Interior elegirá por vía de urgencia entre Indra y Scytl para contar los votos del 21-D

La precipitada convocatoria de las elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 21 de diciembre ha dejado al propio Gobierno sin tiempo necesario para llevar a cabo el habitual concurso público, trámite habitual para elegir a la empresa encargada de elaborar el recuento de votos. Según han confirmado fuentes próximas al proceso, la Generalitat (dirigida desde La Moncloa) ha puesto en marcha un proceso directo y sin publicidad con tres compañías para elegir a uno de los candidatos.

Al contrario de como se suele proceder, cuando el Ministerio del Interior o la Delegación de Gobierno respectiva de la comunidad autónoma -en caso de comicios regionales- anuncia a través de las páginas web oficiales de contratación un concurso público con las características del contrato, el Gobierno ha tenido que recurrir para las elecciones del próximo 21-D a un proceso negociado sin publicidad por causa de tramitación de urgencias.

De haber utilizado la vía convencional, el concurso habría tardado en resolverse al menos un mes, con lo que la empresa elegida no hubría tenido tiempo material de implementar los recursos técnicos para el normal desarrollo de la recogida de los votos. La convocatoria de este tipo de concursos suele hacerse con seis meses de antelación, ya que la Administración se toma al menos tres meses para elegir al ganador. Luego, el elegido suele necesitar dos meses para implenentar todos los servicios y desarrollar el proyecto sin incidencias.

Aunque Rajoy anunció la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución por la que intervenía la gestión de la Generalitat y la convocatoria inesperada de elecciones en Cataluña el pasado 27 de octubre, no fue hasta el pasado 3 de noviembre cuando se nombró a Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio de Interior, como coordinador de la organización de los comicios.

Puigserver es ahora el encargado de elegir a la empresa encargada del recuento de las papeletas, un trabajo muy jugoso que se ha presupuestado en cerca de 1,5 millones de euros. Entre los candidatos con los que ha contactado ya la Generalitat de Calauña para este contrato están Indra, la empresa española con más experiencia en procesos electorales, Ibermática y la catalana Scytl. El responsable nombrado por Interior negociará cara a cara con los tres, pero no habrá ni pliego de condiciones para saber cómo y cuánto ponderan los factores económicos y técnicos para valorar cada una de las ofertas finales.

La compañía presidida por Fernando Abril-Martorell fue la que gestionó los comicios autonómicos catalanes del 25 de septiembre de 2015, por lo que ya tiene un precedente que le avala, además de experiencia más que probada. De hecho, Indra ya tuvo que montar a la carrera los equipos técnicos para las elecciones generales del 26 de junio de 2016, contrato que ganó también por el procedimiento de apremio (antes había perdido por primera vez en la historia de la democracia unos comicios, los del 20 diciembre de 2015) y con una rebaja drástica del contrato, de casi doce millones a algo menos de cuatro.

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Pros y contras

No obstante, la compañía cotizada tiene ahora dos hándicaps. El primero es que el Estado español es el primer accionista del grupo, al controlar el 18% del capital, lo que puede levantar suspicacias en el entorno independentista. El segundo es que hace una semana fue despedido Jesús Gil, el director general encargado de la división de procesos electorales, el hombre que más sabía del sector en la empresa. Desde Indra se asegura que cuenta con un equipo de profesionales totalmente preparado para gestionar un proyecto de estas características.

Por su parte, Scytl fue quien quitó a Indra las elecciones generales del 20-D de 2015 en alianza con Tecnocom, pero su origen catalán y el hecho de que se le vinculara con la consulta popular del 9 de noviembre de 2014 llevada a cabo por Artur Mas cuando estaba al frente de la Generalitat de Cataluña no juega a su favor. La compañía dirigida por Pere Vallés rechazó, no obstante, participar en el polémico referéndum del pasado 1 de octubre por las potenciales consecuencias jurídicas de una votación que el Tribunal Constitucional declaró ilegal.