Las autopistas quebradas generarán un agujero de 1.000 M en el déficit este año
Fomento prevé conseguir entre 700-1.000 millones con la licitación de estas vías, apenas la mitad de los 2.000 millones en que el Estado cifra la RPA en el Plan Presupuestario de 2018
El Ministerio de Fomento ya ha hecho los cálculos sobre cuánto dinero prevé conseguir con la venta de las autopistas en quiebra, un amplio abanico de carreteras formado por las radiales R2, R3, R5 y R4, la M-12, la AP-36, la AP-41, Aucosta y Ciralsa, que el Estado prevé adjudicar este mismo año por un mínimo de 700 millones y un máximo de 1.000 millones y por un periodo de concesión de hasta 25 años.
Según los cálculos realizados por el equipo de Íñigo de la Serna, esta cifra se conseguirá tras tomar la decisión de vender todas estas carreteras en dos lotes: uno formado por la circunvalación de Alicante y Cartagena Vera; y otro con las radiales más la AP-36, M-12 y AP-41. Si nada se tuerce, el objetivo del Gobierno es sacarlas a mediados de año para tenerlas adjudicadas en diciembre, y de este modo lograr que el impacto en déficit del rescate de estas carreteras se ciña a este ejercicio.
Conforme estas concesionarias vayan pasando al paraguas de Seittsa, empresa pública del Grupo Fomento, se abrirá un plazo de seis meses para determinar la RPA —responsabilidad patrimonial del Estado—, cheque que Fomento declina cuantificar exactamente cuál será, aunque se da por hecho que la cuenta final, una vez descontado el dinero que se logre con la venta en lotes de las carreteras, será negativa para las arcas públicas.
En el Plan Presupuestario de 2018 enviado a Bruselas, el Estado cifra en 2.000 millones el coste del rescate de las autopistas. Si se toma esta cifra como referencia, aunque logren adjudicarse por el máximo previsto de 1.000 millones, la historia de estas carreteras terminará saldándose con un roto de 1.000 millones para las arcas públicas. Y eso a pesar de que el Estado empezará a calcular la RPA cuando estas concesiones vayan pasando al paraguas de Seittsa, lo que le evita tener que reconocer el agujero de los últimos años.
El objetivo del Ejecutivo, al concentrar en un mismo año la reversión de las concesiones y su venta, es hacer ver a Bruselas que se trata de un déficit extraordinario y que, por tanto, debe dejarse fuera del cálculo de la senda de cumplimiento de déficit de España.
Actualmente, solo la R4 tiene el plan de liquidación aprobado y en marcha el protocolo de transmisión de activos, lo que hace confiar al Gobierno en que, para primeros de febrero, esté ya bajo el paraguas de Seittsa. En las R2, M-12, AP-36, Aucosta, Ciralsa R3/R5 todavía no se ha producido la aprobación de los planes de liquidación, pero Fomento confía en que sea a principios de marzo; mientras que la AP-41 está todavía en fase de concurso y sin entrar en fase de liquidación.
Esta foto demuestra que las expectativas que tenía Fomento el año pasado, cuando tomó la decisión de que Seittsa tomara las riendas de estas autopistas conforme fueran revertiendo al Estado, fueron demasiado optimistas, ya que entonces el ministerio confiaba en que todas ellas, salvo la AP-41, estuvieran ya en manos públicas el 1 de enero de este año.
Seittsa se subrogará los contratos de los 700 trabajadores que suman estas nueve autopistas, plantilla que también deberán asumir los ganadores de la futura licitación, un concurso cuya principal carta de presentación será la mejora de los tráficos de estas carreteras, que cerraron 2017 con un crecimiento medio del tráfico diario (IMD) del 8,6%, cifra que se suma al crecimiento del 7,6% del año anterior y del 5,2% de 2015. La AP-41 es la carrera que mayor incremento ha registrado (16,6%), mientras que Ciralsa, con un 6%, es la que menos.
El Ministerio de Fomento ya ha hecho los cálculos sobre cuánto dinero prevé conseguir con la venta de las autopistas en quiebra, un amplio abanico de carreteras formado por las radiales R2, R3, R5 y R4, la M-12, la AP-36, la AP-41, Aucosta y Ciralsa, que el Estado prevé adjudicar este mismo año por un mínimo de 700 millones y un máximo de 1.000 millones y por un periodo de concesión de hasta 25 años.