El subgobernador del BdE abre la vía a la administración desleal de Saracho en Popular

El bombazo que soltó el viernes el subgobernador del Banco de España en Santander puede tener graves consecuencias penales para el consejo del Banco Popular que presidía Emilio Saracho. Javier Alonso aseguró que la entidad tenía más activos para obtener liquidez pero que no los presentó y, en vez de eso, se declaró ella misma inviable. Según algunos despachos de abogados que representan a accionistas de la entidad, esta actuación podría ser constitutiva de un delito de administración desleal, penado con hasta seis años de cárcel, al no hacer todo lo que estaba en su mano para evitar que los accionistas perdieran todo su dinero.

"Este comportamiento denunciado por el Banco de España puede ser tipificado como administración desleal porque el consejo habría incumplido sus obligaciones de gestionar el patrimonio de la mejor manera para los accionistas y, con ello, les habría causado un prejuicio porque lo han perdido todo", explica Marcelino Tamargo, socio del bufete Espacio Legal. Con el añadido de que es el propio supervisor el que denuncia estos hechos, lo que supone un argumento de autoridad muy difícil de rechazar por un juez.

Consciente de la gravedad de estas afirmaciones, el equipo de Saracho contraatacó ayer por la tarde al asegurar a Europa Press que el Popular presentó al Banco de España activos por valor de 40.000 millones, pero sólo obtuvo liquidez de emergencia por 3.800. Unas cifras que se antojan excesivas tanto por el volumen de los activos líquidos disponibles como por el descuento ('haircut') impuesto a los mismos a la hora de proporcionarle liquidez, superior al 90%. En todo caso, se trata de eludir esas posibles responsabilidades penales desmintiendo las afirmaciones de Alonso y echando la culpa al BdE de que el banco no obtuviera la liquidez necesaria para seguir funcionando.

"El propio Popular se declaró inviable"

"Sospecho que el banco tenía potencialmente más garantías porque lo que nos trajeron fue relativamente poco; se puede sospechar que tenía más, pero no las hemos visto. ¿Por qué no trajeron más? No puedo responder", aseguró Alonso en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas Económicos en Santander, quien añadió que el propio banco -y no el BCE- se había declarado inviable la tarde anterior a su resolución. Más tarde, un comunicado del Banco de España confirmó que efectivamente el Popular tenía más activos que podía descontar pero no lo hizo.

El segundo de Luis Linde no ve ninguna "relación entre las demandas de los accionistas y la situación de liquidez de la entidad", aunque también quiso alejar posibles responsabilidades del supervisor: "El Banco de España no está mirando cuál es la última línea de liquidez de las entidades. El Banco de España y el Mecanismo Único de Supervisión miran la primera línea de liquidez, la segunda línea de liquidez, la tercer línea de liquidez, y es cuestión de las entidades que estén bien preparadas para todo", dijo. Finalmente, concluyó que "las responsabilidades la determinarán los jueces; no sé cuáles, pero los jueces".

"La Fiscalía debe investigar"

No obstante, los despachos de abogados de muestran prudentes antes de iniciar acciones legales por este motivo, por la confusión y el secretismo que rodea el final del Popular, y por sus propias estrategias procesales. Iria Aguete, de Reclamador, explica que "debemos ser prudentes con este tipo de declaraciones ya que se desconoce todavía si esos activos no presentados habrían tenido un impacto relevante en el rescate cuando el Popular ya estaba tocado y hundido. ¿Cuánto habrían retrasado el hundimiento? ¿Semanas o meses? Se desconoce". Tamargo también prefiere esperar antes de emprender acciones judiciales a tener mayor claridad sobre lo ocurrido y, en todo caso, piensa que es la Fiscalía la que debe actuar de oficio para investigar los hechos revelados por el subgobernador.

Coincide con esta apelación al fiscal Felipe Izquierdo, asesor de la OCU en la querella que ha presentado ante la Audiencia Nacional. Aunque considera que esto también se debe investigar, su estrategia procesal va más contra el consejo de Ángel Ron, puesto que considera -en la línea de la AEB y de la mayoría del sector- que no se sostiene la tesis oficial de que el Popular murió por la salida de liquidez, sino que su quiebra se explica por problemas de solvencia que venían de muy atrás.

Félix Revuelta, presidente de Naturhouse y conocido accionista activista del Popular, considera a Saracho uno de los principales culpables de las pérdidas de los inversores, pero extiende su responsabilidad a otras actuaciones, como su propia remuneración por no hacer nada o el hecho de que privara a los accionistas de su derecho a acudir a una ampliación de capital que habría evitado la resolución de la entidad.