El desafío de Torra con la okupación y el alquiler abre otra brecha Cataluña-Madrid

El mercado inmobiliario catalán amenaza con protagonizar un nuevo choque de trenes, debido a dos polémicas normas defendidas por el Ejecutivo de Joaquim Torra que no solo amenazan con espantar el apetito inversor, sino también con abrir una herida que pueda hacer supurar profundas diferencias entre las dos almas del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez.

La primera ya se ha dejado ver, con el mensaje lanzado este lunes por la exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en contra del auge de la okupación. Esta postura choca con la mostrada por la Generalitat de Cataluña, que ha desafiado, incluso, al Consejo de Garantías Estatutarias (órgano que podría compararse a nivel regional con el Tribunal Constitucional, ya que es el responsable de avalar que las normas catalanas respetan lo que dicta el Estatut), que declaró “inconstitucional" un decreto del Ejecutivo de Torra que abre la puerta a la regularización de la okupación.

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La segunda amenaza podría estallar mañana miércoles, cuando el pleno del Parlament someta a votación la propuesta de JxCAT, ERC y los 'comuns' para limitar por ley el precio de los alquileres, una medida que va más allá de las competencias autonómicas y entra en un terreno que corresponde al Estado, en concreto, al Ministerio de Transportes. De hecho, el pasado febrero, el titular de esta cartera, José Luis Ábalos, anunció su intención de crear un sistema que, de manera puntual, permitiese tanto a ayuntamientos como a comunidades autónomas activar mecanismos para controlar los precios, propuesta que, por el momento, no ha ido adelante.

Como ya hizo con el decreto pro-ocupación, Ciudadanos ha llevado al Consejo de Garantías Estatutarias esta nueva norma, que ha sido declarada por el órgano consultivo contraria a la Constitución y al Estatut, por invadir competencias del Estado. A la espera de ver qué postura adopta en la votación del miércoles, por el momento, el PSC ha presentado una enmienda a la totalidad, que se suma a la oposición mostrada tanto por PP como por Ciudadanos a esta norma.

Más llamativo ha sido que el propio JxCAT haya presentado enmiendas a su norma, dirigidas a dejar fuera de este control de precios a particulares de clase media que tienen una vivienda alquilada. La fragmentación de voto en el seno de la antigua CiU, y el voto en contra del PSC, evitaría que esta norma saliera adelante, aunque las fuentes consultadas dan por hecho que el miércoles, de una forma u otra, Cataluña sacará aprobará el control de precios, regla que se sumará a la ya aprobada a principios de año en favor de la okupación.

Con aquella, lo que se hizo fue pasar a considerar vacías viviendas que han sido okupadas, una medida con la que, según sus defensores, se busca emplazar a los propietarios de pisos, especialmente a los grandes tenedores, a que saquen al mercado estos hogares, en vez de tenerlos desocupados, para así presionar a la baja los precios. El problema es que el nuevo decreto permite catalogar como vacías, incluso, las casas cuya usurpación ha sido denunciada ante los tribunales por el legítimo propietario.

Al catalogarlas como vacías, estas casas pasan a formar parte de los hogares que la Generalitat puede expropiar para ampliar su parque de alquiler social, un terreno en que Cataluña sale especialmente fea en la foto. Esta comunidad autónoma figura a la cola en políticas de vivienda, según datos de Ciudadanos, que cifra en apenas un 0,6% del presupuesto la inversión del Govern en esta partida, frente al casi 1,2% de media de las autonomías, y muy lejos del 1,5% que destina Madrid, su principal comparable.

A través de la patronal Asval, gigantes como Blackstone, Ares, Aedas, Tectum o La Llave de Oro han advertido sobre las nefastas consecuencias que pueden tener estas normas para el mercado catalán, leyes que se suman a un rosario de reveses para los inversores en los últimos tiempos, como la inseguridad desatada con el desafío soberanista o la obligación de ceder el 30% de las nuevas promociones a vivienda social. Esta falta de seguridad jurídica se está dejando ya notar con un menor apetito del inversor inmobiliario por el mercado catalán, sobre todo en comparación con Madrid, y amenaza con desviar cada vez más recursos hacia otras comunidades.

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Desde el Ministerio de Fomento, por el momento, se ha optado por evitar el choque frontal y esperar a ver qué texto termina aprobando el Parlament en regulación de precio. "Hay que estudiarlo y ver la opción del Gobierno, ya que son varios los ministerios afectados”, han señalado desde la Secretaría de Vivienda. El momento no es el más idóneo para abrir nuevos frentes, con los Presupuestos a la vuelta de la esquina y la necesidad que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez de conseguir apoyos. Unos respaldos que requieren complejos equilibrios, ya que mientras su socio de gobierno, Unidas Podemos, defiende posturas próximas a las propuestas de Torra, Ciudadanos, el partido de la oposición con el que más puentes ha logrado tender el PSOE, se opone frontalmente.

Precisamente, Sánchez es el único que tiene en su mano parar en seco este desafío, con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a las nuevas normas catalanas que las bloquearía hasta que se resolviera el recurso. Desde el mundo empresarial, se está intentando que el Ejecutivo adopte algún tipo de posicionamiento en esta línea, con el argumento de que sería la forma de garantizar la seguridad jurídica. Pero, por el momento, el Gobierno ha optado por esperar y ver.