nuevo revés para fomento

La Justicia apunta inconstitucionalidad en la postura del Estado con los peajes en quiebra

El mismo magistrado que ha ordenado liquidar las radiales R3-R5 ha dictado analizar si el real decreto que minora la Responsabilidad Patrimonial del Estado es inconstitucional

Foto: Vista del peaje de la R-2.
Vista del peaje de la R-2.

Se multiplican los reveses para el Gobierno en las autopistas quebradas. En apenas una semana, el Ministerio de Fomento se ha encontrado con dos pronunciamientos judiciales en su contra. Por una parte, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha inadmitido las propuestas de convenio de Accesos de Madrid, concesionaria de las radiales R3 y R5, y Ciralsa (Circunvalación de Alicante), así como la presentada por la entidad pública Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre.

Por otra, el mismo tribunal ha declarado la apertura de la fase de liquidación de oficio de dichas autopistas, además de declararse competente para resolver la concesión, y ha concedido solo un plazo de cinco meses, hasta las 0:00 horas del 1 de octubre de 2016, para que el Estado se haga cargo de las radiales, lo que supone echar por tierra la estrategia del Ministerio de Fomento de dejar correr el tiempo para evitar tener que enfrentarse a un problema que se estima pueda superar los 5.000 millones.

Pero la principal amenaza para el próximo Ejecutivo que surja de las elecciones del 26-J es que este segundo auto plantea abiertamente la posible inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 1/2014, que redujo la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), y activa la cuenta atrás para aclarar si, como han denunciado desde entidades financieras hasta inversores y compañías, se ha atentado contra la seguridad jurídica del país.

La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor. (EFE)
La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor. (EFE)

En el punto noveno del auto de liquidación, sellado el pasado 3 de mayo y al que ha tenido acceso este medio, se señala que "siendo plenamente eficaz dicha resolución contractual en cuanto abierta la liquidación concursal e integrado en el activo concursal aquella responsabilidad patrimonial del Estado (…), es el momento procesal de plantearse de oficio la posibilidad de inconstitucionalidad de la norma citada, en cuanto ha venido a alterar la composición de la masa activa al minorar la denominada RPA".

El auto concede a las partes el plazo de un mes, “a contar desde la presente para realizar alegaciones”, y una vez cumplido dicho periodo “se pronunciará este Tribunal respecto al planteamiento o no de la misma, en cuanto facultad discrecionalidad de este Titular”.

La 'patata caliente' de las autopistas

Este pronunciamiento abre la puerta a una nueva batalla judicial, otra más, en el negro capítulo que han escrito ya las denominadas autopistas quebradas, un saco formado por las radiales de Madrid (R2, R3, R4 y R5), la AP-36 Ocaña-La Roda, la M-12 Eje Aeropuerto, la Circunvalación de Alicante (Ciralsa), la AP-41 Madrid-Toledo y Aucosta (Cartagena-Vera).

En juego está disparar de 1.500 a 5.000 millones la RPA y, por tanto, la factura que deberán pagar todos los españoles por este símbolo de los excesos

En juego está disparar de 1.500 a 5.000 millones la RPA y, por tanto, la factura que deberán pagar todos los españoles por este símbolo de los excesos. Durante los últimos años, la jugada de Fomento ha ido dirigida a tratar de rebajar la factura del Estado mientras negociaba con los bancos aplicar una quita del 50% sobre los cerca de 3.500 millones de deuda que arrastran estas concesiones, y con Hacienda, la emisión de un bono a 30 años, que permitiera titulizar el resto del pasivo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE/Zipi)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE/Zipi)

Pero si desde la cartera dirigida por Cristóbal Montoro ya se mostró poca sintonía con este plan, porque la máxima es no generar más déficit, el problema será mucho más si la Justicia termina dando la razón a quienes acusan de inconstitucionalidad el cambio normativo que permitió rebajar la RPA.

Según los cálculos de Fomento, gracias al cambio normativo que minoró la Responsabilidad Patrimonial, la factura a la que podría terminar haciendo frente su cartera superaría ligeramente los 1.500 millones, frente a los más de 5.000 millones que se estiman desde el mundo empresarial.

Además, la banca acreedora está librando cada una su propia guerra y mientras que una serie de entidades han empezado a vender a fondos buitre su deuda con quitas de hasta el 90%, otras entidades, como acaban de demostrar en R3-R5, han hecho valer sus derechos, han ejecutado a la concesionaria y han cobrado su cheque esta misma semana.

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