tras negarse a aportar 485 millones

El PP rehúsa rescatar de nuevo a Florentino y condena al AVE a Francia a la liquidación

Mariano Rajoy ha rechazado aportar 485 millones que le reclama el presidente de ACS, el cual exige la activación de la responsabilidad patrimonial de la Administración

Foto: Fotografía de archivo de la inauguración del servicio internacional de AVE entre España y Francia. (EFE)
Fotografía de archivo de la inauguración del servicio internacional de AVE entre España y Francia. (EFE)

Mariano Rajoy no quiere que su imagen se vea salpicada por otro favor como el que en octubre de 2014 le hizo a Florentino Pérez al indemnizarle con 1.350 millones de euros por la fallida concesión del gaseoducto del Castor. Por este motivo, y a las puertas de unas nuevas elecciones generales, el Gobierno ha rechazado la última y urgente petición de ACS de ser compensada con casi 500 millones por el fracaso de la concesión ferroviaria que une España con Francia, negativa que condena a este AVE a la liquidación el próximo 30 de junio.

Según fuentes próximas a la compañía, desde que TP Ferro, la sociedad concesionaria participada a partes iguales por la constructora española y la francesa Eiffage, solicitase oficialmente el preconcuso de acreedores el 15 de marzo de 2015, los accionistas y los acreedores no han conseguido convencer a los gobiernos de Madrid y de París para que rescaten a la compañía. Pese a lo importante de la infraestructura, que une las dos capitales y que fue inaugurada en diciembre de 2013 por el actual Rey de España, el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el de François Hollande, con movilizaciones constantes contra su reforma laboral, se han negado a aportar los 485 millones que le reclaman las dos multinacionales.

Los últimos intentos de los acreedores, entre los que se encontraban BBVA, Caixabank y Bankia, los cuales vendieron sus 386 millones de deuda a fondos especulativos, han sido en balde porque la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha rehusado siquiera entrar a negociar una posible salida. Al estar en funciones, se niega a analizar una salida a esta concesión pública por 53 años, gestionada por dos compañías privadas, oficialmente en concurso de acreedores desde el 3 de septiembre. El administrador concursal ha estimado que para que los trenes que unen Barcelona con Perpignan y Madrid con París en seis horas sean viables, sería necesaria una aportación de capital de 485 millones.

El presidente de ACS, Florentino Pérez. (EFE)
El presidente de ACS, Florentino Pérez. (EFE)

Ante la última negativa del Gobierno, ACS e Eiffage ya han transmitido que exigirán la activación de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), o lo que es lo mismo, la inyección de los casi 500 millones por parte del Estado. De lo contrario, la concesión ferroviaria, operada por la propia TP Ferro, sería liquidada al finalizar la fase convenio -30 de junio- sin acuerdo. Por tanto, salvo medida excepcional de última hora, la circulación de los trenes de pasajeros y de mercancias sería suspendida, un hecho insólito.

Los abogados de Florentino Pérez han hecho un análisis de cuánto debería percibir TP Ferro en el caso de que no se apruebe ninguna propuesta de convenio, lo que implicaría la resolución del contrato de concesión otorgado en 2006 por el Gobierno, en aquel entonces de José Luis Rodríguez Zapatero. Según las mismas fuentes, la anulación de la concesión implicaría que el Estado español y el francés se quedarían con la infraestructura ferroviaria, además de tener que abonar una indemnización a las constructoras por la inversión realizada.

Alto coste electoral

Fuentes próximas al Gobierno aseguran que en ningún caso se aportará dinero público para rescatar una concesión privada, como hizo a finales de 2014 con los 1.350 millones que pagó a ACS por el fracaso del gaseoducto del Castor. Una indemnización encubierta que finalmente ha ido a parar a la factura de todos los consumidores y que en el PP creen que ha tenido un alto coste electoral. Aceptar otra exigencia de Florentino Pérez antes del 26 de junio, en plena campaña por los nuevos comicios generales, sería muy mal acogido por los votantes indecisos.

Además, en el Gobierno están convencidos de que les asiste la razón al rechazar la petición de Florentino Pérez y de Eiffage, ya que hasta la fecha los tribunales de arbitraje se han decantado a favor del Estado español y el francés. De hecho, los abogados del Gobierno han ganado en Suiza varias reclamaciones por 93 y 350 millones por las que las constructora exigían la compensación del menor tráfico de trenes y la tardanza en la puesta en servicio de las líneas de alta velocidad.

Vista de un tren AVE en la estación de Girona. (EFE)
Vista de un tren AVE en la estación de Girona. (EFE)

Pese a estas derrotas judiciales, el también presidente del Real Madrid presentó una tercera demanda adicional poco después de que en marzo del pasado año TP Ferro entrase en preconcurso de acreedores, y posteriormente solicitó 100 millones de ayudas a fondo perdido para tratar de evitar la disolución de la sociedad.

La construcción de la línea de alta velocidad que une Barcelona y Perpignan camino de París recibió en su día una subvención de ambos estados a cargo de los fondos públicos de la Unión Europea de 636,22 millones de euros, algo más de la mitad del coste inicial del proyecto, que ascendió a 1.200 millones. El proyecto se completó con 400 millones de deuda proporcionada por BBVA, Bankia y Caixabank. En 2009, la compañía fue respaldada con 128 millones de dinero público por los retrasos en la entrada en funcionamiento del AVE, al tiempo que la concesión fue extendida por tres años más para beneficio de las constructoras.

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