Fomento negocia dejar la AP-41 fuera del plan de rescate de las autopistas en quiebra

La futura sociedad de autopistas que prevé crear el Ministerio de Fomento con las concesionarias en quiebra puede sufrir todavía importantes variaciones. Aunque la intención inicial de la cartera dirigida por Íñigo de la Serna es unificar bajo el paraguas de la empresa pública Seittsa todas las vías de peaje en quiebra (R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-36, Ciralsa, Aucosta y AP-41), todavía está abierto a dejar fuera alguna de estas carreteras.

Y la que más opciones tiene es la autopista Madrid-Toledo (AP-41), cuyos accionistas han aprobado ya un convenio que, según fuentes implicadas en las conversaciones, el Ministerio estaría dispuesto a firmar y, con ello, daría vía libre a la contiudad de este peaje en manos de su actual concesionaria.

Detras de este peaje están las constructoras Comsa, Isolux, Sando, Azvi y el Banco Espirito Santo, que desde hace meses están negociando con Fomento su respaldo al convenio acordado, negociaciones que parecen haber dado frutos y logrado acercar posturas, según las mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que esta autopista lleva ligada una importante RPA (Responsabilidad Patrimonial de la Administración), que el Gobierno debería pagar a los fondos acreedores si finalmente fuera a liquidación, y unos tráficos poco atractivos de cara a la futura concesionaria que se creará con todos los peajes en quiebra.

En concreto, la RPA podría alcanzar los 380 millones de euros, mientras que las cifras de intensidad media de tráfico (IMD) de esta carretera son menos de una tercera parte de las cosechadas hace una década, al haber cerrado el pasado ejercicio con una IMD de 881 vehículos, frente a los 2.861 pasados.

Con estas cartas sobre la mesa, y teniendo en cuenta que el interés actual del Ejecutivo pasa por minorar la RPA y crear una nueva concesionaria lo más atractiva posible, resulta comprensible la disposición de Fomento a dejar fuera del plan de rescate global esta carretera.

El viernes pasado, el Consejo de Ministros dio luz verde al convenio firmado por Seittsa para permitir que esta empresa pública vaya haciéndose cargo de las autopistas en quiebra que vayan revertiendo al Estado y organice su venta otra vez a privados.

Fomento estima que el grueso de estas carreteras revertirá al Estado en el primer cuatrimestre del próximo año, mientras que en la recta final del mismo ejercicio cerrará su venta, logrando así unos ingresos que permitirán rebajar el impacto en el déficit del rescate de estos peajes.

Las dos carreteras más importante para que la futura concesionaria que creará Seittsa son las radiales R-3 y R-5, según los cálculos del propio Ministerio, ya que serán las que más ingresos aporten a los 100 millones de euros en que se estima la cifra de negocio de la nueva concesionaria, mientras que la AP-41 apenas tendría peso en esta línea de la cuenta de resultados.

Tanto la R-3/R-5 como la R-2 se encuentran todavía en fase de convenio, y en el caso de la segunda, sus accionistas también llevan tiempo negociando con Fomento. En este caso, a diferencia de lo que ocurre en la AP-41, apenas hay reconocida RPA, y sus cifras de tráfico, con una IMD de 5.000 vehículos, representan ya la mitad de las alcanzadas en los mejores años, lo que hace que para el Gobierno pueda resultar más interesante dejarla ir a liquidación.