Los afectados por la venta del Banco Popular podrán acudir a la justicia europea

Los problemas del Popular siguen sin resolverse. Al menos, desde el punto de vista legal. Y es que aún quedan muchas dudas por resolver sobre cómo fue el proceso que culminó, tras una noche de cruces de llamadas entre Madrid, Bruselas y Fráncfort, en la venta de la entidad “en quiebra o cercana a la quiebra” al Santander por un euro. Para perjuicio de sus accionistas y tenedores de deuda subordinada, que perdieron sus inversiones.

Los perjudicados ya preparan sus primeras acciones legales. Y podrán acudir a la justicia europea directamente a pedir responsabilidades. Lo ha confirmado el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, quien ha recordado que la resolución del Popular se llevó a cabo por decisión de instituciones europeas, sobre la base de normas comunitarias.

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"Desde el punto de vista legal, las decisiones de resolución son un actos de la Unión Europea y pueden ser recurridas en el marco del Tratado de la UE. En ese caso corresponderá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidir sobre tales recursos", ha asegurado Dombrovskis.

Demandas en Europa y en España

Poco después, la presidenta de la Junta de Resolución Única, Elke König, volvió a mostrarse convencida de que la operación fue un éxito, aunque confirmó que los afectados podrán recurrir la decisión tomada por su institución ante la UE. “Quien crea que se ha visto afectado tiene dos maneras de buscar protección legal: una son los tribunales administrativos españoles y la otra es la corte de justicia europea. Nosotros tomamos la decisión y los colegas españoles la implementaron”, ha dicho.

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Preguntada por el eurodiputado socialista Jonás Fernández su punto de vista sobre estos procesos, König volvió a insistir en que la decisión tomada fue la adecuada. “Sobre si estoy nerviosa, creo que tomamos la mejor decisión en interés de la estabilidad financiera, así como de los bonistas y depositantes”, ha asegurado.

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Después de tener que recurrir en 2012 a un rescate financiero de 41.000 millones para sanear la banca, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha llevado a gala desde el primer momento que en la resolución del Popular no se ha puesto “ni un euro” de dinero público. Y, ahora que los despachos de abogados preparan las reclamaciones de los perjudicados por la decisión, se ha mostrado convencido de que éstas tampoco afectarán a las arcas públicas españolas.

Guindos, que este lunes y martes se encuentra en Bruselas para reunirse con sus colegas del euro y de la UE, se ha mostrado convencido de que el FROB no tendrá que asumir ninguna compensación.

König se defiende de las críticas

La presidenta de la Junta de Resolución Única ha vuelto a defenderse de aquellos que aseguran que sus palabras fueron uno de los detonantes que aceleró la salida de depósitos del Popular. König dijo en una entrevista con Bloomberg que el “Banco Popular es uno de los casos que se está mirando, pero no es el único”. Unas palabras que se interpretaron como una advertencia sobre la situación de la entidad y que, para la responsable, no eran un comentario sobre la situación concreta del Popular. “Dije que mirábamos al Popular y otros bancos, ese es nuestro trabajo”, ha dicho.

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König ha señalado que si bien en el Popular se actuó tal y como se espera que se haga según el espíritu de la Unión Bancaria -sin dinero de los contribuyentes, respetando los depósitos, evitando contagios a otras entidades-, algo que no se logró en el caso de los dos bancos del Véneto. Al respecto, dijo que habría que afinarse algunas cuestiones. “No quiero juzgar la decisión de la Comisión Europea, pero hay que mirar -y a esto me refería cuando hablaba sobre ver si a día de hoy existen los incentivos correctos- respecto al reparto de la carga con los accionistas y los bonistas junior, en lugar de (recurrir a) un rescate completo”.

Apelar a los tribunales europeos

En efecto, cualquier acto de una institución de la Unión Europea puede ser recurrido ante el Tribunal de justicia de la Unión Europea. Y tanto el Supervisor Único Bancario -rol que ejerce el BCE- que declaró al Popular “en quiebra o riesgo de quebrar”, como la Junta Única de Resolución, que tomó la decisión de impulsar la venta al Santander y repartir las pérdidas, lo son.

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Los afectados tendrán que demostrar que esta decisión les ha afectado directamente, por ejemplo, presentando las pérdidas que les generó la quita sobre los accionistas y los tenedores de deuda subordinara. Entonces, la Corte con sede en Luxemburgo podrá hacerse cargo del caso.