Lo que se esconde tras la AP-6: el Gobierno tiene pendiente compensar a Abertis en 2019

La tensa disputa que se ha generado entre el Ministerio de Fomento y el concesionario de la AP-6 tras el colapso del pasado fin de semana viene larvada por desavenencias del pasado. La asunción de responsabilidades por los tres milllares de vehículos que se quedaron tirados durante más de 16 horas en la madrugada de la noche de Reyes ha provocado un conflicto con reproches cruzados entre los actores implicados.

El Ministerio de Fomento ha señalado directamente a la compañía concesionaria Iberpistas, filial de Abertis. El ramo dirigido por Íñigo de la Serna ha decidido un abrir expediente informativo que, llegado el caso, podría convertirse en sanción para la firma que se encuentra en pleno proceso de venta por parte de su principal accionista, la Fundación Bancaria La Caixa.

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Jesús Escudero

Situaciones similares como la anterior se saldaron sin multas para las concesionarias, pero a diferencia de los casos precedentes, la AP-6 cuenta con una historia de lucha con la Administración, que aún no ha terminado. De hecho, el Gobierno tiene pendiente compensar a Abertis por la AP-6. Esta es la historia:

La AP-6 es la autopista de peaje que discurre entre Collado Villalba (Madrid) y Adanero (Ávila). La concesión se remonta a 1968 y tenía una duración de 50 años. El concesionario Iberpistas fue adquirido por Abertis en 2002. Paralelamente, en 1999 la propia Iberpistas creó una filial llamada Castellana de Autopistas que logró hacerse con la concesión de la AP-6 para el periodo posterior a 2018, año en que finalizaban los 50 años por los que Iberpistas podía explotar la carretera.

Esta nueva concesión incluía, además de la explotación y mantenimiento de la AP-6 desde 2018, la explotación, mantenimiento y construcción de la AP-61 y la AP-51, administradas por Castellana de Autopistas desde el 99. Se trata de dos ramales que parten de la propia AP-6 y conectan con Segovia y Ávila, respectivamente.

En el año 2007, la Comisión Europea planteó un recurso contra el Reino de España por incumplimiento de algunos puntos de la directiva de contratación pública que impera en el espacio comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en 2010 y estimó parcialmente el recurso de Bruselas. En el fallo señala que incumplió porque en la adjudicación se incluyeron obras que no especificaron en el pliego de condiciones.

En concreto, el TJUE se refiere a la construcción de un tercer carril de circulación por sentido en el tramo de peaje de la autopista A-6 situado entre la localidad de Villalba y la conexión del Valle de los Caídos, la construcción de un tercer carril reversible en el tramo de peaje de la autopista A-6 situado entre el enlace del Valle de los Caídos y la ciudad de San Rafael, incluida la construcción de un nuevo túnel, y la construcción de un cuarto carril de circulación por sentido en el tramo gratuito de la autopista A-6 situado entre las ciudades de Madrid y Villalba.

Estas obras fueron modificadas por tramos que no son de pago. Sin embargo, la Administración ya reconoció el pago de los mismos en un real decreto de 2011 por 120 millones de euros (90 millones por las obras extra más el IVA y 29 millones por los intereses de demora) con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esto se articuló con una prorroga de tarifas de los peajes hasta llegar al sobrecoste reconocido. Sin embargo, quedaba pendiente resolver la sentencia del TJUE.

Para cumplir con la sentencia del TJUE, Fomento decidió reducir la concesión a Iberpistas (Abertis) en 7 años, periodo por el que tendrá que resarcirla

Para cumplir con dicha sentencia comunitaria, el Gobierno decidió rebajar la concesión en siete años. Esta llegaba como mínimo a 2032 hasta como máximo 2036, en función del tráfico registrado. La duración definitiva se debe decidir en 2019. Dependerá del tráfico registrado y una serie de variables que se utilizan en los modelos concesionales. A mayor tráfico, mayores ingresos ,y por tanto, la concesión dura menos porque se entiende ya amortizada. A menor tráfico, mayor duración. Fuentes del Ministerio de Fomento aseguran que la concesión expira en 2029, año que viene de restar siete años de 2036, el plazo máximo.

Sin embargo, la sentencia del TJUE fue contra el Reino de España, por lo que la Administración tiene que indemnizar a Iberpistas (Abertis) por ese recorte de siete años con el que pretendía acatar la sentencia. Esto se reconoció en un real decreto de 2012. En el mismo, el Gobierno explica que, "una vez fijado el periodo concesional, podrá ya prever motivadamente los efectos de la reducción de plazo, y a la vista de dicha previsión y a los efectos de compensar adecuadamente a la sociedad concesionaria por la reducción en siete años del plazo concesional actual, procederá a efectuar la valoración de los daños y perjuicios que tal reducción ocasione al concesionario y establecerá el mecanismo que sea más adecuado para su compensación". Además, el Gobierno tendrá que relicitar la concesión para los siete años que quitará a la filial de Abertis.

Así que mientras se sustancia el expediente contra Abertis por el colapso de la AP-6 en la noche de Reyes, el Gobierno deberá ir pensando cómo compensa a la concesionaria por siete años menos de lo que se firmó. Un asunto del que seguro estarán atentos los italianos de Atlantia y Florentino Pérez, rivales por hacerse con la compañía controlada ahora por La Caixa.