Los vips de Madrid demandan a Cataluña por 400 millones por la pérdida de las VTC

La Generalitat de Cataluña aprobó este miércoles la nueva regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), lo que provocó las primeras decisiones traumáticas por parte de las plataformas que hasta ayer operaban en Barcelona, Uber y Cabify. La siguiente medida va a ser la presentación de demandas mercantiles contra la Administración catalana por la pérdida del negocio por parte de los dueños de las licencias. Entre otros, por Moove Cars, la compañía participada por el fondo de inversión King Street y los empresarios madrileños Jaime Castellanos, Jon Riberas y Pedro del Corrro, mano derecha de Juan Abelló.

Según han confirmado fuentes próximas al caso, Moove Cars ha contratado los servicios de la firma internacional de abogados Clifford Chance para elaborar la reclamación judicial contra la Generalitat por el cambio de la regulación del sector del transporte. Según los cálculos iniciales, Moove Cars va a pedir una compensación de 400 millones de euros al Gobierno dirigido actualmente por Quim Torra por la pérdida de los ingresos que ha supuesto la retirada de Uber, la plataforma para la que ellos trabajaban.

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En consecuencia, será la segunda mayor demanda contra la Administración regional después de la que interpuso Acciona por la ruptura del contrato de la gestión de Aguas del Alto Ter-Llobregat (ATTL). La multinacional de la familia Entrecanales le ha exigido 1.000 millones de euros, 305 de los cuales son por la ruptura del contrato y los 769 restantes por daños y perjuicios. Como precedente de lo que le puede pasar a Moove Cars, la Generalitat se ha negado a compensarla e incluso le ha exigido un pago de 38,4 millones a Acciona.

La compañía de VTC nació en 2016 con apenas 10 licencias, pero posteriormente fue comprando empresas pequeñas que ya tenían concedidas estas autorizaciones hasta sumar unas 800. La mayoría estaban repartidas entre Madrid y Barcelona. En ese momento, los principales accionistas de Moove Cars eran Jon Riberas, presidente del grupo siderúrgico Gonvarri; Pedro del Corro y Alvaro Garteiz, hombres de confianza de Juan Abelló y que invierten a título individual, y Jaime Castellanos, presidente del banco de inversión Lazard en España y ex primer ejecutivo del grupo editorial Recoletos ('Expansión', 'Marca' y 'El Mundo').

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Posteriormente, al capital se sumó el fondo de inversión King Street, que aportó los 140 millones de euros que permitieron la adquisición de Ares Capital, propiedad de Juan Ortigüela y dueña de 4.000 licencias. La fusión dio lugar al grupo actual, que ya dispone de casi 5.000 VTC y del que el fondo de ‘private equity’ tiene el 70% del capital. La inversión total realizada hasta la fecha por los socios asciende a 200 millones de euros, cantidad que ha sido aportada en metálico y sin recurrir a deuda bancaria.

Gracias a esta estructura limpia de financiación, la pérdida del negocio en Cataluña, cerca del 25% de las licencias actuales, no va suponer la quiebra de Moove Cars. Desenlace que hubiera sido lo normal en el caso de que la sociedad estuviera apalancada con deuda aportada por entidades financieras. Pero la compañía, que hoy anunciará el despido de sus 760 conductores en la región, al suspender Uber su actividad, ha decidido reclamar por vía judicial la pérdida del valor de sus licencias. Los cálculos realizados por 20 años de actividad, aplicando las habituales tasas de descuentos de estos modelos de valoración, concluyen en pedir una indemnización de 400 millones.

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La consultora EY ha estimado en un informe encargado por la patronal Unauto las consecuencias que va a tener la nueva regulación. En concreto, 3.500 empleos perdidos, 4.000 millones de euros de posible indemnización en toda España a las empresas dueñas de las licencias VTC y más de 1.100 millones en Cataluña. Es la suma de las pérdidas y el dinero que dejarán de ganar más de 20 empresarios que han apostado fuerte por el 'boom' de Uber y Cabify. Moove Cars ya ha decidido dar el primer paso y reclamar 400 de esos 1.100 millones estimados por EY.