Los alquileres reflejan la primera ruptura oficial del PDeCAT con Puigdemont

Divorcio total. La votación de este miércoles en el pleno de Parlament para aprobar la norma que permitirá limitar el precio de los alquileres en Cataluña ha reflejado la primera ruptura oficial del PDeCAT (los últimos mohicanos del ‘seny’) con Carles Puigdemont, al haberse desligado los cuatro diputados de las posiciones de JxCAT y haberse posicionado en contra.

La materia de la votación era terreno abonado para ello, ya que la nueva ley ataca directamente la línea de flotación del patrimonio de la clase media catalana, la base electoral de los herederos de Arturs Mas: la vivienda.

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Aunque el discurso de los partidos de izquierda —ERC, CUP y los ‘comuns’— se ha construido sobre la idea de que los fondos inmobiliarios, a los que acusan de buitres y especuladores, son los responsables de los problemas de acceso a la vivienda, la realidad es que en torno al 85% del parque en alquiler en España está en manos de particulares.

Y esto es lo que ha terminado por romper la baraja. “El Partido Demócrata no puede estar de acuerdo con el texto de la ley, porque no defiende al pequeño propietario y porque se producirá el efecto de que habrá menos pisos de alquiler en el mercado en los próximos años, como se ha acreditado en otras experiencias a nivel internacional”, ha señalado el PDeCAT este miércoles por la tarde con el envío de un comunicado oficial que ha cristalizado la ruptura.

El escrito, enviado a última hora de la tarde de este miércoles, anticipaba que estos cuatro diputados iban a votar en contra, una oposición que, sin embargo, no ha podido evitar sacar adelante la norma, pero que ha oficializado la ruptura de las dos almas de JxCAT.

Y eso que, hasta el último momento, los antiguos convergentes han estado dando vueltas al contenido de la norma para intentar evitar que sus endebles costuras saltaran por los aires. De hecho, el pasado viernes, presentaron enmiendas a su propio proyecto, con el objetivo de dejar fuera de esta limitación de precios al pequeño propietario, y no ha sido hasta mitad de la jornada de este miércoles cuando han hecho público su acuerdo con los partidos de izquierda para retirar aquella enmienda y presentar una nueva transaccional.

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La jugada tampoco ha estado exenta de polémica, ya que, según ha denunciado Ciudadanos, esta iniciativa debería haberse registrado ayer y haberse trasladado al resto de formaciones antes del debate en el Pleno, y no después de la intervención de la formación naranja, como ha sido.

Suma y sigue, porque a este vodevil se une que dos diputados de ERC también han votado en contra del texto final y que el Consejo de Garantías Estatutarias (órgano que podría definirse como el Constitucional catalán) ya ha advertido de que el Parlament no puede legislar sobre esta materia porque entra en una competencia del Gobierno central.

El nuevo circo político que se ha vivido en el Parlamento de Cataluña es solo la punta del iceberg, ya que la verdadera montaña está debajo, en las consecuencias económicas de esta decisión y en su nula capacidad, según han esgrimido también en su comunicado los diputados del PDeCAT, para corregir el problema de la vivienda en la comunidad autónoma.

"El Partido Demócrata considera que el problema de la vivienda en Cataluña se soluciona creando un parque de vivienda público a precios razonables y realizando una importante inversión en esta materia e incentivando que se haga desde las diferentes instituciones del país", han señalado.

Según un informe de Ciudadanos, que defiende crear un fondo de 1.000 millones para vivienda pública, Cataluña está a la cola en inversión en vivienda social, ya que apenas un 0,6% del presupuesto del Govern se destina a inversión en esta partida, frente al casi 1,2% de media de las autonomías, y muy lejos del 1,5% de Madrid, su principal comparable.

Consecuencias económicas

Además de las políticas, las consecuencias económicas de esta nueva norma ya se han dejado sentir por boca de Asval, patronal que agrupa los intereses de grandes propietarios como Blackstone, Ares, Aedas o La Llave de Oro, pero también de particulares.

En un duro comunicado, poco habitual en el siempre políticamente correcto mundo empresarial, esta asociación ha tachado de "populista" la medida y ha advertido de que "no solucionará nada y generará efectos contrarios al deseado", como la creación de un mercado negro de alquileres o la fuga de inversiones a otras regiones de España.

Las empresas han advertido de que se creará un mercado negro de alquileres en Cataluña y que la inversión se irá a otras comunidades autónomas

"Las familias que no pueden pagar un alquiler, deben tener el respaldo de la Administración a través de ayudas, y los propietarios, un marco legislativo más seguro. Una medida así podría provocar graves tensiones en las calles, exigiendo una mayor implicación de la administración catalana en materia de vivienda", ha apuntado Asval.

Con todas estas cartas sobre la mesa, ahora está en el tejado del Gobierno central analizar si prevé tomar alguna medida, ya que la presentación de un recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional, que contaría ya con los mimbres puestos por el Consejo de Garantías Estatutarias, frenaría de inmediato su aplicación.

Sin embargo, por el momento, Moncloa ha optado por ponerse de perfil mientras que desde el lado empresarial se está advirtiendo que Cataluña es solo el principio, y que el objetivo de las formaciones de izquierdas y de los grupos sociales que respaldan este tipo de reglas es lograr iniciativas similares en el resto del país. Un terreno en el que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dijo que iba a intervenir, pero en el que todavía no ha movido ficha.