ESPAÑA

Elecciones en Cataluña 21-D

El 27 de octubre se aprobó la declaración unilaterial de independencia de Cataluña impulsada por el expresidente Carles Pugidemont y sin los votos de la oposición. Tras ello, se aplicó el artículo 155 y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cesó a todo el Govern, disolvió el Parlament y convocó elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre

¿Qué ha pasado desde el 1-O?

El referéndum del 1-O se celebra a pesar de que las fuerzas de seguridad tratan de clausurar los centros de votación. Pese a los impedimentos, más de dos millones de catalanes se muestran a favor de la secesión, según las cifras oficiales.

El 'president', Carles Puigdemont, hace un llamamiento a declarar la independencia de manera unilateral en la noche del 1-O, lo que provoca que el Gobierno central comience a prepararse para invocar al artículo 155 de la Constitución con el objetivo de obligar a la comunidad autónoma a cumplir la ley.

Mientras Puigdemont trata de ganar tiempo, los catalanes convocan numerosas manifestaciones e incluso una huelga general que suman presión sobre el Govern para que haga lo que se suponía que iba a hacer: que declare la independencia de Cataluña.

Nueve días después del 1-O, el 'president' declara la independencia de forma unilateral, aunque la suspende de forma inmediata para buscar un diálogo con la Administración central. Desde entonces, Puigdemont y Rajoy se comunican a través de cartas mostrando sus respectivas posturas: el presidente del Gobierno insiste en que Puigdemont aclare si declaró o no la independencia; el catalán persevera en la necesidad de sentarse a dialogar.

Una semana después, mientras en el Gobierno central ultiman los últimos detalles de la aplicación del 155, Puigdemont envía su alegación al Senado, que fue aceptada a pesar de llegar unos minutos fuera de plazo. En ella, el 'president' asegura que se va a crear una situación extraordinaria "todavía más grave al arrebatar a Cataluña su autonomía política".

El 27 de octubre finalmente se aprobó la declaración de independencia de Cataluña en el Parlament sin los votos de la oposición y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cesó a todo el Govern, disolvió el Parlament y convocó elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre.

El 31 de octubre, Carles Puigdemont viajó a Bruselas en donde quiso internacionalizar el conflicto catalán realizando contactos con los sectores independentistas belgas.

El 9 de noviembre, el juez Pablo Llarena dictó prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien finalmente lo pagó y el juez decretó su libertad tras 24 horas en Alcalá Meco.

Para Anna Simó, Lluis Corominas, Lluis Guinó y Ramona Barrufet, los otros cuatro miembros de la Mesa del Parlament, Llarena ha ordenado el pago de una fianza de 25.000 euros con una semana de plaza para pagarlo si quieren eludir la cárcel.

En cuanto a Josep Lluís Nuet, diputado de Catalunya Sí Que Es Pot, ha quedado libre sin ningún tipo de medida. Los cinco con fianzas tendrán, en el momento en que las depositen, prohibición de abandonar el territorio nacional, obligación de entregar el pasaporte y comparecencias semanales.

Asimismo, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazó el recurso del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y siete consejeros del Govern depuesto, presentado contra su decisión de enviarles a prisión incondicional.

¿Fue legal el referéndum?

En el sistema constitucional español, la doctrina decisiva que se ha de tener en cuenta como determinante en sede política es la doctrina jurisprudencial que sobre este punto haya podido sentar el Tribunal Constitucional. Y lo cierto es que este órgano ha venido declarando de forma reiterada y constante en los últimos años que un referéndum de autodeterminación no se puede llevar a cabo de forma constitucionalmente lícita sin una previa reforma constitucional que así lo prevea.

Además, se trataría, al afectar al Título Preliminar de la Constitución, de una reforma constitucional agravada, un procedimiento reservado a determinadas materias de la Carta Magna —título preliminar, Derechos fundamentales de la sección primera, del capítulo segundo, título primero como la corona— que conforman una especie de supralegalidad constitucional y que cuentan con una protección especial.

Además, sobre la convocatoria del referéndum del 1 de octubre pesaba una prohibición, precisamente del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Generalitat se basa en la nueva legalidad catalana para defender la consulta.

¿Existen alternativas al 155?

El 155 no es el único artículo previsto en la Carta Magna al que el Ejecutivo puede invocar para tratar de frenar la secesión de la comunidad autónoma catalana. Una alternativa es el artículo 116, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. En cualquiera de esos supuestos, los Mossos serían los primeros en pasar a depender del Estado para garantizar el control del territorio.

La solución más factible, según fuentes de Interior, sería el cese de los actuales máximos responsables de la policía catalana, el nombramiento de mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional y, por último, el refuerzo de la plantilla autonómica con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

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