Arranca la batalla judicial de las VTC contra el decreto de la Generalitat

Los despachos de abogados engrasan la artillería legal. Este martes, la Generalitat de Cataluña aprobó el decreto ley que regula los servicios que pueden ofrecer los conductores VTC y que establece tres limitaciones: prohibición de la geolocalización, precontratación con 15 minutos de antelación e imposibilidad de captar clientes 'sobre la marcha'.

El decreto ley, que los conductores afectados tachan de "perverso", abre la puerta a una oleada de indemnizaciones a los dueños de las licencias VTC, tal y como explican a este diario Pedro Rodero, Adolfo Menéndez y Pedro Rubio, socios de Ontier, despacho de abogados que asesora a un operador con alrededor de 3.000 licencias. "Este cambio supone un gravísimo perjuicio económico para ellos", añade Rodero, socio director de la firma y principal responsable de este asunto.

Los letrados, que asesoran a este sector de forma recurrente, explican que Cataluña ha podido regular el servicio de las VTC tras la aprobación el pasado año del real decreto que traslada estas competencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos. En la práctica, esto supone que en España podrían desarrollarse más de una decena de normativas distintas en función de cada comunidad.

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Ya entonces, los abogados recuerdan que empresas con licencias VTC emprendieron acciones legales para reclamar indemnizaciones por una norma que tachan de inconstitucional y contraria a la libre competencia. Además de la transferencia de potestad, se estableció un periodo de transición de cuatro años (prorrogable a otros dos) para que las VTC se adapten a la normativa local. Una vez termine esa fase, solo podrán realizar trayectos interurbanos.

A falta de conocer la letra pequeña del decreto, los abogados dan por hecho que en breve se empezará a estudiar la puesta en marcha de una nueva batería de reclamaciones por daños y perjuicios. De hecho, ya hay empresas afectadas que durante los últimos días han pedido asesoramiento sobre qué pasos dar.

A este respecto, Josep Maria Goñi, presidente de Unauto VTC Catalunya, avanzó este martes que los conductores ya estudian presentar querellas contra el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tras la aprobación del decreto. El pasado diciembre, la patronal de las VTC, Unauto, ya advirtió de que las autonomías y ayuntamientos se enfrentarían a reclamaciones por valor de 4.000 millones de euros en el caso de que optasen por regular este servicio. Como ocurre con el decreto de la Generalitat, existen dudas sobre la constitucionalidad de la normativa y su compatibilidad en materia de competencia. Ahora, Unauto también advierte de que este decreto supondrá el cierre de empresas y el despido de unas 4.000 personas.