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Rajoy se refugia en la empresa pública como bastión de la nueva economía de corte social
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LA SEPI Y EL GRUPO de FOMENTO DESCARTAN PRIVATIZACIONES

Rajoy se refugia en la empresa pública como bastión de la nueva economía de corte social

La legislatura del diálogo ha certificado el final de las liberalizaciones y el Gobierno quiere recuperar la empresa pública como instrumento de una nueva política económica y social

Foto: Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. (EFE)
Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. (EFE)

Superado el examen de la Comisión Europea y espantado el fantasma de una multa reforzada que habría echado por tierra los objetivos de estabilidad presupuestaria, el Gobierno orienta de nuevo ahora sus grandes esfuerzos al terreno doméstico para poner en valor lo que se ha venido en denominar ‘la legislatura del diálogo’. La estrategia de concesiones, expuesta en la plaza pública que ofrece el Parlamento, trata de poner en evidencia cualquier intento de propaganda y agitación desleal, para lo cual es necesario anticipar la acción política asumiendo un ideario impecable e incontestable que deje inerte a una oposición desnutrida y cuyos diversos componentes tienen por delante una larga tarea de reconstrucción.

La economía de corte social se impone como una obligación de los nuevos tiempos y viene a constituir el remedio supuestamente infalible para apuntalar los ajustes estructurales del pasado reciente sin caer en la tentación de futuras reformas que pudieran herir la sensibilidad ciudadana y socavar los potentes intereses creados. La etapa de las liberalizaciones ha pasado rápidamente a la historia y la agenda económica se desarrolla en un claro sentido contrario, donde lo de menos es el solapamiento con fuerzas o ideologías dispares porque aquí y ahora lo único que importa es recuperar cuanto antes la confianza de los contribuyentes no vaya a ser que, más pronto que tarde, vuelvan a convertirse en puntuales electores.

La realpolitik derivada del complejo y fragmentado arco parlamentario se ha conjugado con el pragmatismo antropológico del presidente, Mariano Rajoy, que, una vez sobreseída la presunción de culpabilidad en Bruselas, no tiene mayor inconveniente en virar el timón de su gestión económica en busca de caladeros más cercanos y eficientes para las expectativas políticas del Partido Popular. Lo que para unos representa un virus para otros constituye una vacuna, pero lo cierto es que la llamada socialdemocracia de ocasión se ha propagado dentro del Gobierno. Todo ello por necesidades del guion pero quizá también por razones genéticas que han aflorado al contacto más epidérmico con los problemas de fondo que afectan a buena parte de los españoles.

La realpolitik económica impide al Gobierno abordar nuevas privatizaciones que pudieran ser percibidas como otra edición del 'capitalismo de amiguetes'

El mensaje de reconciliación nacional se fundamenta en una garantía fiscal que trata de discriminar las bases impositivas sin arreciar con más impuestos a la masa anónima de ciudadanos. La salvaguarda del IRPF y el IVA, como detonantes del malestar general, exige una mirada de especial celo y recelo sobre las grandes empresas que ahora se han convertido en el principal cebo de la Hacienda pública. Pero, además y para evitar cualquier tipo de suspicacia, los responsables directos e indirectos de hacer caja han cerrado filas para sintonizar en la misma onda las actuaciones de las grandes entidades del sector público empresarial que actúan como centros neurálgicos de coste o núcleos básicos de inversión estatal.

La llegada a la Sepi de la antigua subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero, se ha visto acompañada por un mensaje a los cuatro vientos que anuncia la congelación de cualquier eventual proyecto de venta dentro del conglomerado de empresas que todavía sobreviven bajo el paraguas del antiguo INI. El 'holding' público que dirigió la política industrial en España desde los tiempos de la autarquía hasta la llegada al poder de José María Aznar vuelve ahora por sus fueros como heraldo de un nacionalismo económico de carácter testimonial orientado sobre todo a calmar los ánimos excitados de los sindicatos. Dicho en otras palabras, el Partido Popular entierra su libreto tradicional y sacrifica las privatizaciones a cambio de un clima de paz social indispensable para gobernar el país.


Gestionar empresas en clave de servicio público

Las desinversiones en empresas como Indra, IAG, Cesce o Correos tendrán que esperar a mejores tiempos, una vez que el Gobierno consolide su posición de poder, bien sea a través de un esfuerzo de persuasión reconocido a nivel de calle o, si no hubiera más remedio, apelando a un enésimo llamamiento a las urnas. Todo dependerá del resultado que deparen los procesos de reconstitución interna que han empezado a gestionar las diferentes fuerzas políticas, con mención especial a la crisis interna que se ventila en el PSOE. El regreso de Pedro Sánchez como jefe del primer partido de la oposición es una hipótesis de trabajo que impide a los estrategas del PP descartar la posibilidad de unas elecciones anticipadas a la vuelta del verano.

Aparte de Cristóbal Montoro como responsable transversal de la agenda económica del Gobierno, el resto de ministros vinculados con el sector público empresarial se están mostrando también muy celosos a la hora de guardar las esencias de sus respectivas entidades corporativas. En momentos de tribulación mejor no hacer cambios y es así como se explica que el nuevo titular de Fomento, Íñigo de la Serna, haya frenado en seco las expectativas que apuntaban a la venta de la participación mayoritaria que el Estado mantiene en Aena. Con la misma consigna, los responsables de Renfe y Adif tratan de evitar malentendidos acerca de la pretendida creación de un nuevo 'holding' ferroviario que podría generar tensiones innecesarias con los poderosos sindicatos del sector.

El único conflicto social que está dispuesto a asumir Mariano Rajoy es el de los estibadores, y solamente por exigencias de la Unión Europea

El presidente de la compañía que administra la vía férrea, Juan Bravo, ha expuesto a los representantes sindicales su inequívoco ideario a favor de la empresa pública, por lo que la supuesta integración operativa con Renfe, si es que llega a producirse, estará supeditada al lema proclamado por el nuevo titular de Adif y que se resume en “gestionar las empresas en clave de servicio público evitando cualquier gestión de los servicios públicos en clave de empresa”. Fomento no quiere abrir frentes de batalla innecesarios y menos ahora que tiene prácticamente en armas a los estibadores debido a la urgente adaptación al ordenamiento mercantil de las directivas comunitarias. La guerra de los puertos es el único conflicto de auténtica repercusión social que el Gobierno está dispuesto a afrontar en los próximos meses.

La política de apaciguamiento con los agentes sociales y grupos parlamentarios incluye también y de manera muy directa al sector bancario, que no en vano ha sido una de las principales fuentes de desafección ciudadana tras el rescate que propició la intervención de la troika y sus hombres de negro en España. El ministro de Economía, Luis de Guindos, quiere cubrirse las espaldas para que ningún banquero pueda sentirse discriminado en el reparto de las ayudas que unos y otros, en mayor o menor medida, han recibido estos años para evitar una catástrofe en el sistema financiero español. De ahí los rodeos que está dando el FROB para comprobar que nadie interfiere en la pretendida fusión de Bankia y BMN como entidad nacionalizada.

Parece claro en todo caso que la futura Bankia actuará como un banco público al menos hasta finales de 2019. Para entonces se supone que Goirigolzarri podrá devolver los 22.000 millones recibidos del erario público. En caso contrario que nadie se extrañe si el Gobierno de turno decide custodiar el proyecto a más largo plazo, todo ello para evitar el clamor popular en contra de ese capitalismo de amiguetes con que han sido vilipendiados los programas de privatización en España. El horno no está para bollos y la empresa pública siempre ha tenido, en términos generales, un coste económico en nuestro país, por lo que Rajoy no dudará en desempolvar las raídas muletas del Estado con tal de sostenerse en pie dentro del terreno cada vez más embarrado por el resto de adversarios políticos, económicos y sociales.

Superado el examen de la Comisión Europea y espantado el fantasma de una multa reforzada que habría echado por tierra los objetivos de estabilidad presupuestaria, el Gobierno orienta de nuevo ahora sus grandes esfuerzos al terreno doméstico para poner en valor lo que se ha venido en denominar ‘la legislatura del diálogo’. La estrategia de concesiones, expuesta en la plaza pública que ofrece el Parlamento, trata de poner en evidencia cualquier intento de propaganda y agitación desleal, para lo cual es necesario anticipar la acción política asumiendo un ideario impecable e incontestable que deje inerte a una oposición desnutrida y cuyos diversos componentes tienen por delante una larga tarea de reconstrucción.

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