Una de cal y otra de arena: Botín evita la foto con Orcel, pero no el paseíllo judicial

Ana Botín, presidenta del Santander, encara el curso 2020/21 con dos fechas en rojo en los juzgados. En ambas, tendrá que aclarar dos de las decisiones más importantes que ha tomado desde que preside el primer banco español: el próximo 8 de octubre tendrá que acudir a la Audiencia Nacional para declarar como testigo por la compra de Banco Popular, y el 10 de marzo tendrá que hacer lo propio en los juzgados de Capitán Haya por el fichaje frustrado del banquero Andrea Orcel.

La entidad española daba por hecho que el exdirectivo de UBS iba a forzar la declaración de su presidenta, por lo que no puso objeciones a la misma en la vista previa que tuvo lugar este lunes, en la que se fijó el 10 de marzo como fecha para el inicio del juicio. Esta batalla llega por la demanda de Orcel, que reclama el cumplimiento del contrato o el pago de hasta 112 millones. Santander se negó a admitir estas pretensiones, defendiendo que solo pactó con el banquero italiano una carta oferta cuyas condiciones no llegaron a cumplirse por desacuerdos en la remuneración.

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La estrategia de Santander pasa por esquivar al máximo el daño reputacional y centrar el proceso en el debate jurídico de si una carta oferta puede ser considerada contrato. En este sentido, el banco tuvo una de cal y otra de arena. Por un lado, Botín tendrá que hacer frente a la foto del paseíllo judicial en los juzgados madrileños. Y por el otro, ha evitado que en ella salga también Orcel, a cuya declaración y la de su mujer, Clara Batalim, renunció el banco.

Regate judicial

El abogado de la entidad, José Miguel Fatas, de Uría Menéndez, señaló que no hay temas reputacionales tras el 'regate judicial' a Orcel, sino que se debe a una cuestión meramente procesal: su declaración no tiene nada que aportar más allá de lo que ya figura en su demanda.

Los que sí harán el paseíllo junto a Botín son dos de sus lugartenientes en el banco —el secretario general, Jaime Pérez Renovales, y el directivo de Recursos Humanos, Roberto di Bernardini— y dos directivos de UBS, incluido su presidente, Axel Weber.

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Otro de los frentes en que logró una victoria Santander es con las grabaciones sin consentimiento que Orcel realizó a varios directivos del banco, incluidos la propia Botín y dos de sus principales lugartenientes: el responsable de participadas, Javier García-Carranza, y el secretario general, Pérez Renovales.

En la transcripción de estos audios, figura cómo la presidenta del banco se disculpaba por cancelar el fichaje y cómo le ofrecieron otras alternativas para compensarle, como la presidencia de Merlin Properties.

La difusión de estas conversaciones, de las que ya se han conocido numerosos extractos, amenazaba con causar un perjuicio a la imagen de las personas implicadas y, especialmente, de la presidenta de la entidad, dado el tono informal de las mismas. Y aunque no puede descartarse que acaben filtrándose, es fácil entender que tras la decisión del juez existen razones de peso para que cualquiera de las partes implicadas evite dar un paso en ese sentido.

Orcel ha conseguido que el juez le permita aportar nuevas pruebas, incluyendo correos electrónicos con directivos del banco y tuits de Botín

Por su parte, Orcel consiguió que el juzgado le permitiera aportar nuevas pruebas, incluyendo correos electrónicos del banquero con directivos de primera fila de Santander y tuits de Botín.

Las fuentes consultadas señalan que el juez Javier Sánchez Beltrán, del Juzgado de Primera Instancia número 46, ha demostrado ser garantista, dando pie a todas las partes a defenderse en un juicio con varios testigos y mucha documentación, pero dio signos de querer centrarse en el debate sobre el contrato. Solo desconcertó a la sala con una afirmación: “Cuánto significado hay en esas dos palabras: contratación y nombramiento. Y eso es todo lo que digo”.

La pretensión del juez es que el proceso se dirima con cierta celeridad, aunque resulta bastante probable que el caso acabe derivando a la Audiencia Provincial de Madrid, por lo que es previsible que no haya una sentencia firme antes de 2022.