la diligencia. Por parte de la UAI se procederá a una nueva búsqueda, circunscribiendo las palabras clave (keywords) a los nombres de los encargos encomendados al Sr. Villarejo y a los principales investigados en dichos proyectos, conforme a la documentación incautada en poder de este. Una vez realizada la búsqueda, el resultado se pondrá a disposición del Juzgado, y se devolverán los hits a la entidad bancaria".

Papel de PwC

Esta decisión llega después de que el juez y el fiscal Ignacio Stampa cuestionaran abiertamente la colaboración de BBVA en el caso, llegando a apercibir de posible desobediencia a un socio de PwC en caso de que no enviara determinados correos al juzgado. A raíz de ello, algunas acusaciones lideradas por Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, y Luis Pineda, de Ausbanc, han ido pidiendo acceso a todos los documentos internos del banco, para realizar su propia investigación sobre los presuntos delitos sufridos. BBVA se negó rotundamento, alegando que supondría un perjuicio para su derecho de defensa y para el secreto profesional.

Con este auto, el magistrado por una vía intermedia: acceder a todos los documentos, pero sin dar traslado a todas las partes. Será la UAI de la Policía la que decida qué es importante y qué no, y que podría vulnera el derecho a confidencialidad que tiene BBVA respecto a sus documentos internos.

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Junto a esta decisión, la Audiencia resuelve también otras peticiones de las acusaciones y defensas. Descarta por el momento imputar a los últimos directores de comunicación del banco y dar acceso a todos sus correos antiguos al exresponsable de Riesgos, Antonio Béjar, enfrentando a BBVA por su despido.

El juez García-Castellón vuelve también acuerda volver a citar a declarar a Béjar, como había pedido, y a un exdirectivo de su equipo, Julio Arturo Sáenz de Buruaga de la Cruz, actualmente en Grupo Lar, que presuntamente fue clave en la relación con Cenyt durante años. Este exdirectivo del banco fue clave en la negociación de BBVA con Prasa, en la que hay sospechas de que el banco pudo beneficiarse del trabajo del comisario Villarejo.