La Oficina Antifraude de Hacienda instó a Anticorrupción a investigar a Urbas

Quién puso en alerta a la Fiscalía Anticorrupción para investigar a una pequeña promotora, como es Urbas, y a su presidente, Juan Antonio Ibáñez, por un presunto delito de estafa. Esta es la pregunta que circulaba entre los empresarios del sector desde el pasado miércoles, cuando la CNMV alertó sobre lo que estaba ocurriendo y suspendió a la compañía de cotización. La respuesta, según fuentes judiciales consultadas por El Confidencial, es que se trata de Hacienda.

En concreto, fue la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) quien llevó el caso a Anticorrupción, Fiscalía que ha terminado presentando una querella en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de estafa, relativos al mercado y societario de administración desleal.

La ONIF, habitualmente, actúa de oficio dentro de las labores de investigación de la Agencia Tributaria, aunque en muchas ocasiones estas investigaciones arrancan tras haber recibido algún tipo de información o chivatazo. De hecho, en el sector se sospecha que detrás de estas pesquisas pueda haber algún accionista enfrentado.

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Urbas Grupo Financiero es una de las empresas que aparece en la lista de los mayores morosos de Hacienda, con una deuda de 6,67 millones de euros. Las pesquisas de Anticorrupción están relacionadas con la ampliación de capital de 384,48 millones del año 2015.

La Fiscalía sospecha que Urbas, presuntamente, falseó la valoración de los activos de Aldira Inversiones Inmobiliarias, sociedad creada apenas un año antes de la ampliación y con cuya aportación se suscribía el 100% de la operación.

Cuando Aldira se dio de alta en el registo, en el verano de 2014, su socio único era la sociedad Plaza del Mar Marbella, empresa controlada por José Humberto Ávila Carrillo, quien desde junio de 2012 es consejero de Urbas en calidad de otros externos, ya que comparte con la promotora el accionariado de Grupo Havilland un entramado de firmas que cuenta con diversas órdenes de embargo y reclamaciones administrativas por parte de Hacienda.

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Según la documentación remitida por la propia Urbas ante la CNMV -Comisión Nacional del Mercado de Valores- con motivo de aquella ampliación, la valoración de las aportaciones no dinerarias fue realizada por la firma Grant Thronton como experto independiente designado por el Registro Mercantil.

El accionariado de Urbas, está encabezado por el presidente, con un 27,79%, y por Juan Antonio Acedo Fernández, dueño de otro 27,7%. Por detrás de ellos está la también promotora Alza, dueña del 19%, tras haber reducido su participación el pasado mayo desde el 25%.