Tocado, pero no hundido: el impacto en Sacyr del nuevo revés del Canal de Panamá

Como un auténtico jarro de agua fría cayó el pasado viernes en las oficinas de Condesa del Venadito, cuartel general de Sacyr, el fallo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de Miami, que obliga al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio capitaneado por la constructora española, a devolver a la Autoridad del Canal de Panamá 240 millones de dólares (unos 206 millones de euros al cambio actual), de los 265 millones que había pagado el país centroamericano por una decisión previa de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB), que había cifrado en esta cantidad el importe que el país centroamericano debía saldar para resarcir a GUPC por la falta de basalto en la zona de las obras de ampliación del Canal.

Se trata del tercer pronunciamiento en contra de los intereses de Sacyr, que ya ha perdido otra disputa de carácter técnico y un arbitraje económico en el que GUPC perseguía no tener que devolver los 847,6 millones de dólares que el Canal le pagó como adelanto hasta que se resolvieran todos los laudos que los enfrentan, dinero que, finalmente, el grupo español y sus socios han tenido que resarcir entre el año pasado y este. Con una participación en el consorcio del 41,6%, a la empresa española le tocó hacer frente a 350 millones, cantidad a la que ahora se sumarán los 86 millones de euros que, al tipo de cambio actual, le corresponde devolver tras el fallo del viernes.

Esto se ha traducido en un fuerte castigo en bolsa, donde las acciones de la compañía se han desplomado este lunes, primer día en el que ha cotizado la mala nueva en el parqué, un 20,02%, hasta los 1,62 euros.

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Todos estas derrotas juegan en su contra a la hora de intentar anticipar hacia qué lado podría inclinarse la balanza en los tres frentes que todavía quedan abiertos: un arbitraje de inversión en Uncitral, organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger las inversiones extranjeras, y los dos que deberá dirimir la misma corte de Miami y donde GUPC se juega el plato fuerte de esta disputa, 4.300 millones de dólares. Expertos en arbitraje consultados por este medio explican que cada uno de estos arbitrajes es independiente y, por tanto, no se puede extrapolar lo fallado hasta ahora a las disputas todavía pendientes, aunque reconocen que, 'a priori', no invita al optimismo.

Sin embargo, en favor de la compañía juega que los dos laudos que deberá resolver la CCI se centran en cantidades que debería pagar Panamá al consorcio y, por tanto, en que apenas hay riesgo para Sacyr. Al tratarse de sobrecostes que la constructora reclama al país centroamericano, cualquier reconocimiento de las reclamaciones españolas, por pequeño que sea, supondría la entrada en caja de varios de millones de euros (probablemente cientos) que tendrían justo el efecto contrario al que está sufriendo ahora la compañía.

Con una capacidad de generación de caja de 450 millones anuales, la compañía ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al mercado asegurando que su solvencia está a salvo e, incluso, su plan de inversiones, cifrado entre 150 y 200 millones de euros anuales, se mantiene intacto. Además, este revés ha cogido a Sacyr con un cómodo calendario de vencimientos de deuda, ya que el 93% de los 4.518 millones de deuda financiera neta que tiene vence a partir de 2024, y con unas facilidades de crédito excepcionales, por los avales del ICO, a los que ha recurrido ya tanto en forma de préstamo bancario como de pagarés, y a los que prevé seguir recurriendo si fuera necesario.

Sin embargo, a pesar de estos colchones, también es cierto que el jarro de agua fría de Panamá llega en un momento crítico para la compañía, cuya aspiración de entrar en el selectivo índice Ibex 35 este año puede verse comprometida ahora si los inversores dan la espalda al valor, y que pone en jaque la aprobación del dividendo complementario, pago que la compañía ya había decidido dejar en suspenso por la incertidumbre del coronavirus y sobre el que el consejo deberá pronunciarse este próximo mes de octubre.

Todo ello aderezado con el eterno riesgo Repsol, compañía en la que Sacyr participa en un 8,2% y que el año pasado le hizo anotarse una pérdida contable de 354 millones de euros derivada de las provisiones millonarias que hizo la petrolera, y a tener que ajustar el precio al que tiene reconocida su participación en el grupo dirigido por Josu Jon Imaz, que este año se deja otro 60% en bolsa.

Para cubrirse contra estos desplomes, Sacyr firmó hace cuatro años unos derivados que, llegada la fecha de vencimiento, puede no renovar y, por tanto, dejar que las entidades que están detrás de estos derivados se queden con sus acciones. Será a partir del próximo año, y hasta 2023, cuando la constructora podrá empezar a ejercer esta posibilidad sin impacto en caja, desligándose así por completo del riesgo Repsol. Tome la decisión que tome, en todo esos años seguirá vivo el conflicto con Panamá, ya que lo previsible es que los laudos pendientes todavía tarden entre cuatro y cinco años en resolverse.