Trabajo carga contra el dueño de Factoo: usa empresas interpuestas y su actividad es ilícita

El Ministerio de Empleo ha puesto la proa a la mayor y más conocida cooperativa de facturación del país y maneja un argumentario lo suficientemente contundente como para poner en serios aprietos su continuidad. La Inspección de Trabajo está convencida de que Factoo, la enseña fundada por Chema Escrivá que ha basado su estrategia de crecimiento en agresivas campañas publicitarias, actúa al margen de la Ley de Cooperativas y es en realidad un instrumento que ha permitido a sus miles de asociados esquivar sus obligaciones como lo que considera que son en realidad, trabajadores por cuenta propia, es decir, autónomos, que prestan sus servicios profesionales a terceros.

“Lo que hace es tramitar indebidamente el alta en la Seguridad Social de unos profesionales para facilitar el incumplimiento por parte de estos"

Así figura negro sobre blanco en las actas de liquidación que la Tesorería General de la Seguridad Social esta remitiendo a los “socios-trabajadores” de Factoo en las que reclama cuotas atrasadas del régimen de autónomos (RETA) y un recargo del 20% en concepto de demora por no haberse dado de alta en el momento en que se produjeron los trabajos. En ese documento, con membrete también de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se detalla, a lo largo de más de veinte páginas, lo que fueron las acciones inspectoras contra Fidelis Factoo Sociedad Cooperativa, cuyo nombre comercial es Factoo y cuyo objetivo, a juicio de los inspectores, es “simular” una relación societaria con sus cooperativistas para que la “falsa cooperativa” emita un factura en sustitución de ellos.

La Inspección considera que Factoo realiza una “actividad ilícita” y que para ello está empleando sociedades “interpuestas” e incumpliendo la Ley de Cooperativas en lo que se refiere al articulado referido a las llamadas cooperativas de trabajo asociado. Se trata de mercantiles creadas por profesionales de disciplinas diversas en las que ofrecen conjuntamente distintos servicios a sus clientes. Según Trabajo, aunque Factoo se presenta bajo este paraguas, “no proporciona puestos de trabajo sencillamente porque no los tiene, ya que no produce ningún bien ni presta ningún servicio a terceros, aunque los facture en sustitución de quien sí los presta”.

La enseña con sede en el céntrico Pasaje Doctor Serra de Valencia “no cuenta con equipos técnicos, ni maquinaria, ni instalaciones, ni centro de trabajo, ni con infraestructura alguna para la ejecución de los trabajos por los que factura”, señalan los inspectores. “Lo que hace es tramitar indebidamente el alta en el Régimen General de la Seguridad Social de unos profesionales para facilitar el incumplimiento por parte de estos de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social. La actividad ilícita de Factoo se evidencia desde la información que ella difunde y las actuaciones comprobatorias”.

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Los inspectores entraron en la sede de Factoo hace ya varios meses, el 24 de noviembre de 2016. Lo que allí descubrieron fue que solamente seis de la treintena de empleados presentes en aquel momento estaban dados de alta en Factoo. El resto eran trabajadores de una segunda mercantil, Data Platform España, constituida por Chema Escrivá en 2011. Esta sociedad limitada es la que, en realidad, realiza todas las gestiones en nombre de Factoo en virtud de un “acuerdo verbal”, según explicaron los responsables de Factoo por correo electrónico a requerimiento de los funcionarios de Empleo. Data no solamente es la titular del contrato de alquiler de la sede de Factoo, sino sus empleados se encargan tanto de labor comercial de captación de nuevos socios, como de tramitar altas en la Seguridad Social de los cooperativistas y girar las facturas a los clientes.

Esta circunstancia es la que ha llevado a Empleo a incidir en el carácter meramente instrumental de Factoo. “Desde el inicio, la voluntad de J. María Escrivá era simular la creación de una cooperativa cuando, en realidad, estaba dando forma a un proyecto de negocio personalísimo: la simulación de relaciones societarias para su inclusión indebida en el régimen general de la Seguridad Social”, señala contundente una de las acta de liquidación a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El acta hace alusión, incluso, al contrato de adhesión que firma con sus cooperativistas esta entidad que ofrece la posibilidad de facturar sin ser autónomo con sus cooperativistas: “Viene a describir perfectamente lo que realmente es Factoo, una asesoría/gestoría que se dedica a facturar y cobrar en nombre de sus clientes, a los que denomina asociados, y al liquidarles las facturas les descuenta el pago del gasto de Seguridad Social y otras cantidades por su tramitación. El negocio consiste en eso, crear una ficción cooperativa”.

"La voluntad de Escrivá era simular la creación de una cooperativa cuando, en realidad, estaba dando forma a un proyecto de negocio personalísimo"

Según el Ministerio de Empleo, Chema Escrivá comenzó a cometer presuntas irregularidades ya desde el comienzo mismo de la constitucion de Fidelis Facto, la denominación social de Factoo. En el proceso de fundación de la cooperativa incumplió inicialmente la obligación de que la iniciativa contase, al menos, con tres promotores. El 3 de febrero de 2015, con 120 euros de capital, constituyó la cooperativa en Gandia con un colaborador, Andrés García Bañuls, y una sociedad limitada llamada Managers del Comptat, que en realidad había sido creada por él en 2011, que nunca ha presentado cuentas y que está en situación de cierre registral, según la Inspección. Al no concurrir tres personas físicas la inscripción fue denegada y, finalmente, un antiguo empleado de Escrivá en Proyectos Ebcon compareció en mayo de 2016 para figurar como socio fundador para “hacerle un favor” a su antiguo jefe, según explicó al ser requerido por la inspección.

Inspecciones "a cada uno" de los socios

El escrito remitido a los socios de Factoo también señala que Escrivá actúa como administrador único, pero no se ha constituido un consejo rector tal como manda la ley cuando una cooperativa tiene más de diez integrantes. En el momento de la inspecciones, Factoo contaba con 5.618 socios, cifra de diciembre de 2016. Escrivá sostiene que el número actual de asociados se eleva a más de 16.000. Y la Inspección de Trabajo los ha puesto a todos en el punto de mira: “Corresponde a esta inspeccion la continuación de actuaciones comprobatorias respecto a cada uno de los simulados ‘socios trabajadores’ a fin de determinar su inclusión en el campo de aplicacion del RETA y la formalización, en su caso, de las reglamentarias actuaciones (acta de liquidación)”.

Tal como adelantó El Confidencial, muchos de estos cooperativistas han comenzado a organizarse. Han montado una web de afectados (Afectados por las Cooperativas) y estudian cómo defenderse judicialmente de las actas de liquidación y la forma de afrontar su relación con Factoo.

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Las cooperativas andaluzas se distancian de las "pseudocooperativas de facturación"

La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta) señaló la semana pasada que las cooperativas de impulso empresarial están "plenamente respaldadas" por la normativa andaluza y está estudiando las causas que han provocado que la cooperativa Inpulse no pueda desarrollar su actividad tras la campaña de inspecciones de trabajo que ha realizado el Ministerio de Empleo.

En un comunicado, Faecta ha señalado que estas actuaciones son fruto "del desconocimiento de la fórmula cooperativa y de la confusión que ha traído la aparición de las pseudocooperativas de facturación".

Ante esta situación, que puede afectar a otras cooperativas andaluzas que prestan los mismos servicios a sus asociados, la Federación de Andaluza de Cooperativas de Trabajo ha señalado que se trata de una tipología de empresa que está recogida en la Ley de Cooperativas Andaluzas 14/2011 y cuyo objeto social es canalizar la iniciativa emprendedora de sus socios y prestarles determinados servicios comunes creando un ámbito donde desempeñar regularmente su actividad profesional.

En este sentido, la Faecta ha instado a la administración competente, en este caso al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a que reconozca "plenamente" la figura de la cooperativa de impulso empresarial y su amparo en la normativa andaluza, diferenciando entre las mal llamadas cooperativas de facturación y las verdaderas cooperativas de impulso empresarial.

La federación también ha denunciado que determinadas empresas están haciendo un mal uso del término cooperativa y de esta fórmula jurídica aprovechando las necesidades de colectivos y personas que buscan en esta forma de organización empresarial unas condiciones dignas para desarrollar su oficio.

"En estas empresas de facturación, que no se rigen ni respetan los principios cooperativos, no se establece una relación societaria clara con el socio trabajador, que se confunde con un cliente, no hay un objeto social claro y tienen un carácter netamente instrumental, aspectos que no casan con los valores que rigen el modelo cooperativo", ha advertido.

Las actuaciones que se están llevando a cabo con las cooperativas de impulso empresarial ponen de manifiesto "la inseguridad jurídica" existente tanto para estas cooperativas como para sus socios, por lo que Faecta demanda que la Junta de Andalucía se pronuncie al respecto para dar respaldo a iniciativas empresariales que están amparadas tanto por la Ley de Cooperativas Andaluzas como por su reglamento de desarrollo.

La federación ha puesto en valor que las cooperativas de impulso empresarial faciliten el emprendimiento entre profesionales 'freelance' de diferentes ámbitos ofreciéndoles unas condiciones dignas para desempeñar su trabajo.

Así, ha aclarado que esta tipología cooperativa no es una plataforma de facturación, sino que se trata de una forma jurídica que trabaja para que sus socios puedan cotizar a la Seguridad Social y realizar una labor profesional de forma regularizada bajo los principios y estándares del modelo cooperativo.

Faecta también ha apuntado que las cooperativas de impulso empresarial son "un ejemplo de transferencia de buenas prácticas procedente de Bélgica que se ha extrapolado a la normativa andaluza siguiendo todos los pasos requeridos para este proceso".