El drama de los clientes del popular

Accionistas del Banco Popular se organizan para poner las primeras demandas

Desde el bufete Miliners Abogados y Asesores Tributarios, de Barcelona, explican que cada caso es diferente y que por ello no pueden esperar la misma compensación

Foto: Accionistas del Popular preparan las primeras demandas. (Reuters)
Accionistas del Popular preparan las primeras demandas. (Reuters)

Accionistas del Banco Popular ya se están organizando para interponer demandas por la súbita desaparición del valor de sus acciones. El Confidencial se ha puesto en contacto con tres bufetes de abogados que han aceptado defender a estas personas y que intentarán en los próximos meses recuperar el dinero que han perdido con la venta del banco al Santander: Miliners Abogados y Asesores Tributarios de Barcelona, Martínez-Echeverría Abogados de Málaga y Sanguino Abogados de Sevilla.

Popular siempre fue un banco con una fuerte presencia en Cataluña y ahora accionistas históricos se encuentran con que sus títulos no valen nada de la noche a la mañana, por lo que están preparando acciones legales. “Lo que ha pasado con el Banco Popular es una confiscación impropia de un sistema capitalista”, asegura Rodolfo Fernández Cuéllar, socio del bufete Miliners Abogados y Asesores Tributarios. Este despacho de abogados ya tiene tres accionistas dispuestos a demandar y Fernández Cuéllar añade que “además tenemos consultas de un treintena más que están estudiando su situación”.

Respecto al enfoque que plantea el Banco Santander, que dice que las reclamaciones han de dirigirse al Banco Central Europeo (BCE), Fernández Cuellar asegura que “en cualquier operación de este tipo hay que buscar a quién beneficia y el gran beneficiario de esta confiscación es el Banco Santander, el cual se ha quedado por un euro un banco que en libros tiene un valor en libros de más de 2.000 millones”. “No se ha ofrecido un justiprecio, ni un canje a los actuales accionistas. No se ha lanzado una OPA. También hubiera sido más razonable forzar el concurso de acreedores. En lugar de eso, el BCE se hace con el banco y lo entrega al Santander por un euro”, denuncia Rodolfo Fernández Cuéllar.

Para este abogado, “es una situación sin precedentes legales, más fuerte que una expropiación”. En su bufete, están estudiando contra quién dirigir la demanda: evidentemente, contra el Banco Santander, pero también estudian ir contra el Gobierno, sin cuya colaboración no se hubiera podido producir la actual situación, y contra el BCE, que ha ejecutado la primera resolución bancaria europea.

Individualizar los casos

Desde este despacho catalán se asegura que cada caso es diferente y que por ello no pueden esperar la misma compensación. Por un lado, se encuentran los damnificados en la ampliación de capital de 2.500 millones que se cerró en junio de 2016, cuando ya la situación de la entidad estaba muy deteriorada. Según Fernández Cuéllar, estos accionistas deberían percibir el capital aportado más un interés hasta el desembarco del Santander. En otra situación se encuentran los accionistas históricos del Popular. Para ellos, el bufete plantea una media ponderada de la cotización de la acción durante el tiempo que permanecieron como socios del banco.

Una postura similar mantienen en el bufete malagueño Martínez-Echeverría, donde explican que "no habrá una demanda colectiva", sino que irán "uno a uno" con todos los accionistas. En este sentido, dividen los casos en tres grupos. En primer lugar, los que han comprado las acciones en bolsa, unos afectados a los que no representarán porque consideran que "no hay nada que hacer" al haber entrado en un "negocio especulativo como la bolsa". En segundo lugar, aquellos que tenían bonos hasta que el Popular se los canjeó por acciones, un grupo que "sí tiene acción jurídica" y van a "defender uno a uno". Y por último, los que se hicieron accionistas en la ampliación de capital de 2016, a los que "se les habló de las bondades del banco y también vamos a defender", explican a El Confidencial desde el bufete.

Asociación de Afectados en Andalucía

Más allá de los accionistas que se han puesto en contacto con este bufete malagueño, en Andalucía se ha creado una Asociación de Afectados por la venta del Popular que ya está preparando sus primeras demandas. Dicha organización, que por el momento cuenta con alrededor de 300 personas, ha llegado a un acuerdo con el despacho sevillano Sanguino Abogados para que se encargue de su defensa. "Esperamos una primera avalancha de solicitudes de integración en la citada plataforma, teniendo en cuenta que son muchas las personas que están atrapadas tras la venta del Banco Popular", explican desde el bufete.

En lo que se refiere al tipo de afectados a los que van a representar, Ernesto Sanguino, socio del despacho, explica a El Confidencial que "las demandas civiles las tratarán de forma individualizada", pero no descarta que "pasado un tiempo se opte por una acción penal contra el Consejo de Administración del Popular". En este sentido, el abogado matiza que dicha decisión dependerá de los propios miembros de la organización y que en ningún caso serán ellos quienes insistan en la misma.

Según señala, por el momento se van a encargar de "los miles de accionistas minoritarios y bonistas, la mayoría de ellos pymes y empresarios individuales, que suscribieron la última ampliación de capital", descartando así a aquellos que compraron las acciones en bolsa. Para ello, Sanguino explica que se centrarán "a fondo en conocer la situación particular de cada accionista" y en estudiar la última ampliación: cómo se comercializaron esas suscripciones, si hubo o no transparencia o si se hizo un análisis adecuado de cara a posibles provisiones por insolvencia de los prestatarios. "Todavía es pronto para poner una fecha, pero en el caso de las demandas civiles esperamos presentarlas antes de agosto", explica.

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