Cobre Las Cruces: primer CEO español en una década ante su compleja reconversión

El año 2019 se está consolidando como el más convulso en la historia de la mina Cobre Las Cruces desde que comenzó a producir cátodos de cobre hace ahora justo una década. Tras el macroderrumbe de casi 10 millones de metros cúbicos de tierra que sepultó la mayoría de la instalación a cielo abierto en enero, ahora se ha producido la dimisión del CEO que llevaba en el cargo algo más de un año, Iain Anderson, y el nombramiento de un sustituto que por primera vez tiene nacionalidad española tras los cuatro anteriores que se han sucedido en estos diez años. First Quantum, el grupo cotizado canadiense que explota el yacimiento 20 kilómetros al norte de la ciudad de Sevilla, ha apostado por Juan Pedro Soler ante el final de la vida útil de la mina actual como máximo en 2021 y la incógnita de en qué momento se pondrá en marcha el proyecto de ampliación que aportará 13 años adicionales.

Entre un proceso y otro, mientras se deja de trabajar en la corta actual y se logran todos los permisos para comenzar la explotación subterránea, habrá un periodo de parón de al menos un año que afectará a los 250 empleados en plantilla. Y a los 550 que trabajan en subcontratas. Además, el citado gran derrumbe tras colapsar la cara norte de la corta ha provocado que la producción de cobre se reduzca un tercio tanto este año como el próximo, hasta el entorno de 45.000 toneladas anuales. Una espiral de retos que la empresa norteamericana ha decidido dejar en manos de un directivo local ante lo complejo de gestionar la reconversión industrial de Las Cruces con las administraciones autonómica (consejería de Hacienda a Industria) y locales (los municipios de Gerena, donde está la sede social, Guillena y Salteras sobre los que se asientan las mil hectáreas que ocupa).

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Soler asume las riendas de la que ha sido considerada la mayor mina de cobre a cielo abierto de Europa con un vector claro: lograr que el proyecto de ampliación salga adelante. Este proyecto, denominado internamente PMR, supone que la mina dejará de ser sólo de cobre y también producirá zinc y plomo. Sobre todo zinc, que será el nuevo metal predominante como Iain Anderson explicó el pasado año durante la presentación pública de la iniciativa. Y ello será posible tras demostrarse viable técnica y económicamente una planta piloto en la que se han logrado extraer esos tres metales, frente a la planta actual diseñada para extraer sólo cobre.

Esta futura instalación industrial polimetálica exigirá una inversión de unos 400 millones. Se sumarán a los más de mil millones desembolsados en los últimos quince años para poner en marcha la mina. La duda que surgió a inicios de año, tras el derrumbe, es si este accidente iba a dejar en suspenso el proyecto PMR. En sus resultados anuales de 2018, presentados en febrero, First Quantum ratificó que el proyecto sigue adelante. Fuentes del sector minero andaluz que conocen el detalle de la evolución de Las Cruces así lo han confirmado también esta última semana.

La llegada de Soler, en cualquier caso, se produce tras las salidas de los números 1, 2 y 3 de la mina en sólo cuatro meses. Se trata del citado Iain Anderson en abril; de Enrique Delgado, director de planta (número 2) hoy director general de la mina de Riotinto y ligado como consejero al grupo minero Nueva Tharsis (Magtel); y Lorena García, directora jurídica que se incorporó al nuevo Gobierno andaluz como viceconsejera de Economía. García era quien lideraba el trabajo de obtención de las autorizaciones del proyecto PMR ante la Junta andaluza y ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Las Cruces se asienta sobre parte del acuífero Niebla-Posadas.

Todos estos movimientos se producen antes del parón de la actividad que se vislumbra dentro de año y medio como mucho. El derrumbe de enero derivó en la paralización del trabajo extractivo en la corta por seis meses, decretada por la consejería de Hacienda e Industria. En julio habrá que evaluar si los trabajos de reparación permiten la vuelta al tajo. El desplome de parte de la corta no provocó, casi de milagro, daños personales a las cinco personas que trabajaban en el fondo de la corta en ese momento. Tampoco generó impacto ambiental. Las causas del accidente siguen investigándose por parte de dos profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, pagados por Las Cruces, que fueron quienes paradójicamente aseguraron dos años antes que los taludes de la corta que colapsaron resistirían incluso un enorme terremoto.

Balance crítico de Ecologistas

Desde Ecologistas en Acción, organización que mantiene desde el inicio del proyecto de Las Cruces una enconada lucha jurídica contra lo que considera mala praxis ambiental, se cargó con dureza contra la gestión de Iain Anderson. En una nota, y en primer lugar por orden de importancia, los conservacionistas desvelan que un informe de la Junta de octubre de 2018 detectó una grieta en la zona norte de la corta, la afectada por el macroderrumbe tres meses después.

"El 25 de octubre de 2018 se notificó la presencia de una grieta que atravesaba transversalmente la pista de acceso norte principal de la corta con una dirección aproximada de 45" noroeste-sureste, en torno a la cota -5 msnm. Tras la inspección de la zona por parte del equipo de Geotecnia de Cobre Las Cruces, se detectaron leves signos de inestabilidad en el banco inmediatamente inferior a la cota donde apareció la grieta, esto es, unos 10 m por debajo de la pista”. Es la transcripción literal de parte del informe citada por Ecologistas. La organización señala que ni Anderson ni su sustituto, Soler, tomaron las medidas adecuadas ante ello y ligan el derrumbe a esa grieta.

Detallan además que en el caso que se instruye en el juzgado de instrucción 1 de Sevilla, tras la denuncia de Ecologistas por los daños de la rampa subterránea construida como parte del proyecto piloto para testar la viabilidad del proyecto PMR, la Confederación del Guadalquivir ha propuesto una sanción de un millón de euros. Según el expediente sancionador aportado al juzgado, CLC detrajo ilegalmente tres millones de metros cúbicos del acuífero al construir esa rampa. Los ecologistas recuerdan la sanción firme dictada por el Supremo en diciembre pasado por 1,2 millones también por mala gestión hídrica, así como otra sanción de 1,5 millones que está pendiente de ser ratificada por el Gobierno central.