El presunto redentor mexicano de Repsol, pillado en el escándalo Odebrecht

El antiguo director general de Pemex, Emilio Lozoya, aparece en el centro de las investigaciones que la Fiscalía de México está llevando a cabo por la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que sacude estos días a la clase política de Latinoamérica. El que fuera jefe de la multinacional petrolera y hombre de confianza del presidente Peña Nieto ha sido citado a declarar por la Procuraduría General de la República (PGR) en relación con las presuntas irregularidades encontradas en los contratos que su empresa firmó con Odebrecht, según informaciones recogidas por la prensa mexicana.

Lozoya es el primer funcionario del país que ha sido involucrado en el escándalo, pero las investigaciones parece que pueden salpicar a otros 17 funcionarios de Pemex, vinculados de una u otra forma en distintas operaciones mercantiles con la constructora brasileña. No obstante, la posible implicación de la rutilante figura del llamado ‘niño-dios’ mexicano, uno de los ejecutivos con más poder fáctico en el mercado energético global hasta hace poco más un año, ha convulsionado el mundo de los negocios en el país azteca, provocando también una reacción de sorpresa, no exenta de estupor, en distintos medios políticos y empresariales en España.

Cabe recordar que el exgerente de Pemex encarnó en primera persona una cruzada de acoso y derribo contra la plana mayor de Repsol, encabezada por Antonio Brufau. Las tensiones generadas por la expropiación de YPF fueron aprovechadas por el socio mexicano para abordar una operación que estaba claramente orientada a la toma de control de la petrolera española. Pemex intentó aprovechar la supuesta debilidad del entonces presidente ejecutivo de Repsol para forzar un cambio del modelo de gobernanza, que incluía una división de los negocios y la incorporación de un directivo mexicano como consejero delegado de la empresa española.

El antiguo directivo de Pemex, llamado el 'niño-dios' mexicano, atacó el gobierno corporativo de Repsol en un interno por forzar la salida de Antonio Brufau

Lozoya no tuvo reparos en quedar en evidencia disparando a la línea de flotación de Brufau en una célebre comparecencia ante el Congreso mexicano, allá por noviembre de 2013. El primer ejecutivo de Pemex, que solía quejarse del bajo salario que cobraba en su país, señaló entonces que la retribución de su colega estaba fuera de todas las normas internacionales: “Criticamos su sueldo y su gestión”, dijo Lozoya en un duro ataque contra Brufau, al tiempo que hacía votos por una mejora del gobierno corporativo de la primera petrolera española en la que Pemex fue socio histórico de referencia hasta el año 2014, cuando abandonó definitivamente el capital de Repsol.

Las declaraciones de Lozoya cayeron como un jarro de agua fría en nuestro país, pero el eco atronador de la ofensiva lanzada desde México fue apaciguado rápidamente cuando la compañía encabezada por Brufau cerró a los pocos días un pacto con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para poner fin al conflicto argentino de YPF. Dicho acuerdo consolidó la posición del actual presidente no ejecutivo de Repsol en la misma medida en que sofocó las ambiciones de Pemex y su entonces todopoderoso gerente para dar el zarpazo a la petrolera española.

Lozoya fue relevado como director general de Pemex en febrero del pasado año, víctima del deterioro sufrido por la empresa a raíz del bienio negro del mercado del petróleo en 2014-2015. El desplome de la cotización del crudo puso de relieve las carencias de gestión que padecía la multinacional, arrastrando a su máximo responsable a una salida forzada en pleno proceso de reforma energética en México. Peña Nieto tuvo que prescindir de su amigo y colaborador, que ahora tendrá que volver al primer plano de actualidad implicado, muy a su pesar, en el caso Odebrecht.

El representante de Odebrecht en México ha llegado a ofrecer 20 millones de dólares como 'acuerdo reparatorio' para cerrar la investigación de Pemex

Se da la circunstancia de que hace pocas semanas los representantes de la constructora brasileña en México trataron de llegar a lo que allí se conoce como ‘un acuerdo reparatorio’ para archivar la investigación, a cambio de un pago de 20 millones de dólares por parte de Odebrecht. La Fiscalía General del país rechazó la oferta y poco después la misma Pemex presentó una denuncia formal para depurar todas las responsabilidades en las que hubieran podido incurrir sus antiguos ejecutivos.

A partir de ahí, se inicia una nueva etapa en que los tribunales mexicanos tendrán que discernir las razones de fondo que motivaron los contratos sin licitación previa que Pemex adjudicó a Odebrecht para la modernización de tres refinerías por importe de 2.500 millones de dólares. Estas operaciones representaron un sobrecoste del 66% para la petrolera mexicana, de acuerdo con las denuncias formuladas ante la Auditoría Superior de la Federación, el órgano que fiscaliza los recursos públicos del país. Dichos contratos abarcan parte de la gestión del expresidente Felipe Calderón y de su sucesor, Enrique Peña Nieto.

El caso Odebrecht surgió de una investigación en Estados Unidos que puso de manifiesto el pago de sobornos a funcionarios públicos de distintos países de Latinoamérica. El escándalo se ha propagado desde primeros de año por toda la región, salpicando incluso a altos mandatarios como el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, o el expresidente peruano Alejandro Toledo. En México, la maquinaria de la justicia ha funcionado muy lentamente, pero ahora ha golpeado de manera virulenta a uno de los más conspicuos dirigentes empresariales como es Emilio Lozoya, el 'látigo fustigador' de Brufau que hace tres años protagonizó el fallido asalto a Repsol.