La Junta pide un informe independiente sobre el derrumbe en la mina Las Cruces

El macroderrumbe de casi 10 millones de metros cúbicos ocurrido en enero en la corta de la mina Cobre Las Cruces (CLC), al norte de Sevilla, va a ser investigado de forma independiente. El colapso de la explotación a cielo abierto propiedad del grupo canadiense First Quantum no causó, por fortuna, daños personales ni ambientales pero el trabajo en la corta está parado al menos hasta julio. Ahora, la consejería de Hacienda e Industria ha pedido un informe al doctor en Geología Antonio Daza, de la Universidad de Córdoba, que liderará un equipo de expertos del mismo centro universitario, según ha podido saber El Confidencial.

Hasta ahora, la investigación del grave incidente solo estaba siendo realizada por la propia empresa, que ha contratado a dos profesores de la Universidad Politécnica de Madrid. Son Ricardo Laín y José Galera, este último propietario además de la empresa Subterra. Son expertos que llevan años trabajando para la propia compañía, y entre otros informes realizaron uno a final de 2017 en el que, paradójicamente, se aseguraba que la zona de la corta que colapsó resistiría un gran terremoto. Su opinión es claramente de parte en el informe que han realizado sobre el macroderrumbe y que ya ha sido entregado a la consejería, según la propia empresa. Otro informe, de la ingeniería sevillana Inerco, también ha sido entregado a la Junta andaluza y en él se analiza la inexistencia de daño ambiental por el derrumbe, explican desde CLC. Y añaden: "Atenderemos con la máxima colaboración cualquier petición de información que se nos traslade para realizar ese nuevo informe, del que ya tenemos conocimiento".

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Carlos Pizá de Silva. Sevilla

Antonio Daza, exdirectivo de la antigua empresa pública Encasur (del INI) dedicada a extraer el carbón en las minas del Guadiato, dirigirá un equipo de la Escuela Politécnica de Córdoba para analizar lo ocurrido. Ecologistas en Acción ha dado a conocer hace dos semanas un primer informe preliminar de la propia Junta, de febrero pasado transcurrido solo un mes del derrumbe, en el que se aseguraba que ya en octubre se había detectado una grieta relevante en la zona que acabó colapsando.

Precisamente el propio profesor Galera volvió a ser consultado por CLC sobre esa grieta, según recoge el informe de la Junta del pasado 22 febrero. Este documento, de siete páginas y al que ha accedido este medio, recoge parte del contenido de un acta del comité de seguridad y salud laboral que periódicamente se celebra en instalaciones de la Junta en Sevilla. En el comité, reunido el 11 de noviembre de 2018, se informó de la aparición de una grieta a finales de octubre y de que ello ya se había puesto en conocimiento de la Junta el día 26 de octubre.

El informe recoge también que el profesor Galera señaló, en un análisis sobre esa grieta, que el coeficiente de seguridad de la zona había descendido por debajo del nivel aceptable tras el derrumbe. Se cerró por ello el acceso norte a la corta, ya que la grieta atravesaba ese carril de acceso, y se habilitó el acceso sur. Además, el análisis de Galera recomendaba cesar la realización de sondeos en esa zona norte, acometerlos en seco (sin usar agua) en el futuro y que esos nuevos sondeos fueran previamente analizados por el equipo de Geotécnica de CLC en todo caso. Como conclusión, consideró que, pese a la grieta, la zona estaba estabilizada y por debajo de los niveles de emergencia recogidos en el Plan de Vigilancia de la mina. Y se siguió trabajando en ella hasta el 23 de enero, durante tres meses, hasta que colapsó.

El derrumbe, al juzgado

Tras el incidente, ocurrido en torno a las siete de la mañana del 23 de enero, la empresa está restaurando el área y preparando la última fase de explotación de la corta para cuando la Junta levante la prohibición de trabajar en ella. Entrega informes periódicos a la Junta y mantiene operativa la planta de tratamiento con material almacenado precisamente para casos como este. La compañía amagó con acometer un ERE temporal tras el derrumbe y ha visto como sus tres principales directivos —el último, el CEO Iain Anderson— han dejado la empresa desde inicios de año. Juan Pedro Soler es el nuevo consejero delegado, el primero español desde el arranque de la mina.

Ecologistas en Acción ha incluido el derrumbe en parte de una demanda judicial que mantiene contra la detracción de agua del acuífero ubicado bajo la corta minera al excavar una rampa subterránea. Las pesquisas sobre el derrumbe han sido enviadas a un juzgado independiente, según decidió el juez que instruye la causa por el impacto de esa rampa. La investigación sobre esta rampa es relevante ya que ese túnel forma parte del proyecto piloto para testar si la mina puede permanecer abierta trece años más una vez se agote el mineral de la corta actual. La mina seguiría explotándose con galerías, no a cielo abierto.