habrá peritos del bde, como en bankia

La Audiencia pide los informes de la JUR y de Deloitte para esclarecer el caso Popular

Al fin van a conocerse los informes de Deloitte y de la JUR que explican la resolución del Popular. El FROB deberá entregarlos al juez Andreu, que ayer imputó a Ron, Saracho y PwC

Foto: Nuevo diseño de las sucursales del Banco Popular.
Nuevo diseño de las sucursales del Banco Popular.

Los cerca de 300.000 accionistas y bonistas afectados por la resolución del Banco Popular por fin podrán conocer los dos informes clave en que se basó la decisión que les costó todo su dinero: el de la Junta Única de Resolución (JUR) que fundamentó la intervención y el de valoración elaborado por Deloitte como experto independiente, que concedía a la entidad un rango de valoración entre los 1.500 millones positivos y los 8.200 millones negativos. El juez Fernando Andreu admitió ayer la querella de Estel Ingeniería y Obras y otras 45 personas que se dirige contra los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejos, y que solicita que el FROB entregue esa documentación.

En el auto dictado este miércoles, ordena que "se libre oficio al FROB a fin de que proceda a: la remisión de los expedientes administrativos completos abiertos en relación con el Banco Popular de España en los años 2016 y 2017 y en particular el generado por el procedimiento comunitario de resolución, con entrega del informe de valoración llevada a cabo por el experto independiente", es decir, Deloitte. La puntualización de 'completos' es muy relevante, puesto que las autoridades bancarias europeas han publicado versiones censuradas de algunos de estos documentos.

La resolución (antigua intervención) del Popular se fundamentó en tres documentos. El primero es la declaración del BCE de que el banco era inviable o probablemente iba a serlo ('failing or likely to fail'), basada en la falta de liquidez que reconoció la propia entidad —aunque también señala problemas de solvencia—; este organismo solo ha publicado una versión censurada del informe "para fines de transparencia y responsabilidad en vista del interés general, aunque eliminando información confidencial para cumplir con las normas de secreto profesional que gobiernan la labor supervisora". Este informe no ha sido solicitado por la Audiencia.

El presidente del FROB, Jaime Ponce. (EFE)
El presidente del FROB, Jaime Ponce. (EFE)

El segundo es el informe de la propia JUR, en el que explica detalladamente la situación del Popular, las opciones disponibles y los motivos para decidir la resolución y la posterior venta de la entidad al Santander por un euro. De nuevo, solo se ha hecho pública una versión recortada, de la que se ha eliminado la información fundamental para entender lo ocurrido. El FROB ha solicitado a la JUR que lo remita sin necesidad de requerimiento judicial, sin éxito.

El misterioso informe de Deloitte

Finalmente, está el informe más polémico, el de valoración del Popular encargado a un experto independiente: Deloitte. La JUR aseguró que este informe daba solo dos valores negativos para el banco: -8.200 millones en un escenario negativo y -2.000 millones en un escenario base. Pero después se ha sabido que había un tercer escenario en que el Popular valdría 1.500 millones positivos, cuya existencia reconoció el presidente del FROB, Jaime Ponce, la semana pasada en el Congreso de los Diputados, pese a que la nota que emitió el FROB tras la resolución lo ocultaba. Según Ponce, no se podía utilizar esa referencia positiva porque hay que "usar las valoraciones más prudentes" y porque nadie ofrecía más que un euro en la subasta de la entidad.

Oficinas de Deloitte en Londres. (Reuters)
Oficinas de Deloitte en Londres. (Reuters)

De este documento no se conoce ni siquiera una versión censurada. La presidenta de la JUR, Elke König, se ha negado a remitirlo a los numerosos afectados que lo han solicitado para incluirlo en sus demandas judiciales, alegando esas obligaciones de confidencialidad. La última negativa la ha recibido el propio Congreso de los Diputados, desde donde lo había solicitado la presidenta de la comisión de investigación de la crisis financiera, Ana Oramas (Coalición Canaria). La Asociación de Inspectores del BdE, que ha declarado esta semana en dicha comisión, ha calificado este informe de "grosería técnica".

Vuelven los peritos del Banco de España

Andreu también solicita la remisión de numerosos informes y documentos al Popular, al Santander, al Banco de España y a la CNMV, e incluso llama a declarar a BBVA, Goldman Sachs y JP Morgan por su participación en la ampliación de capital. Pero lo más relevante es que requiere al BdE que designe a dos inspectores para que realicen un informe pericial sobre si la información de la ampliación de capital y las cuentas anuales de 2016 reflejaban la realidad del banco y sobre si el precio obtenido por los activos que vendió se acerca a su valor contable.

Después de la experiencia del caso Bankia, en el que los peritos le salieron rana y acusaron al propio Banco de España de ser corresponsable del hundimiento de la entidad, es de esperar que esta vez el gobernador Luis Linde tenga mucho más cuidado a la hora de elegir peritos menos problemáticos. En esa dirección parece ir la decisión de Linde de nombrar un oficialista, Julio Durán, como director general de Supervisión en vez de volver a la línea dura tradicional del Banco de España. No obstante, dado que la supervisión de la banca corresponde desde 2014 al BCE, esta vez no corre el riesgo de verse implicado como en Bankia. De hecho, la Fiscalía ya dejó fuera de las posibles imputaciones al BdE y a la CNMV.

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