DENUNCIAN QUE NO SE CUMPLE EL CONVENIO

Los trabajadores del ICO preparan una nueva ofensiva para reclamar 2 millones

Los sindicatos aseguran que se debe hasta 30.000 euros a algunos trabajadores. Ultiman una estrategia para presionar a la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR)

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El desayuno de los trabajadores del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de este jueves será una protesta que cada vez es más habitual a las puertas de su sede, en el centro de Madrid (paseo del Prado 4), junto al Banco de España. Algunos de ellos sienten que el banco público les debe más de 30.000 euros, con una deuda total de más de dos millones de euros a 170 empleados, según cifras de los sindicatos.

Este grupo de trabajadores supone más de la mitad de los 327 empleados que tenía al terminar 2018. “Estamos secuestrados por la Cecir”, denuncian fuentes sindicales, haciendo referencia a la Comisión Interministerial de Retribuciones, que en 2013 dejó de aprobar la dotación de un 1,2% extra de la masa salarial del ICO para la retribución acordada según las clasificaciones profesionales derivadas de la aplicación del sistema de desarrollo profesional vigente. Fuentes sindicales aseguran que con el argumento de la crisis se recortó al 0,2%, y “es insuficiente”.

Desde el ICO, recuerdan que el sistema sigue en vigor y que la dirección actual —empezó en 2018— “tiene como una de sus mayores preocupaciones el desarrollo profesional de la plantilla”, aunque admiten que la dotación de fondos para pagar a los trabajadores es insuficiente desde 2014. Desde los ministerios de Función Pública y de Hacienda, que forman la Cecir, no han hecho comentarios.

El grueso de la plantilla son empleados contratados —laborales— y no funcionarios, generalmente con alta cualificación. El banco público que preside José Carlos García de Quevedo tiene desde hace casi dos décadas un sistema de retribución que parcialmente depende de las evaluaciones anuales que hace cada jefe de sección, que se instauró primero entre los técnicos y después entre los administrativos. Las evaluaciones siguen haciéndose, pero sin que se traduzcan en los pagos correspondientes.

Fallo del Supremo

Esta problemática acumula ya cinco años, con denuncias por parte de varias decenas de trabajadores. También hubo demanda colectiva liderada por UGT —sigue en el comité de empresa con CGT y CSIF, que lo preside— y estimada por el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid, pero el Supremo falló a favor del recurso del ICO en 2015.

Los sindicatos preparan ahora una nueva estrategia judicial y política, que pone en el epicentro de la reclamación a la Cecir en vez de al ICO. De hecho, los sindicatos aseguran que el argumento del ICO es que la Comisión no hace efectivas las cantidades adeudadas porque “la Cecir no lo autoriza”. “Un problema que contrasta con la creación constante de nuevas jefaturas en un banco público donde uno de cada cinco empleados es jefe de área, hasta el punto de que, a día de hoy, hay más jefes que administrativos”, denuncian fuentes sindicales.

De hecho, insisten en que la plantilla del ICO sufre un agravio comparativo con otras empresas públicas, ya que la subida salarial de este año —del 2,25%— ha llegado en julio. En este sentido, aseguran que la rotación de la plantilla ha alcanzado ya el 7% anual, en gran parte porque los empleados buscan otras opciones ante este sistema de retribución que no se cumple.

El ICO es un banco público adscrito al Ministerio de Economía, que tiene como misión promover a través de la financiación o provisión de liquidez las actividades económicas que contribuyan al crecimiento, desarrollo y la “mejora en la distribución” de la riqueza nacional. La entidad siempre ha tenido un resultado positivo, con un beneficio de 75,7 millones en 2018, frente a los 103 millones de 2017. Es decir, es autosuficiente para pagar las nóminas de sus empleados, incluyendo el extra que depende del sistema de retribución actual, aunque la Cecir tiene que dar el visto bueno. Los gastos de personal alcanzaron los 21,04 millones en 2018, lo que supone una cifra de 64.342 euros por empleado, con sueldos medios que van desde 25.000 euros en administrativos a 100.000 euros en alta dirección.

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