El juez de Abengoa pide a EY validar el rescate por las dudas de los bonistas

Nuevo capítulo en la historia sin fin de Abengoa. El último en pedir ayuda para validar la viabilidad de la compañía andaluza es Pedro Márquez, el juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, que tiene serias dudas sobre el nuevo plan estratégico presentado por la compañía días atrás. Ante el cambio en la nueva hoja de ruta, el magistrado encargado del preconcurso de acreedores ha solicitado los servicios de EY (antigua Ernst & Young) para validar la propuesta de los gestores de la multinacional sevillana.

Según han confirmado distintas fuentes, Márquez ha recibido el nuevo plan de viabilidad con el que Abengoa pretende salir de una situación que le está provocando un deterioro diario de su negocio. Una estrategia que difiere mucho de la que el grupo andaluz dibujó a principios de año y que fue respaldada por el 75% de los acreedores. Si la primera consistía en una quita del 70% de la deuda, más una inyección de liquidez de hasta 1.800 millones para financiar el crecimiento del 'holding' y el mantenimiento de determinados negocios, la segunda reafirma el sacrificio de la banca y de los bonistas, pero requiere de entre 800 y 1.000 millones porque está basada en una liquidación ordenada, tal y como adelantó El Confidencial el pasado 24 de mayo.

De hecho, la compañía ya ha ido abandonando proyectos porque no dispone de líneas de financiación para concluirlos. Una decisión que, si bien protege el escuálido dinero que mantiene en la caja, supone una pérdida de ingresos y de los activos con los que crecer a futuro. Una estructura que los bonistas, dueños de la mitad de los 9.000 millones de deuda corporativa, no están por la labor de financiar y que Santander, CaixaBank y Bankia, miembros del famoso G-6, tampoco ven con buenos ojos.

Ante esta coyuntura, el juez ha solicitado la ayuda de EY, una de las principales auditoras y consultoras del mundo, que hasta la fecha no había jugado ningún papel en la mayor reestructuración corporativa de la historia de España. Márquez le ha solicitado que elabore un informe para saber si la propuesta de Antonio Fornieles, presidente de Abengoa, tiene sentido, se podrá ejecutar y si contará con el respaldo de los acreedores. Fuentes oficiales de la compañía rebaten esta versión y aseguran que EY ha sido contratada por ella misma para ponerla al servicio del juez y que hasta se hace cargo de los honorarios. Sin embargo, otros asesores de la operación matizan que Abengoa ha dejado de pagar las minutas desde hace varios meses. EY ha declinado hacer ningún comentario.

Fuentes próximas a la compañía reconocen que este cambio de planes supone un nuevo retraso en el calendario de entrada del dinero nuevo, imprescindible para mantener vivos algunos de los proyectos actuales, especialmente los de México, donde Abengoa necesita 300 millones en los próximos dos meses para evitar pedir el concurso de acreedores de la filial.

Hace tres meses, el juez aceptó homologar el acuerdo de refinanciación que presentó Abengoa para salir del preconcurso de acreedores. Al mismo tiempo, dio a las partes hasta el próximo 28 de octubre como máximo para rubricar con hechos la hoja de ruta presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pero antes de llegar a esa fecha límite, la compañía, la banca y los bonistas deberían ir cumpliendo una serie de hitos, que de momento no han podido llevar a cabo.

Abengoa solicitó al juez la prórroga después de lograr el apoyo del 75% de sus acreedores para negociar el pacto definitivo de rescate. Aunque el aplazamiento no suponía oficialmente evitar el temido concurso, se daba por hecho que la compañía había dado un paso de gigante para evitarlo. Más aún, se confiaba en conseguir un mayor número de adhesiones para cerrarlo incluso sin agotar el plazo dado por el juez. Pero la modificación de la hoja de ruta y las dudas planteadas por los bonistas tras la realización de la 'due dilligence' o análisis exhaustivo de las cuentas requieren una nueva validación.

La inyección de capital es fundamental para evitar la paralización de la compañía, que en el primer trimestre del año perdió 340 millones de euros. Unos números rojos que, según fuentes oficiales, se deben principalmente a la ralentización del negocio y al impacto negativo de la valoración de ciertos instrumentos financieros registrados como gastos financieros. El importe neto de la cifra de negocio se situó en 719 millones de euros, un 54% menos que entre enero y marzo de 2015, cuando la facturación alcanzó los 1.559 millones de euros. El beneficio bruto de explotación (ebitda) de la empresa sevillana fue de 48 millones de euros en el primer trimestre, frente a los 321 millones de los tres primeros meses del pasado ejercicio, lo que supone una caída del 85%.