Esta autopista (AP-41) es una ruina… ¿por culpa del Estado?

El futuro de la autopista de peaje AP-41 que une a Madrid y Toledo descansa en el Tribunal Supremo. El próximo mes de mayo, la máxima instancia judicial tendrá que pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado en la inviabilidad económica de este proyecto de infraestructuras y decidir si debe asumir la modificación del contrato concesional de dicha autopista que permita un nuevo marco económico-financiero.

Pese a su corto periodo de vida (2007), a la autopista gestionada por la concesionaria Ceasa, sociedad compuesta por las constructoras Isolux, Comsa, Azvi, Sando y el Banco Espirito Santo, no le salen las cuentas desde hace más de tres años. Y el desfase es bastante grueso. De los 17.000 vehículos que se imaginaron para esta vía, sólo hay un total de 1.365 usuarios que gasten su trazado, lo que representa un tráfico del 89% inferior al previsto.

Por este motivo, las pérdidas operativas desde su funcionamiento superan los 34 millones de euros. A este ritmo, recuperar la inversión de 400 millones de euros empleada para la construcción de la AP-41 parece más que una quimera. Hasta la fecha, el negocio de peaje entre Madrid y Toledo no da ni para cubrir los intereses de la deuda y han tenido que ser los accionistas de la concesionaria quienes corran con los gastos.

El ejemplo de la AP-41 podría ser un caso más entre las radiales de acceso/salida a Madrid. La crisis ha echado al traste las previsiones de flujo de coches para estas vías. Sin embargo, el trazado que une la capital de España con Toledo encierra algunas particularidades que pueden convertir su causa en el Supremo en un precedente muy importante para el futuro de otras infraestructuras.

Más allá de la crisis, las constructoras que han llevado el caso de la AP-41 al Supremo argumentan en su demanda que la Administración ha sido parte necesaria y responsable en la ruinosa explotación de la autopista. En primer lugar, por la competencia de la autovía gratuita inaugurada por la Comunidad de Madrid en mayo de 2007, que circula en paralelo a la de pago entre Fuenlabrada y Griñón.

El remate a la viabilidad de la AP-41 llegó con la paralización del proyecto de autopista hasta Córdoba planificado por el ministerio de Fomento, que había sido concebido como trazado alternativo a las principales arterias para llegar al Sur que arrancan desde Madrid, como son las autovías A4 y A5, y que además de ahorrar hasta 70 kilómetros habría evitado el paso por el sinuoso trazado de Despeñaperros.

Desde que en 2009 se iniciara el proceso judicial, las conversaciones entre la concesionaria y Fomento han sido infructuosas. Fundamentalmente por las resistencias que el propio ministerio ha encontrado dentro de la Administración, en concreto de la cartera de Economía y Hacienda, que se ha mostrado totalmente reacia a que el agujero de la AP-41 engorde el agujero del déficit público, aún más grande.

La esperanza de los demandantes es que el Supremo sea sensible a sus argumentos y obligue al Estado a modificar el contrato confesional. De ser así, las constructoras estarían satisfechas tanto si la Administración adquiriera el activo como si la autopista pasara a la modalidad de peaje en sombra, donde también paga el dinero público. Otra solución distinta obligaría a los actuales propietarios a declararse en concurso de acreedores.