El ex socio director de Garrigues en Andalucía, investigado por el caso ERE

David Moreno Utrilla, el abogado madrileño responsable del enorme crecimiento del despacho Garrigues en Andalucía, Extremadura y Marruecos desde mediados de la década de los ochenta hasta el año 2013, afronta un trago amargo ya en su etapa de jubilación y sin relación laboral alguna con el despacho. El letrado que inauguró hace casi tres décadas la presencia del bufete en la comunidad andaluza está incluido como investigado en una de las decenas de piezas en que se dividió el caso ERE, en concreto, la de la empresa de loza La Cartuja Pickman.

En cada una de esas piezas se juzgará cada una de las ayudas concedidas por la Junta andaluza bajo el sistema declarado ilegal por la Justicia en la sentencia de la pieza política del caso conocida el año pasado.

Esta imputación ha pasado prácticamente desapercibida, pese a la gran relevancia de Moreno Utrilla en el ámbito empresarial andaluz, y permanece en un estado de hibernación. Y es que desde que se le incluyó, junto al también exabogado de Garrigues responsable del área Laboral en Sevilla Juan Vaz en esta pieza en noviembre de 2018, aún no se le ha tomado declaración. Estaba prevista, según el auto de la magistrada que en ese momento lideraba la instrucción, María Núñez Bolaños, para abril de 2019. Pero quedó aplazada. Sí se produjo la de Juan Vaz, que actualmente trabaja en el despacho Lener. Moreno era, además de socio director, el responsable del área Mercantil.

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Los exabogados de Garrigues Moreno y Vaz son dos de los cuatro letrados o exletrados del mayor despacho de abogados de España que han sido incluidos como investigados en algunas de las piezas de este macrosumario a lo largo de la última década. La jueza Mercedes Alaya, instructora que inició las investigaciones en 2011, ya incluyó como imputados a dos trabajadores del bufete (que siguen formando parte de él) en relación con las ayudas recibidas por la aceitunera Acyco (luego integrada en Deoleo y finalmente vendida a Dcoop).

Y ello porque la minuta de 110.000 euros por sus servicios se abonó con cargo a la partida presupuestaria 31L, el denominado 'fondo de reptiles'. Son José Miguel Caballero, que dejó de ser socio del departamento Laboral tiempo después de su imputación y sigue como abogado en él, y el letrado también del departamento de Laboral Juan Antonio López, que fue desimputado posteriormente y también sigue en la oficina sevillana de Garrigues.

En el caso de Pickman, y según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en que la jueza Bolaños se basó para declarar imputados a Moreno y Vaz, se investiga la concesión de ayudas de distinto importe y finalidad por 11,4 millones entre 2003 y 2010. De esa cantidad, la histórica empresa de vajillas llegó a ingresar 8,8 millones "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", según el ministerio público.

Junto a Moreno y Vaz, están incluidos como investigados en la pieza de Pickman otras siete personas, entre ellas dos exsindicalistas de CCOO y UGT así como el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Y también el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río. Las ayudas públicas concedidas a esta empresa incluyen una de 1,8 millones que fue aprobada inicialmente y luego fraccionada en tres pagos anuales para evitar su aprobación por parte del consejo de gobierno de la Junta, al sobrepasar el límite de 1,2 millones que obligaba a ello.

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Fuentes jurídicas explican que la mayor complejidad de este caso respecto de otras piezas, que acumulan mucha menos documentación, ha hecho que los jueces que ahora instruyen el caso ERE la hayan dejado aparcada. Están dando prioridad a otras que tienen un tomo o dos de documentación asociada, en las que están avanzando, frente a otras como Pickman con cuatro tomos de papeles (o más) y que se están dejando para más adelante.

Desde Garrigues, se ha señalado a El Confidencial: “Garrigues actuó de manera correcta siempre y en todo momento. El despacho tiene un firme compromiso con la actuación ética y responsable en el ejercicio de su actividad, que se traduce en la exigencia de que sus profesionales actúen no solo con estricto cumplimiento de la legalidad, sino absteniéndose de realizar cualquier actuación o asesoramiento que pudiera considerarse cuestionable desde una perspectiva ética”.