Berkeley contempla un arbitraje contra España ante el bloqueo a su mina de uranio

Berkeley Energía, la minera que pretende explotar los yacimientos de uranio en Retortillo (Salamanca), ha contactado con varios despachos de abogados de reconocido prestigio y sus expertos en 'litigation' y arbitrajes. Según fuentes del sector, están solicitando asesoramiento legal de cara a valorar qué opciones tienen en vía judicial de desbloquear la obtención de los permisos que aún no han recibido de la Administración española.

Estos encuentros se produjeron hace pocos días en Madrid y se desarrollaron justo después de que los directivos de Berkeley Energía visitaran a responsables gubernamentales competentes en el desarrollo de su mina.

Las consultas jurídicas, aún muy preliminares, versaron, entre otras cosas, sobre las posibilidades que alberga la compañía dirigida por Paul Atherley de salir airosa en un contencioso y en qué situación podría lograr vencer en un arbitraje, dada la incertidumbre instalada entre los inversores y la compañía.

Fuentes oficiales de la compañía confirman estos encuentros y señalan que se trata de asesoramiento legal dentro de la actividad normal de la empresa. Un negocio que ya advirtió en su prospecto de salida a bolsa en junio de este año de que su principal riesgo era político, en la medida en que su actividad está vinculada al 100% a los permisos administrativos para poder operar, y sin los cuales no podrá extraer el uranio de la mina atómica salmantina.

Posibles defectos

"No se puede predecir la forma en que las leyes y disposiciones existentes pudieran ser interpretadas por los organismos responsables de su aplicación o en el marco de cualquier resolución judicial, ni la posible adopción de nuevas leyes y disposiciones legislativas, ni el efecto que tales modificaciones pudiera tener en el negocio o la situación financiera de Berkeley", advertía al dar el salto al parqué español, y añadía: "No es posible garantizar que los derechos de la sociedad sobre sus activos no adolezcan de algún defecto".

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Berkeley Energía ha decidido mover ficha solo una semanas después de que la compañía se hundiera completamente en bolsa. El derrumbe bursátil tuvo lugar tras conocerse que el Gobierno no autorizaría el desarrollo de la mina, según publicó la agencia Reuters citando una fuente gubernamental. Posteriormente, el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, declinó hacer comentarios, pero señaló que esperaría a que se cerraran los procesos en marcha.

La propia Berkeley aseguró no tener notificación oficial en ningún sentido y posteriormente informó al mercado de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no había hecho aseveración alguna en ese sentido.

Pese a ello, tras filtrarse la negativa del Gobierno a facilitar los permisos, las acciones de la compañía se derrumbaron completamente, con caídas que rondaron el entorno del 40%. La firma, que listó parte de sus acciones en la bolsa española este verano, apenas capitaliza 38 millones de euros —cuando este verano llegó a estar valorada en 845 millones—. Un derrumbe completamente ligado a los permisos, dado que el precio del uranio se encuentra en plena escalada. La compañía cotiza en las bolsas de Londres y de Australia al nivel más bajo desde hace más de tres años.

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La firma lleva trabajando en la mina de uranio de Retortillo desde hace 10 años y se estima que ha invertido en este periodo 70 millones de euros. El proyecto divide a la población local salmantina entre los que creen que es una amenaza medioambiental y los que ven una oportunidad de empleo. El Gobierno del PP de Castilla y León mantiene una actitud positiva a favor de la mina.

Sin embargo, la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha supuesto un giro de expectativas para los planes de la compañía. El principal socio del Gobierno, Unidos Podemos, planteó al Ejecutivo esta primavera que se paralizara el proyecto.

Cristina Narbona, presidenta del PSOE y exconsejera del CSN, dijo en 2015 que la mina de uranio de Salamanca le "repugnaba"

Todo un peso pesado en el actual Gobierno, como la exconsejera del CSN y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declarada repetidas veces como antinuclear, dijo en 2015 que la mina de uranio le "repugnaba". Berkeley necesita el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear para poder iniciar la explotación de la mina, que tenía previsto arrancar a finales del año que viene.

La situación política

Precisamente la situación interna del CSN puede suponer un problema, sobre todo de plazos, ya que de darse un cambio de consejeros y presidente, previsto para finales de 2018 y principios de 2019, este puede provocar que la obtención de permisos se retrase. De hecho, Podemos puede tener la clave de las decisiones si el PP pierde un consejero de los tres que mantiene y va para el partido morado. La actual arquitectura parlamentaria apunta a esa situación.

Por el momento, se tiene que dilucidar si Portugal estaría afectado por la extracción de uranio de la mina de Retortillo. De darse ese escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá mucho más que decir sobre los permisos. Siempre, claro está, que se mantenga el actual Ejecutivo.