supera la cifra de negocio del grupo

Abengoa apila facturas impagadas por 1.073 millones a pequeños proveedores

La compañía andaluza se enfrenta a reclamaciones judiciales por 260 millones por no abonar sus impagos, cuyo volumen supera la cifra de negocios de todo el grupo

Foto: Torres de Abengoa de la planta solar Solúcar, en Sanlúcar la Mayor. (Reuters)
Torres de Abengoa de la planta solar Solúcar, en Sanlúcar la Mayor. (Reuters)

Los bancos y 'hedge funds' que tomarán las riendas de Abengoa a partir del próximo 22 de noviembre, cuando se apruebe en junta de accionistas la reestructuración de la deuda, se van a enfrentar a un problema de gran magnitud. Se trata del volumen de facturas a proveedores que han vencido y que no han sido abonadas por la compañía andaluza, que ya ha comenzado a recibir demandas en los juzgados por sus impagos. La cifra casi se ha duplicado en 2016 por las dificultades financieras del grupo.

Según se recoge en las cuentas de Abengoa entre enero y septiembre, el importe total de proveedores y otras cuentas a pagar vencido y no pagado (principal e intereses) asciende a 848 millones de euros. Adicionalmente, existen proveedores vencidos y no pagados correspondientes a sociedades mantenidas para la venta por 255 millones, por lo que el volumen total se eleva hasta los 1.103 millones.

Para hacerse una idea precisa de la magnitud de la cifra en el conjunto del balance de Abengoa, los 1.103 millones superan la facturación que obtuvo la multinacional española con sede en Sevilla en los nueve primeros meses del año, 1.042,7 millones. Mientras la cifra de negocio del grupo se ha derrumbado un 68%, desde los 3.265 millones registrados en el mismo periodo de 2015, la cifra de facturas sin pagar prácticamente se ha duplicado, desde los 604 millones que reconocía a 31 de diciembre del último ejercicio.

A 30 de septiembre de 2015, pese a los graves problemas por los que ya atravesaba la compañía, Abengoa no admitía tener una factura sin abonar a sus suministradores. Pero la declaración posterior de preconcurso voluntario en noviembre del pasado año y las posteriores negociaciones con los acreedores y el juez para evitar la quiebra han deteriorado la capacidad del grupo para pagar a los miles de pequeñas empresas que le hacían los trabajos.

Por este motivo, las reclamaciones judiciales por deudas vencidas e impagadas se han ido también disparando a lo largo de 2016, hasta sumar 260 millones. Cantidad a la que hay que agregar 16,22 millones de dólares por embargos preventivos, más otros 90 millones más que estaban en una cuenta bancaria pignorada y que ha sido ejecutada por un proveedor de Abengoa Bioenergía.

Según distintas fuentes, muchos de los suministradores del grupo controlado hasta hoy por los Benjumea y otras familias sevillanas son pequeñas empresas españolas que acompañaban a la multinacional a sus proyectos en los distintos países en los que operaban. A este grupo de pymes se les propuso aceptar una quita de hasta el 60% de las facturas sin abonar, requerimiento que ha sido rechazado por numerosos afectados. Algunos confían en que la nueva etapa que se inicia tras la recapitalización permita cobrar las deudas impagadas, pero muchas han tenido que despedir a empleados porque, a su vez, no podían devengar los salarios.

Pérdidas nunca vistas en el Ibex

El grupo energético y tecnológico perdió 5.413 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone multiplicar por 28 los 193,9 millones perdidos en igual periodo de 2015, por un deterioro de sus activos por importe de 4.227 millones. Otros motivos de este incremento de las pérdidas han sido la ralentización generalizada del negocio y un mayor gasto financiero por la ejecución y provisión de avales, y los intereses de demora.

Entre enero y septiembre, Abengoa alcanzó una cifra de negocio de 1.042,7 millones, tres veces menos que en el mismo periodo de 2015, en el que facturó 3.265,4 millones. Los 4.227 millones contabilizados por el deterioro de activos están relacionados fundamentalmente con las pérdidas contables motivadas por la menor valoración de las instalaciones de bioenergía en Estados Unidos, Europa y Brasil, de las líneas de transmisión en Brasil, de las plantas de generación en México y de las plantas solares en Chile.

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