por la no devolución de adelantos

Panamá inicia la ejecución a Sacyr por impago de 300 millones en el Canal

El gestor del Canal ha iniciado en un tribunal de Londres el proceso de ejecución por los adelantos no devueltos de hasta 880 millones concedidos a las constructoras

Foto: Un operario, en las obras de ampliación de la esclusa Cocolí, en el Canal de Panamá. (EFE)
Un operario, en las obras de ampliación de la esclusa Cocolí, en el Canal de Panamá. (EFE)

Lejos de calmarse las aguas, la tormenta entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Sacyr por las obras de ampliación de la infraestructura fluvial arrecia día tras día. El último acto considerado hostil ha sido el inicio del proceso de cobro de los adelantos por 320 millones de dólares (300 millones de euros) que Panamá concedió al consorcio constructor para acabar las obras, al considerar que la compañía española y sus socios —la italiana Impreglio y la belga Jan de Nul— no han presentado los avales necesarios para garantizar los pagos.

Según han confirmado fuentes oficiales, la ACP considera que Sacyr ha incumplido la obligación de cancelar antes del pasado 31 de diciembre el adelanto de compuertas-segundo, cuyo abono se encuentra cubierto con una fianza de pago. Para la ACP, “Grupo Unidos por el Canal [GUPC] no cumplió con la cancelación oportuna de dicho adelanto”, aseguran desde el país centroamericano, por lo que el 6 de enero inició la ejecución de dicha fianza y requirió al avalista el abono de la deuda.

Según el contrato, el consorcio constructor debía haber presentado cartas de créditos de bancos que sustituyeran a garantías corporativas de Sacyr e Impreglio, de menor valor, para garantizar el anticipo de 320 millones de dólares que la ACP le dio en 2014 para agilizar la finalización de las obras, tras el conflicto que llegó a paralizar los trabajos de ampliación de la tercera esclusa. Pero GUPC no las puso encima de la mesa antes del 16 de noviembre de 2016, como estaba establecido, por lo que automáticamente se activaba la obligación de devolver esa cantidad de dinero entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de este año.

La Autoridad del Canal considera que la compañía española y sus socios no han presentado los avales necesarios para garantizar los pagos

Debido a que Sacyr y el resto de compañías no presentaron los nuevos avales ni cancelaron la deuda, la ACP ha solicitado a un tribunal de Londres el inicio del proceso de ejecución de las garantías corporativas, y ha exigido a GUPC el desembolso de los 320 millones de dólares. Desde la empresa española dirigida por Manuel Manrique, han reconocido la solicitud de la Autoridad del Canal, pero se muestran tranquilos porque consideran que el juzgado británico tardará meses en resolver este nuevo encontronazo.

Otros frentes cerrados

En realidad, la ACP concedió a GUPC 880 millones de dólares en concepto de adelantos a Sacyr y sus socios para concluir la faraónica obra fluvial, que finalmente fue inaugurada en junio de 2016 con casi dos años de retraso. Este dinero debía ser devuelto en diciembre de 2018, una vez que la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por su siglas en inglés) dictaminase sobre las reclamaciones por sobrecostes solicitadas por las constructoras. Pero dichos préstamos llevaban asociadas unas garantías corporativas que debían ser cambiadas por avales bancarios una vez se entregase el proyecto.

Lo curioso es que las partes han llegado a un acuerdo sobre los 550 millones de dolares restantes, ya que GUPC se acogió al derecho que le permitía pedir una extensión para pagar esta parte de los adelantes hasta el 1 de junio de 2018. Para ello, las constructoras ampliaron la vigencia de las cartas de créditos que garantizaban ese anticipo, con lo cual cumplieron el pasado 29 de diciembre.

Este nuevo capítulo de la larga guerra entre Panamá y Sacyr llega tras el incremento de las reclamaciones por sobrecostes por parte de las constructoras, que ahora estiman que la ACP debería de compensarlas con hasta 5.673 millones de dólares, frente a los 3.227 millones que pedían hasta el pasado año, según adelantó 'El País'. Unas demandas que la ACP considera que no tienen sustento alguno y que amenazan con alargar el conflicto.

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