El Supremo anula la venta de 3.000 viviendas sociales a Goldman Sachs-Azora en Madrid

Varapalo judicial a los grandes fondos inmobiliarios. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación interpuestos por la Comunidad de Madrid y por Azora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anula la venta de 2.935 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs y Azora.

En concreto, el fallo declara la "inadmisión de los recursos de casación número 5491/2019 preparados por el Letrado de la Comunidad Madrid y por la representación procesal de Azora Gestión S.L., contra la sentencia número 244/2019, de 14 de mayo, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid".

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Esta decisión, deja en el aire el acuerdo del año 2013 por el que el gobierno regional de la Comunidad de Madrid vendió 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1865 trasteros y 45 locales, repartidoas en 32 promociones del Ivima, a Azora Gestión, sociedad tras la que estaba un fondo del banco estadounidense Goldman Sachs, por 201 millones de euros, activos que se englobaron en la sociedad Encasa Cibeles.

Uno de los inquilinos de estas viviendas, Rachid Bouikouy, interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 29 de Madrid, que el 21 de mayo de 2018 falló en favor de este ciudadano, dejando sin efecto la trasmisión del contrato de arrendamiento del demandante y abriendo la puerta a la anulanción del traspaso de las 3.000 viviendas.

Contra esta sentencia interpusieron recurso tanto Azora como la Comunidad de Madrid, que basaron su postura en el carácter 'no necesario' de estos bienes y en el interés público de alcanzar la estabilidad presupuestaria, además de considerar que el fallo no debía ser extrapolable a todas los pisos.

El Supremo no entra a considerar este último punto, lo que abre la puerta a que ahora pueda producirse una avalancha de reclamaciones por parte de los inquilinos de estas viviendas cuando se produjo la venta, al tiempo que avala los anteriores pronunciamientos.

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El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 9 de Madrid sí que se pronunció, y con contundencia, al respecto, ya que consideró que esta adjudicación no fue debidamente justificada, ni explicada, ni aprobada por el consejo de administración del Ivima, requisitos cuya inexistencia conlleva la nulidad de la transacción.

Este vicio procedimental es imputable a la Administración, gobernada por el popular Ignacio González cuando se firmó la venta, y, por tanto, está en manos de la Comunidad de Madrid buscar las fórmulas jurídicas que permitan subsanarlo.