Indra pide 400 millones a la banca tras la 'bula' legal para su gran contrato militar

Indra toma medidas para hacer frente al impacto del covid-19. Según fuentes financieras, la compañía presidida por Fernando Abril-Martorell ha pedido a la banca que retrase el vencimiento de los pagos de la deuda que tiene en 2021 y 2022, además de solicitar nuevas líneas de crédito. Unas medidas por cerca de 400 millones de euros que llegan después de suspender los objetivos operativos para el año en curso y aplazar 'sine die' el reparto de dividendos.

El grupo, participado en un 18% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por la familia March (10%), debe hacer frente a una amortización de 134 millones de euros el próximo ejercicio, un 17% de la deuda bancaria total que arrastra la compañía de tecnología y defensa. Pero, ante la incertidumbre del covid-19, que presuntamente no ha tenido un gran impacto en las cuentas del primer trimestre, Abril-Martorell ha decidido sentarse a negociar con la banca para ponerse en el peor de los escenarios.

Por ello, Indra ha pedido a los acreedores extender los vencimientos de sus 683 millones de deuda puramente bancaria, que debe amortizar a razón de 134, 316 y 205 millones en los tres próximos años. CaixaBank es el principal financiador del grupo, que además adeuda 247 millones en bonos convertibles, 359 millones en bonos corporativos, 84 millones en líneas de circulante y 80 millones al Banco Europeo de Inversiones. En total, 1.453 millones de pasivo que, una vez descontados los 820 millones disponibles de caja y equivalentes, deja la deuda neta en 633 millones.

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C. Pizá. Sevilla

Fuentes oficiales han confirmado que, tras las negociaciones con la banca, se han aplazado a 2022, 2023 y 2024 un total de 180 millones de euros en vencimientos de deuda. En este momento, Indra cuenta con 336 millones de euros en líneas de liquidez a corto plazo y, desde el inicio de la pandemia, se ha puesto en contacto con diversas instituciones financieras nacionales e internacionales para negociar un conjunto de líneas bilaterales para asegurar hasta unos 200 millones más.

Esta nueva línea de crédito va a elevar de forma sustancial su apalancamiento. Su ratio de deuda sobre el beneficio operativo o ebitda, que mide la solvencia de una compañía y que actualmente es 2,2 veces, se va a disparar, ya que la empresa va a tener más pasivo que devolver mientras sus beneficios van a disminuir. En el primer trimestre, el ebitda cayó un 27% y el resultado neto, un 65%.

Según otras fuentes, el presidente ejecutivo está trabajando también en un plan intensivo de ahorro de costes para minimizar la reducción de los ingresos que internamente se da por descontada. De hecho, Abril-Martorell ya propuso durante las primeras semanas de la pandemia la ejecución de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para un mínimo de 1.800 empleados, el 6% de la plantilla. Pero la presión del Gobierno, que es el primer accionista, le obligó a retirar esta propuesta. Distintas fuentes indican que, si la caída del negocio es abrupta, Indra tendrá que acometer un ERE en los próximos meses. Tanto Abril-Martorell como la alta dirección ya han dado un paso adelante y se han bajado un 25% su salario.

Alivio desde los tribunales

La buena noticia para Indra en lo que va de año ha sido la adjudicación final por parte del Ministerio de Defensa del contrato para construir 348 vehículos blindados 8x8, un programa militar. El Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, ha autorizado la creación de una empresa conjunta entre Santa Bárbara Sistemas (filial de la estadounidense General Dynamics) y las compañías españolas Indra, Sapa y Escribano. Será esta nueva sociedad la que ejecute el contrato y tendrá que ajustarse al techo de gasto previsto de 2.100 millones.

La adjudicación de este contrato ha sido posible gracias a que el 31 de enero venció la sanción que el Ministerio de Hacienda puso a Indra por una inspección fiscal. La compañía no podía recibir subvenciones o ayudas públicas, ni tampoco contratar con la Administración pública, tras un expediente por abuso de posición dominante abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. El grupo consiguió unas medidas cautelares mientras se dirime este último caso, permiso sin el cual no hubiera podido recibir el suculento contrato de Defensa.