"La MiFID II beneficiará al inversor por la transparencia y la guerra de precios"

Después de los gastos, las adaptaciones, las horas eternas de los departamentos jurídicos y de 'compliance' y la formación generalizada a los empleados de banca, por fin la directiva europea de inversiones MiFID II está aquí. Y diferentes especialistas del mundo financiero que han participado en un mesa redonda organizada por El Confidencial en colaboración con M&G y Schroders coinciden en que va a cumplir el objetivo para el que la UE la redactó: beneficiar a los inversores y protegerlos de abusos y conflictos de interés. Los grandes avances que destacan son la transparencia sobre lo que les cobran por gestionar su dinero y la guerra de precios entre entidades que presumiblemente va a provocar.

Ignacio Rodríguez Añino, 'country head' de la gestora de fondos M&G, explica que "la ventaja de la normativa MiFID es que pone al cliente en el centro de la actividad financiera. Ahora somos mucho más transparentes acerca del coste, el cliente se ha sofisticado, conoce mucho mejor qué productos encajan o no encajan con sus necesidades financieras y, además, a nosotros como gestora nos ha hecho bajar los costes, lo cual al final redunda también en beneficio del cliente".

La tesis detrás de estas palabras es que la transparencia de los costes —bancos y firmas independientes tendrán que informar con detalle y en euros de todos los costes que cobran al cliente, incluyendo los ocultos— seguramente escandalizará a muchos clientes. Y eso va a obligar a todas las entidades a bajar esas tarifas, lo cual será un gran beneficio derivado de la MiFID II. Pero, además, esto seguramente dará pie a una guerra de precios en el sector.

"MiFID 2 supone una ventaja para los inversores seguro, en términos de transparencia, de servicio y de producto. En términos de producto, precisamente por la transparencia, va a haber probablemente una guerra de precios y se van a estrechar los márgenes en algunas tipologías de producto como la gestión discrecional de carteras, o simplemente por una mayor competencia en los fondos", sostiene Jorge Ferrer, socio del bufete especializado en regulación financiera finReg 360.

Democratizar el asesoramiento

Pero los beneficios no se limitarán a esta rebaja de tarifas. También va a obligar a las entidades a "mejorar el nivel de servicio y de calidad, y evitar el cobro de retrocesiones". Todo ello va a permitir el acceso al asesoramiento financiero de muchos clientes que hasta ahora no podían permitírselo, lo que Carla Bergareche, directora general de la gestora de fondos Schroders en España y Portugal, llama "democratizar el asesoramiento".

"Una de las grandes ventajas, en mi opinión, para el inversor final de la nueva normativa es que las entidades han segmentado mucho más sus tipos de clientes. Y dentro de eso se va a democratizar el asesoramiento: se va a asesorar mucho más y, sobre todo, se va a asesorar a inversores de menor patrimonio. Luego el servicio que se le ofrezca a ese cliente va a estar mucho más personalizado", afirma Bergareche.

Jorge Gordo, director de banca privada de BBVA, añade que esa democratización se va a traducir en una diferenciación de servicios: "Una de las cosas a las que nos ha ayudado a los bancos es a ordenar todos los modelos de servicio que ofrecemos a los clientes, desde la gestión discrecional hasta el asesoramiento no independiente e incluso la propia ejecución: el cliente pone una orden y la ejecutamos. A cada uno de esos modelos le hemos añadido un precio y le hemos puesto unos servicios, y el cliente puede elegir en qué modelo de servicio quiere estar, y asumir el coste que tiene cada uno de los servicios".

Asesoramiento sí, pero no independiente

La MiFID II obliga a las entidades a distinguir entre asesoramiento y comercialización, y a dividir el asesoramiento entre independiente y dependiente. El primero debe cobrar directamente al cliente una tarifa y eso le garantiza que está libre de conflictos de interés (no le va a recomendar productos que le paguen una comisión). Pero este modelo seguramente va a estar solo al alcance de los altos patrimonios. Los clientes con rentas más bajas recibirán "asesoramiento dependiente", ofrecido normalmente por su banco, que va a seguir cobrando comisiones de los fondos que coloque (retrocesiones), con lo cual seguirá recomendando los de la casa o lo que más margen le dejen.

Ahora bien, al menos el asesor está obligado a recibir una formación específica. Sergio Míguez, director de relaciones institucionales de EFPA, asegura: "MiFID II va a poner en valor el asesoramiento. Los modelos de asesoramiento se van a extender en el mercado y necesariamente el asesor, que va a tener que estar debidamente formado y, según nuestro criterio, certificado, va a tener que demostrar que demuestra valor al cliente, puesto que el cliente va a tener mucha más transparencia en relación con los costes que está soportando por el servicio, sean estos pagados de manera implícita, mediante retrocesiones, o sean pagados mediante un pago explícito. Por lo tanto, es muy importante que el asesor eduque debidamente al cliente y le informe sobre cuál es el valor que le está aportando por la prestación de su servicio".