Navarra, Madrid y País Vasco lideran la inversión en VPO con las Castillas a la cola

Tres comunidades de rasgo históricamente conservador son las que lideran la inversión en vivienda social de España. Se trata de Navarra, presidida por los socialistas desde hace un año, la Comunidad de Madrid, feudo del PP, y País Vasco, terreno hegemónico del PNV, que en 2019 destinaron a estas políticas 102,6 euros por habitante, en el caso de la primera, unos 75 euros, en la segunda, y 70 euros en la tercera.

Estas cifras son muy superiores a los 48,9 euros por habitante en el que se sitúa la media nacional, marca que únicamente superan estas tres comunidades junto a Canarias, Extremadura e Islas Baleares, frente a las otras 13 (incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), que están por debajo, lo que indica que es precisamente la mayor inversión de Navarra, Madrid y País Vasco la que consigue mejorar una media que en el grueso del país sería muy inferior.

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Este ránking es uno de los primeros frutos del Boletín para la Vivienda Social que ha presentado este mañana el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que con esta iniciativa busca dotar de mayor transparencia a un sector tradicionalmente opaco y empezar a construir una nueva política de vivienda social basada en la titularidad pública, pero con colaboración privada, enfocada al alquiler de precio asequible y renunciando a la venta de estos hogares para, así, poder ir construyendo un amplio parque público.

Dos datos son muy reveladores de la pobre apuesta por la vivienda de titularidad pública que se ha llevado en España desde los años 80. Apenas el 21,6% de las viviendas construida en los últimos 40 años han sido protegidas (2,36 millones de unidades), frente al 78,4% de hogares libres (8,60 millones); y casi el 90% de ellas se ha vendido, generando que el actual parque de vivienda social en manos de comunidades y ayuntamientos apenas sea de 290.000.

Cataluña, probablemente la región de España donde hay mayor presión social para frenar el alza de los precios de la vivienda y los alquileres, aparece en la parte media de la tabla, con una inversión por habitante de poco más 40 euros y por detrás de Andalucía, La Rioja o la vecina Aragón; mientras que el farolillo rojo es Castilla y León, con 23,2 euros, seguido de Castilla La Mancha.

La vivienda es una competencia cedida y, por tanto, su evolución responde, en gran parte, a las políticas que cada gobierno autonómico y cada ayuntamiento ha decidido aplicar en los últimos años. En 2019, la suma de todos ellos arrojó una cifra total de inversión agregada de 2.297,4 millones y la comparativa entre Cataluña y Madrid indica que la región liderada por Isabel Díaz Ayuso casi dobló en inversión a la presidida por Joaquín Torra.

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No obstante, todas las administraciones se vieron seriamente dañado por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la grave crisis económica que le acompañó y que terminó de cercenar la inversión en vivienda, al tiempo que disparó la venta de gran parte del poco parque que había a fondos de capital privado, según han expuesto tanto Ábalos como el secretario de Vivienda, David Lucas.

Este último ha subrayado que, desde la llegada de la democracia a nuestro país, las políticas de vivienda protegida que se han aplicado han ido destinadas a la venta, y no al alquiler, lo que ha hecho que, actualmente, la titularidad de hogares en manos de las administraciones sea tan bajo. En cambio, la política que se quiere promover desde el Ministerio que lidera Ábalos pasa por el alquiler y la colaboración público-privada, pero reteniendo la titularidad pública de las viviendas.

En este sentido, Transportes sacará mañana a consulta pública la futura Ley Estatal de Derecho a la Vivienda, con el que se busca crear una norma, con rango de ley, que respetando el hecho de que se trata de una competencia cedida, permita crear un marco nacional que garantice "el derecho a una vivienda digna a precio asequible", según las palabras del propio Lucas.