El Pozo apela a la confianza de las familias medio año después del escándalo porcino

“Una buena familia comienza con un buen ejemplo, porque las familias se construyen a base de confianza. En la nuestra, todo lo que hacemos es para merecer la tuya”. El Pozo intenta restaurar su imagen seis meses después del escándalo con los cerdos en una granja proveedora en Murcia. El recinto albergaba animales vivos con malformaciones y tumores, como mostró la secuencia emitida por el programa 'Salvados' (La Sexta).

Aquel reportaje-denuncia supuso un duro golpe para el Grupo Fuertes, uno de los ‘holdings’ de alimentación más importantes de España. La compañía estrena nueva campaña publicitaria para “agradecer la confianza a sus consumidores”, pese a que más de uno la perdió aquella noche de febrero.

Lo hace con varios ‘spots’ para televisión, cine, internet y radio donde destaca que El Pozo sigue presente en ocho de cada diez hogares españoles y más de ochenta países. Ninguna cadena de supermercados nacional dio la espalda a la empresa cárnica tras la polémica, a diferencia de los belgas Colruyt y Delhaize y el alemán Rewe. Los tres retiraron los productos de esta marca y rompieron el contrato a raíz de las acusaciones sobre maltrato animal.

El Pozo se compromete a "mejorar el entorno en el que desarrolla su actividad" con un plan de RSC

La confianza es la base del mensaje transmitido por el Grupo Fuertes, quien se define como “uno más de la familia”. También avanza actuaciones de ámbito social, medioambiental o económico, orientadas a “mejorar el entorno en el que desarrolla su actividad” y enmarcadas en su plan de RSC. La primera de ellas fue dejar de trabajar con la granja afectada (de los Hermanos Carrasco), pese a que Tomás Fuertes aseguró en varias entrevistas que las imágenes se corresponden a un lazareto donde se aparta a los ejemplares enfermos para su recuperación o sacrificio.

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“Esos animales jamás entran en la cadena de alimentación (…) Además, los estándares de bienestar animal en nuestras instalaciones son altísimos”, declaró el presidente de la compañía al diario murciano ‘La Verdad’ no sin antes insinuar que los animalistas pretenden que los ganaderos “laven los dientes a los cerdos todos los días”.

Más allá de la grave crisis de imagen, queda por ver si ese episodio repercutió en sus ingresos, algo que no se sabrá hasta que el grupo presente los resultados correspondientes a 2018. Tomás Fuertes lo niega al asegurar que las ventas se dispararon un 6% en febrero, mes en el que se emitió el reportaje de Jordi Évole. La matriz de El Pozo ganó 61,9 millones de euros en 2017, un 11% menos respecto al año anterior. En términos de ventas, facturó 1.128,8 millones de euros (+8,3%).

Lo que sí se sabe es que El Pozo sigue estando entre las tres marcas preferidas por los españoles, seguida de Coca-Cola (76,1%) y Campofrío (74%). Son datos del informe ‘Brand Foodprint 2018’, elaborado por la consultora Kantar Worldpanel. El 78,5% de los hogares nacionales metió esta marca en su cesta de la compra. Entre las diez enseñas más populares destacan Central Lechera Asturiana, Gallo, Don Simón, Danone, Pescanova o Bimbo.

El fabricante de productos cárnicos aprovecha la campaña para situar la innovación, el esfuerzo, el compromiso, la alimentación equilibrada, la generación de empleo, la trazabilidad o la seguridad alimentaria entre sus principales valores. Cuenta con más de 4.600 empleados en una de las industrias más potentes en términos de PIB (3%) pero más precarizadas.

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Solo seis de cada 100 contratos son indefinidos en la industria alimentaria española, o así lo afirma CCOO. La otra lacra que contamina este sector se llama ‘falsos autónomos’, un fenómeno demasiado extendido que deja sin vacaciones, permisos remunerados, representación sindical o derechos laborales a muchos trabajadores.

Los sindicatos señalan entre otros a la segunda productora de pollo (Uvesa), proveedora de supermercados como Mercadona o DIA, o a Avícola de Lleida (grupo Vall Companys), con grandes clientes como McDonald’s o KFC. De hecho, los inspectores de trabajo han puesto el foco en las empresas vinculadas a la cooperativa catalana Servicarne para erradicar este fraude.