EL GOBIERNO DA VERSIONES CONTRADICTORIAS

Un museo canario, una pyme de Aluche... el caos de la marihuana legal en España

Pocos saben que se están concediendo licencias para plantar en España, y casi nadie sabe qué condiciones debe cumplir para desarrollar su negocio

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En España hay un puñado de empresas que pueden plantar marihuana legalmente. El Gobierno, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), está concediendo licencias desde finales de 2017, normalmente con fines de investigación, si bien no parece tener claro quiénes están plantando cannabis en estos momentos.

La lista de los licenciatarios cambia cada vez que se pregunta al Ejecutivo. En octubre de 2017 la diputada María Aurora Flórez, del PSOE, fue la primera en registrar una pregunta en el Congreso (PDF), que a la postre sirvió para descubrir que se habían empezado a dar licencias. De este modo se conoció que los permisos se otorgan por el plazo de un año y que los primeros agraciados fueron cuatro empresas Alcaliber (ex Abelló), DJT Plants Spain, Phytoplant y CIJA Preservartion más una institución, la Universidad Politécnica de Valencia.

Un mes después, y a través de una nueva pregunta parlamentaria (PDF), Sanidad informó que había concedido doce licencias y no cinco como dijo, aunque se negó a detallar la lista más allá de la comunidad autónoma de procedencia de las empresas. En noviembre de 2018, y de nuevo ante la insistencia de los parlamentarios (PDF), el ministerio ofreció una explicación más concreta que, no obstante, se contradecía de nuevo con las versiones anteriores: "Hasta diciembre de 2017 la Agencia Español a de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) concedió seis autorizaciones de cultivo de 'Cannabis sativa' con fines de investigación, didácticos y educativos. Por otra parte, se informa que en el pasado mes de enero únicamente una entidad disponía de autorización —diferente de las anteriores— para el cultivo, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercio de 'Cannabis sativa' y sus productos con fines medicinales".

El Gobierno ni siquiera recoge en la web del Congreso todas las respuestas sobre la marihuana

Así, a la lista anterior se sumó la empresa Cáñamo y Fibras Naturales (Cafina) y el Parque Etnográfico Pirámides de Güimar, en Tenerife, que tiene una licencia para plantar marihuana "con fines didácticos y educativos". Este periódico se ha puesto en contacto con el museo, donde solo han indicado que disponen de un jardín botánico, pero no han respondido a ninguna otra pregunta. También ha sido autorizada la pyme de reciente creación Oils4Cure, con sede en el barrio madrileño de Aluche, especializada en la producción de aceite de cannabis para tratar la epilepsia, y Linneo Health, que al parecer ha 'heredado' la licencia de Alcaliber.

Una ley de 1967

A resultas, en estos momentos hay 20.000 hectáreas de marihuana cultivadas en España, pero pocas empresas se atreven a entrar en un negocio que, aún en su vertiente legal, se mueve entre sombras. "Cada vez que preguntamos al Gobierno sobre las licencias nos dice una cosa distinta. No se informó de que se abría la concesión de estas licencias, no sabemos qué requisitos se exigen para producir marihuana... sinceramente, creemos que la administración nos está mintiendo", dice Hugo Madera, portavoz del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis, una asociación que defiende la regulación del sector y que sostiene no tener ningún vínculo comercial con los productores.

A Abelló le dieron la licencia sin siquiera saber qué iba a hacer con ella

"No puede ser que estas licencias estén controladas por una ley de 1967, de tiempos preconstitucionales, que remiten para enjuiciar los casos a los Tribunales de Contrabando, que no existen desde hace décadas", continúa Madera. En un escenario global de apertura para con la marihuana y sus derivados, tanto a nivel terapéutico como recreacional, muchas empresas están cogiendo sitio para estar en las primeras posiciones cuando se dé el banderazo de salida: "Pero no se puede, porque no existe un reglamento que permita competir en condiciones igualitarias. Nos hemos enterado de que un grupo de empresas ya están explotando este negocio por nuestra cuenta, y hemos tenido que confirmarlo a través de parlamentarios de distintos partidos políticos. El Gobierno, por su parte, ni siquiera ha recogido muchas de estas preguntas en la página del Congreso, por motivos que no comprendemos", continúa Madera.

Foto: Pixabay
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El Observatorio sospecha que detrás del déficit de reglamentación está la intención de favorecer la entrada de multinacionales y fondos de inversión: "La licencia que en principio estaba otorgada a Alcaliber, de Juan Abelló, descubrimos después que pertenecía en realidad a Linneo Health, controlada al 60% por GHO, un fondo británico que opera desde el paraíso fiscal de Islas Caimán", denuncia Madera. "¿Y por qué hay una entrevista personal en el proceso de licenciación? Esto no se hace en ningún otro sector, y pensamos que es, simplemente, para cribar a los candidatos".

Este periódico ha consultado a la Agencia del Medicamento acerca de las licencias y los requisitos para obtenerlas, pero no ha conseguido una respuesta.

Todas las semillas tienen un origen ilegal

Jaime Resin, de 52 años, es uno de los genetistas de cannabis más reputados de Europa. Pidió una licencia para plantar una variedad de marihuana con fines terapéuticos, e incluso adjuntó un estudio clínico para avalar su candidatura, pero después de dos años optó por desistir. "Sanidad nos exigía que garantizásemos la trazabilidad legal de las semillas, pero es que no hay forma de garantizar esto, porque no se pueden comprar legalmente", dice Resin que proporciona de variedades genéticas a Uruguay, uno de países pioneros en la legalización de la marihuana. "Básicamente nadie puede en España garantizar esta trazabilidad, porque todas las cepas genéticas proceden de otras variedades que llegaron de forma ilegal", dice Resin.

La ONU acaba de recomendar que se rebaje el control de la marihuana para favorecer su estudio

El genetista sostiene que ni siquiera las grandes empresas biogenéticas tienen acceso a semillas legales: "Lo que pasa es que con ellos los criterios son distintos. Con Alcaliber, de hecho, cuando nos denegaron la licencia, la gente de Juan Abelló se puso en contacto con nosotros para incorporar nuestro estudio clínico y nuestro proyecto a su licencia, porque no tienen ni idea de moverse en el mercado de la marihuana. Ellos se dedican a los opiáceos, que es un sector completamente distinto", explica Resin.

España tiene una relación peculiar con la marihuana. Posee una de las leyes más restrictivas con el estupefaciente, ya que básicamente solo permite su consumo dentro de casa y siempre que provenga del autocultivo. Esto es en la teoría; en la práctica abundan los clubes canábicos en las principales ciudades y las autoridades miran sistemáticamente para otro lado cuando alguien fuma en espacios públicos. Esta situación podría cambiar en los próximos meses, ya que la ONU ha recomendado que se rebaje el control de la marihuana en favor de un estudio científico que explore sus posibilidades terapéuticas. Si esto llegase a suceder, y todo indica que así será, varios países podrían seguir a Uruguay, Canadá o varios estados de Estados Unidos en la explosión del negocio del oro verde.

"La administración tiene la obligación de establecer un procedimiento administrativo debidamente delimitado para que las empresas puedan desarrollar sus proyectos, en igualdad de condiciones y dentro de un margen que aporte la transparencia y la seguridad jurídica necesarias", claman desde el Observatorio de la Marihuana.

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