Brasil ejecuta a Abengoa por incapacidad financiera y complica aún más su rescate

Mientras bancos y bonistas siguen discutiendo quién y cómo ponen el dinero necesario para evitar el concurso de acreedores de Abengoa, al Gobierno brasileño, también en funciones, se le ha acabado la paciencia con la empresa española. La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), el regulador del sistema eléctrico del país latinoamericano, ha anunciado que inicia los trámites para quitarle los activos que la multinacional andaluza, un negocio clave para poder refinanciar la deuda corporativa de casi 10.000 millones de euros que arrastra.

Después de varios meses de negociación para encontrar un comprador que se quedara con las líneas de transmisión que Abengoa tiene en Brasil, Aneel ha decidido que la incapacidad financiera de Abengoa para continuar con las obras y con la operativa de las plantas que ya están en funcionamiento ponen en riesgo el sistema eléctrico del país. Por este motivo, el regulador brasileño ha comunicado que le va a retirar las concesiones que entre 2012 y 2014 le otorgó a la compañía española, todo un contratiempo para el plan de salvación del grupo de ingeniería.

Abengoa ya avisó al gobierno de Brasilia en diciembre que, debido a sus dificultades para tener acceso a financiación bancaria, ya con la declaración de concurso voluntario en marcha, no era posible continuar con la construcción de las líneas de transmisión, una infraestructura vital para Brasil que ha sufrido una de las mayores crisis energéticas de su historia por la sequía. La compañía española opera siete líneas de transmisión en el país más grande de latinoamérica, con 6.300 kilómetros, tiene otras nueve en construcción, incluida la enorme represa hidroeléctrica de Belo Monte, con 11.223 megawatios, en el estado de Pará, la tercera más grande del mundo.

Clave para el futuro de Abengoa

Los activos en Brasil son fundamentales para el futuro de Abengoa, que se había comprometido a venderlos para hacer frente a la deuda impagada con los bancos y los bonistas, los cuales al mismo tiempo le habían exigido traspasarlos para reducir las necesidades de financiación en el plan de rescate. Oficialmente, la empresa ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información ya que están a la espera de la comunicación oficial de Aneel.

Falta saber cuál será el impacto en el balance de Abengoa y en las decisiones que tengan que adoptar los acreedores, los cuales llevan cerca de tres meses de retraso en la inyección de capital de hasta 1.800 millones de euros a la que se habían comprometido a mediados de marzo. Esta demora es lo que está provocando una cascada de concurso de acreedores en filiales como las de Estados Unidos, Holanda y Perú, además de varias ejecuciones que ya había tenido el grupo en Brasil. Los bonistas se resisten a aportar sus 1.000 millones al considerar que la compañía no tiene garantías para ser utilizadas como colateral, por lo que han pedido a la banca que liberen activos que ya fueron pignorados para respaldar antiguos préstamos.

Fuentes próximas a la compañía advierten que de no llegar pronto los nuevos préstamos, total o parcialmente, corre grave riesgo también el negocio en México, el otro país que se consideró estratégico para el futuro de la nueva Abengoa. Al menos, según las mismas fuentes, se necesitan urgentemente unos 300 millones durante el próximo mes de julio para afrontar los compromisos de pago en México para evitar tener que acogerse a otro concurso de acreedores.

Bancos y bonistas siguen negociando a contrarrreloj porque Antonio Fornielles, el presidente de la multinacional, pretende presentar este jueves un acuerdo preliminar en la Junta General de Accionistas. Un compromiso firme que espantase por fin el fantasma del concurso de acreedores, el mayor en la historia de España en el caso de que finalmente no se aportan los nuevos fondos. En la compañía mantienen su optimismo para encontrar una solución final, pero lo cierto es que la montaña de impagos se hace cada vez más grande. Según fuentes cercanas a Abengoa, de los cerca de 2.000 millones de facturas a proveedores, 400 millones están sin atender.