por la línea de liquidez aún pendiente

La guerra entre los acreedores pone en jaque a Abengoa en plena campaña electoral

Los bonistas exigen más garantías para prestarle los 1.000 millones comprometidos, mientras la banca les acusa de chantaje a la empresa con 7.000 empleos en juego

Foto: Una torre de la planta solar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor. (Reuters)
Una torre de la planta solar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor. (Reuters)

Abengoa se enfrenta a una semana crucial para su futuro. Los bancos y los bonistas tienen que decidir en las próximas horas si finalmente ponen el dinero para salvar a la compañía y en qué condiciones, tras varios meses de negociaciones infructuosas. Los inversores institucionales se niegan a inyectar los cerca de 1.000 millones comprometidos si las entidades financieras no liberan garantías que actualmente ya están a su nombre para respaldar créditos anteriores. Una tensión que ha deteriorado aún más la tesorería de la compañía y que ha provocado nuevas suspensiones de pagos y ejecuciones de garantías en Latinoamérica.

Según han confirmado fuentes próximas a las conversaciones, tres meses después de alcanzar un principio de acuerdo para evitar el concurso de acreedores, la situación de Abengoa sigue siendo crítica. Lejos de solucionarse, bancos y bonistas, los que se quedarán con el capital si se cumple la hoja de ruta a la que se comprometieron el pasado 15 de marzo, continúan con un tira y afloja que está deteriorando la salud del grupo de ingeniería. Los primeros acusan a los tenedores de los bonos de querer quedarse con la empresa “gratis, sin asumir riesgos”, mientras que los segundos critican la falta de diligencia del conocido como G-6.

El grupo de bancos que dirige las negociaciones -Banco Santander, Caixabank, Bankia, Popular, HSBC y Crédit Agricole- considera que los bonistas quieren prestar los 1.000 millones necesarios para asegurar la viabilidad de Abengoa con un préstamo al 25% (15% de salida más un 10% de amortización final) y con unas garantías adicionales que minimizan el riesgo de impago. Por su parte, Elliot, KKR, DE Shaw, Varde, OAK Hill y Centerbrigde, los principales propietarios de la deuda financiera, sostienen que los activos de la compañía sevillana no son suficientes para poder concederle la nueva línea de crédito. Como adelantó El Confidencial el pasado 5 de mayo, creen que hay un agujero de 1.000 millones de euros.

La guerra entre los acreedores pone en jaque a Abengoa en plena campaña electoral

Este desfase entre el activo y el pasivo ya ha provocado una revisión a la baja del plan estratégico, que ha traído consigo al mismo tiempo una rebaja del montante que se iba a aportar a la compañía, que inicialmente era de 1.800 millones más 700 en avales, y que ahora se ha acotado a 1.000 millones más otros 500 en garantías. 

Lo cierto es que, a día de hoy, las posturas siguen distantes, lo que incrementa el riesgo de que Abengoa se precipite finalmente al concurso de acreedores. “La situación de tesorería es insostenible”, reconocen fuentes próximas al grupo andaluz. “Los bonistas y los bancos no se ponen de acuerdo y la empresa no termina de vender los activos por los que tiene ofertas para protegerse de los acreedores”, explican para mostrar los distintos intereses que están defendiendo cada una de las partes. “Y la montaña de deuda con proveedores no deja de crecer”, sentencian.

Pero el factor clave, según apuntan distintas fuentes, es el político. Mientras los fondos institucionales no tienen como elemento primordial el impacto social que supondría la quiebra de Abengoa, que emplea a 7.000 personas en España y a 24.000 en todo el mundo, para Santander, Caixabank y Bankia se trata de una cuestión esencial dadas las graves consecuencias que tendría en Andalucía y en las relaciones con el PSOE. Y más que con el PSOE, con Susana Díaz, la presidenta de la Junta y probable futura líder del partido a nivel nacional si se confirma el descalabro electoral de Pedro Sánchez.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz (i), y la presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín. (EFE)
La presidenta de la Junta, Susana Díaz (i), y la presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín. (EFE)

Díaz ya ha mantenido conversaciones con Ana Botín, presidenta de Santander, con la que mantiene una buena relación, y con Isidro Fainé, cuyo banco tiene una gran presencia en Sevilla tras la adquisición de la antigua Cajasol. Por su parte, Bankia juega el papel de banco controlado por el Estado, pero a la vez supervisado por la Comisión Europea, por lo que cualquier decisión en una u otra dirección será escrutada con severidad.

La cercanía de las elecciones generales del próximo domingo no se le escapa a nadie, factor que los bonistas quieren exprimir para que la banca les libere las garantías que le exigen para prestar los 1.000 millones nuevos. Por su parte, Santander, Caixabank y Bankia no están dispuestas a aceptar lo que consideran un chantaje y pretenden alargar las negociaciones hasta más allá del 26-J. El problema es que Abengoa se desangra por momentos, como ponen de manifiesto la suspensión de pagos de más filiales.

Más concursos de acreedores y más ejecuciones

La última ha sido la de Perú, donde la empresa sevillana tenía proyectos por cerca de 1.000 millones de euros. Hasta el momento, Abengoa había mantenido silencio sobre la solicitud del preconcurso de acreedores en su filial peruana, que presentó el pasado 25 de mayo. A partir de ahora, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, el organismo que tiene que emitir un dictamen sobre dicha petición, tiene 90 días para aceptar o rechazar la medida adoptada por la empresa española para proteger sus negocios en el país.

Los problemas para Abengoa también se han extendido a Brasil. Según han confirmado fuentes de la compañía, varias acreedores le han ejecutado garantías por 92 millones de dólares al no poder hacer frente a sus compromisos. Una deriva que le podría llevar a perder más proyectos de los que ya ha ido abandonando, algunos de forma voluntaria para no consumir más dinero de la escuálida caja, y otros por exigencias de sus socios y prestamistas.  

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