CASO BBVA-VILLAREJO

Desescalada judicial: la Audiencia estudia la imputación de varios directivos de BBVA

Regresa el caso de los encargos del banco a Villarejo, con varias peticiones de imputación sobre la mesa y con la declaración clave de los peritos de PwC pendiente de nueva fecha

Foto: Carlos Torres, presidente de BBVA. (EFE)
Carlos Torres, presidente de BBVA. (EFE)
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Los juzgados encaran la desescalada con muchos deberes pendientes sobre la mesa. En el caso del juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, y la Fiscalía Anticorrupción, tienen que decidir en las próximas semanas si imputan a dos directivos de la actual cúpula de BBVA por el caso Villarejo: el director de Auditoría Interna, Joaquín Gortari, y el secretario del consejo, Domingo Armengol.

La pieza del presunto espionaje irregular encargado por BBVA es una de las que más inactivas durante el confinamiento, mientras fiscales y magistrado se centraban en otros frentes de Villarejo con mayores urgencias, como el de La Finca y la pieza Iron.

Sobre la mesa de este caso se acumulan al menos dos peticiones de imputación. Por un lado, la que hizo el abogado Felipe Izquierdo el pasado 4 de marzo para que se investigue a Gortari por cohecho activo, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Este directivo es actualmente responsable de Auditoría Interna, puesto que pasó a ocupar al jubilarse el expresidente Francisco González, de quien fue jefe de gabinete durante años. También mientras se contrató a Cenyt.

La petición de imputación llegó tras la investigación interna hecha por el banco a Gortari, en la que se reflejaba que había intermediado entre González y el entonces director de Seguridad, Julio Corrochano, en encargos vinculados a Villarejo. El banco le excusó en el 'forensic' encargado a PwC, ya que "actuó en todo momento siguiendo las instrucciones de su jefe, el anterior presidente". El nombramiento de este directivo seguía hasta hace unos meses pendiente del visto bueno de idoneidad del supervisor bancario.

Camino de los 20 imputados

Junto a la petición de Izquierdo, la Audiencia recibió la semana pasada un escrito de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, solicitando nuevas pruebas, declaraciones de testigos e imputaciones. Entre estas últimas, la del actual secretario del consejo, Domingo Armengol, uno de los históricos directivos del banco, por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. El escrito de Pineda también se dirige contra el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y algunos de los últimos 'exdircom' del banco: Javier Ayuso e Ignacio Moliner.

El caso BBVA-Villarejo acumula ya 18 imputados, entre los que hay exdirectivos de otra época del banco y otros que siguen en plantilla. Los casos más conflictivos para la entidad fueron los del exdirector de los Servicios Jurídicos Eduardo Arbizu, que fue cesado en julio del año pasado tras un expediente interno limpio, y el de Antonio Béjar, exdirector de Riesgos y expresidente de DCN (Distrito Castellana Norte), que llegó a demandar al banco por despido improcedente, y al que pactó finalmente pagar 1,7 millones.

Junto a estos dos exdirectivos y a Gortari, el comité de disciplina de BBVA investigó, sin llegar a sancionar, a Eduardo Ortega, responsable de Contencioso en el banco; Inés Díaz, directora de Seguridad, y decidió que no había indicios para examinar a Javier Malagón, actual directivo; Nazario Campo, también de Seguridad, e Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial.

El banco defiende en el caso que "no consideramos que ningún empleado o directivo de BBVA haya cometido ninguna infracción delictiva, pero sí nos parece innegable que se incumplieron normas y protocolos internos de la entidad", en referencia a Béjar.

Al margen de las peticiones de imputación, el caso BBVA-Villarejo está pendiente de que se retomen las declaraciones como testigos de los peritos de PwC, a los que jueces y fiscales comenzaron a interrogar en febrero. Este testimonio es clave para comprobar hasta qué punto han profundizado BBVA y su asesores legales, Garrigues y Uría, en la investigación interna. De momento, ha trascendido que los asesores pidieron retirar de la búsqueda palabras clave como Caruana, Arenillas y Pizarro y que no se ha dejado enviar al juzgado 223 correos electrónicos.

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