El auto de la suspensión cautelar a Mediaset decanta la balanza a favor de Vivendi

Vivendise apuntó este viernes una primera victoria en la batalla jurídica que libra en España contra Mediaset. La cotizada española anunció este viernes que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid había dado luz verde a la suspensión cautelar de los acuerdos sociales aprobados en la Junta General Extraordinaria de Mediaset España, dejando la fusión en 'stand by' hasta nueva orden. Mientras Vivendi dijo "estar satisfecha" con la decisión, Mediaset anunció que procedería a "impugnar [la decisión provisional del juez] de forma inmediata, confiando en que la misma" sería "revocada por la Audiencia Provincial de Madrid".

La resolución todavía está por resolverse, y apenas constituye una medida cautelar, pero, de momento, los argumentos del juez en el auto de este viernes apuntan a un entendimiento de la perspectiva desde la que carga Vivendi en los dos pilares principales del juicio: la preservación de los derechos societarios de Vivendi como accionista minoritario y la comprobación de una necesidad real de crear la nueva matriz en Holanda.

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Según considera el magistrado Andrés Sánchez Magro en el auto, "no es cierto que la parte instante [Vivendi] se haya limitado a esbozar en su escrito rector un peligro meramente abstracto; por el contrario, ha concretado los peligros muy concretos que le pueden deparar si la fusión siguiera adelante, como la merma de sus derechos societarios y el control omnímodo por parte de Finivest, tanto a nivel del Consejo de Administración de MFE como de la propia Junta General de Accionistas".

Mediaset Italia aprobó un sistema de 'loyalty shares' (en el que los títulos de accionistas de mayor antigüedad y con presencia en tanto la filial italiana como española, adquieren mayor peso en las votaciones) en la Junta de Accionistas de abril —una reunión en la que, sin embargo, Vivendi no participó debido a que Mediaset considera su participación ilegítima—. Ya entonces, la francesa avisó de que buscaría revocar esta estructura en los juzgados.

Este esquema adelantaba la necesidad de la familia Berlusconi (dueña de Finivest) de blindar su control sobre la empresa tras la creación de la nueva matriz. Es decir, aunque Finivest quedase solo con una participación del 35,31% tras la constitución de MediaForEurope, sus derechos de voto alcanzarían el 47,88% del pastel, según un comunicado publicado en agosto. Una realidad muy distinta a la de Vivendi, que terminaría con una participación del 7,68% para solamente quedarse con un 10,42% en derechos de voto. El vehículo a través del cual la francesa tiene una participación indirecta, Simon Fiduciaria quedaría con 20,81% de los votos al tener una participación del 15,34% en la nueva Mediaset.

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Según explica el juez en el auto, Finivest prevé obrar "a través de unos estatutos sociales que, sin que competa a este juzgador tener que valorar si son o no conformes al Derecho neerlandés, parece indiciariamente al menos, que han sido claramente diseñados para 'blindar' por completo a este accionista cuando lo cierto es que tendrá aproximadamente un 35% del capital social de la sociedad resultante de la fusión, que estaría lejos de reportarle este control tan inexpugnable que ahora parece pretenderse".

En este sentido, el juez tampoco toma como válido el argumento propuesto por la televisión de los Berlusconi de que la compra Vivendi de 3.300 acciones de Mediaset España a lo largo de los pasados meses de junio y julio, una vez ya estaba convocada la junta general, apuntaban a que Vivendi ya se había sometido a las condiciones del grupo.

“Al contrario, estas compras se nos antojan más bien como una expresión inequívoca de su voluntad por combatir en derecho unos acuerdos que entiende que atentan contra sus legítimos derechos como accionista relevante de Mediaset Italia y, por derivación, de la propia Mediaset España”, zanja el auto.

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Y es que al juzgado no le parece suficiente el argumento de la cotizada del Ibex 35 de que la empresa diese una opción de venta a los accionistas no conformes con la fusión, explicando que "que la ley garantice a todos los accionistas disconformes el derecho a poder vender sus acciones a una valoración legalmente preestablecida, en modo alguno quiere decir que los accionistas minoritarios deban soportar por ello acuerdos que puedan ser abusivos o ilegales".

Asimismo, "indiciariamente, y de modo cautelar sin prejuzgar el fondo del asunto", el juzgado considera que "todo parece apuntar a un cuadro global en el que estas modificaciones estructurales parecen estar dirigidas simultáneamente a blindar el poder de Fininvest en el Grupo Mediaset y, sobre todo, a debilitar y mermar los derechos de Vivendi, que quedará diluida en el plano de los derechos políticos y sin posibilidad alguna de ejercer unos elementales derechos como accionista". "Por ello, de forma provisional e indiciaria, se aprecia abusividad potencial en estos acuerdos", reza el auto.

¿Hay necesidad de fusión?

Luego está el tema de si hay necesidad real o no para la fusión. "Este ha sido un caballo de batalla importante en el debate producido tanto en la vista como en los informes periciales aportados por ambas partes: ¿constituye realmente esta fusión una necesidad razonable para la sociedad ante los retos empresariales que tiene planteados?", se pregunta el juzgado.

Partiendo de que el magistrado no se ve con potestad para "adentrarse en valoraciones de carácter empresarial y/o estratégico que no nos corresponde realizar y mucho menos en sede cautelar", el juzgado se remite a analizar los argumentos otorgados por Mediaset para la creación de esta nueva sede. "Hubiera argumentado de forma convincente tanto la 'necesidad' como la 'razonabilidad' de esta fusión y de los acuerdos inherentes a la misma", explican.

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En este sentido, el juez ve más solidez en los argumentos presentados por Vivendi, a través de cuyo Informe Pericial elaborado por Global Economics, el magistrado defiende que "hemos podido constatar que las economías de escala que se invocan son muy dudosas, cuando no inexistentes; que la internacionalización no es tal", "que no se aprecia porqué se van a producir más y mejores contenidos por el mero hecho de la fusión; que no se vislumbra dónde está el carácter paneuropeo del grupo y que los supuestos ahorros de 800 millones de euros son extremadamente cuestionables y cuestionados".

De todas formas, el juzgado entiende que "es cierto que muchos de los argumentos esgrimidos por el citado perito no aparecen para nada en el Proyecto de Fusión, ni en la documentación complementaria a la misma de manera que parece que estamos ante una suerte de 'reconstrucción' 'ex post' de lo que debiera de haberse justificado, pero no se hizo".

Y es que, por otro lado, al juzgado no le convencen las razones aportadas por Mediaset, que, según el auto, justifican "el traslado del domicilio social a los Países Bajos por razones completamente ajenas, como son la posibilidad de emitir acciones de lealtad o un sistema de gobernanza más flexible".

El juez apunta a que la televisiva italo-española no tiene empleados ni activos en los Países Bajos, ni una base de clientes, ni intenciones de entrar a cotizar en la bolsa de Ámsterdam, ni previsiones de beneficiarse de una mejor tributación en dicho país. Asimismo, para el juzgado, "no se ha acreditado a este juzgador como va a cambiar este traslado el devenir empresarial del Grupo Mediaset o mejorar su rentabilidad en España". "Indiciariamente, no pensamos que el mero traslado de un domicilio social vaya a tener impacto alguno", zanja.