línea roja en la negociación de enmiendas

Órdago de Ciudadanos para que se cree un supervisor de la obra pública en la CNMC

La formación naranja lleva como bandera a la negociación de enmiendas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público crear un supervisor independiente que combata la corrupción en la obra pública

Foto: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante una rueda de prensa en el Congreso. (EFE)
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante una rueda de prensa en el Congreso. (EFE)

La nueva Ley de Contratos del Sector Público puede suponer un giro de 180 grados al sistema que ha venido aplicándose hasta ahora para controlar la gestión de las obras públicas, y reforzar la apuesta de Ciudadanos por los supervisores independientes. El partido liderado por Albert Rivera incluyó entre sus 150 condiciones para respaldar la investidura de Mariano Rajoy dividir este organismo, y ahora también ha puesto sobre la mesa dotarlo del poder necesario para controlar a las constructoras.

Ha sido a través de una de las enmiendas a la Ley de Contratos del Estado donde Ciudadanos ha propuesto “la creación de una Autoridad de Regulación del Mercado de la Contratación Pública. Hasta tanto no se ventile la reforma de los reguladores, dicha autoridad formaría parte de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Una vez culminada esta reforma, debería constituir una Sala propia dentro de la Autoridad Independiente de Regulación de los Mercados”.

Para la formación naranja, este punto es su principal bandera dentro del proceso de negociación de enmiendas que está llevándose a cabo para sacar adelante una nueva Ley de Contratos del Sector Público, normativa que España está obligada a modificar para adaptarse a la directiva europea y que llega con más de un año de retraso.

Bruselas ya contempla en su directiva que haya una autoridad independiente, exigencia que el Ejecutivo ha dejado por el momento en manos de la Junta Consultiva, órgano que, como explica Fernando Navarro, portavoz de Ciudadanos en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, “depende de Hacienda y sus cargos son elegidos por el propio Gobierno”.

La formación naranja ya está tratando de recabar apoyos entre el resto de partidos para sacar adelante la Autoridad de Regulación del Mercado de la Contratación Pública, propuesta que podría llegar a definirse como una línea roja para los de Rivera, y que va dirigida a “velar por que en la contratación pública haya efectiva concurrencia y funcione eficientemente, porque ahí es donde están la corrupción, el amiguismo, las radiales… Es demasiado importante como para no darle ese organismo independiente que pide Europa”, destaca Navarro.

La tesis de C's es que no está funcionando bien porque falta un guardián del mercado, el ‘watchdog’ anglosajón, papel que solo podría jugar la CNMC

Según las cifras que barajan desde la formación naranja, la contratación de obra pública representa casi el 20% del PIB y, sin embargo, está constantemente en el epicentro de escándalos de corrupción, modificados que multiplican por varias veces los presupuestos iniciales, obras faraónicas injustificables, bajas temerarias… Un abanico de despropósitos que, según la Unión Europea, puede estar costando a las cuentas nacionales 43.000 millones de euros al año.

La tesis de Ciudadanos es que no está funcionando bien porque falta un guardián del mercado, el famoso ‘watchdog’ de los anglosajones, papel que solo pueden jugar un organismo independiente como la actual CNMC y, posteriormente, la Autoridad de los Mercados. La fórmula para integrar este nuevo supervisor en el esquema actual es aprobar una modificación del Estatuto Orgánico de la CNMC para adaptar su contenido a las disposiciones que recoge C’s en su enmienda a la nueva Ley de Contratos del Estado.

Además, para dotar de poderes a esta nueva autoridad, la enmienda contempla que tenga funciones tanto de reglamentación, como ejecutivas— en la resolución de los recursos especiales contra actos de los poderes adjudicadores, para lo que contaría con un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

También podrá dictar normas, mediante circulares, para garantizar la libre competencia en el mercado de la contratación pública; resolver dudas relacionadas con disposiciones y desarrollo de la nueva normativa; dar traslado a las autoridades de Defensa de la Competencia cuando considere que se ha actuado en contra de ella; aprobará una estrategia nacional de supervisión para todo el sector público, que diseñará y ejecutará en coordinación con comunidades y ayuntamientos, y elaborará cada tres años un informe de supervisión tanto de la licitación pública como de la ejecución de los contratos, que remitirá a la Comisión Europea.

Su objetivo es que sea en este documento donde se detallen los principales incumplimientos detectados, las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación, el nivel de participación de las pymes en la contratación pública, e información sobre la prevención y lucha sobre los casos de fraude, corrupción, conflicto de interés y todo tipo de irregularidades graves en la contratación.

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