El AVE a Francia quedará varado tras el 20-D por falta de liquidez al perder 112 millones
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salvo nueva inyección de capital estatal

El AVE a Francia quedará varado tras el 20-D por falta de liquidez al perder 112 millones

La línea de alta velocidad que une España con el país vecino corre el grave riesgo de entrar en vía muerta a principios de 2016 si no sale del concurso de acreedores o los estados aportan capital

placeholder Foto:  Vista de un tren AVE en la estación de Girona. (EFE)
Vista de un tren AVE en la estación de Girona. (EFE)

El próximo Gobierno que salga de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre tendrá un bocado amargo que digerir. El nuevo Ejecutivo deberá decidir si inyecta dinero para que el AVE que une España con Francia siga funcionando o, de lo contrario, entra en vía muerta dada su anémica situación de caja. Una coyuntura que se complica porque TP Ferro, la sociedad de ACS y Eiffage que gestiona la línea férrea, perdió 112 millones de euros en su último ejercicio fiscal.

Según fuentes próximas a la compañía, que entró a finales de julio en concurso de acreedores, la concesionaria del tren de alta velocidad que une Barcelona con Perpignan con destino París tenía 122.553 euros de caja disponible, frente a los cerca de 1,45 millones a finales de 2013. Con esta liquidez, TP Ferro tan solo podría seguir operando hasta principios de 2016, por lo que los convoyes dejarían de funcionar salvo que el administrador concursal adopte alguna medida excepcional -venta de algún activo inmobiliario- o hubiera un acuerdo entre la empresa, los acreedores y los gobiernos de España y Francia.

Ni Madrid ni París, unidas más que nunca por el riesgo del terrorismo yihadista, quieren aportar más dinero a ACS y a Eiffage, que ya fueron compensadas en 2009 con 110 millones en forma de préstamos participativos y la extensión por tres años más del periodo de la concesión (53 años, hasta 2057) por los retrasos en la entrada en funcionamiento de la línea de alta velocidad. Además, cualquier ayuda adicional tendría que ser sometida a la supervisión de la Comisión Europea, contraria a que los estados sufraguen con fondos públicos negocios privados.

Pese a que el número de trayectos de viajeros entre Barcelona y París se ha duplicado desde 2014 tras la homologación de los trenes de los dos países, el flujo de viajes es insuficiente para que con los ingresos obtenidos compensen los gastos financieros, motivo por el cual TP Ferro se acogió al concurso voluntario de acreedores, al no poder hacer frente a un préstamo bancario de casi 400 millones de euros con los que construyó la línea férrea.

Incumplimiento de condiciones

Tanto ACS como Eiffage consideran que los ministerios de Fomento de España y Francia no han cumplido con las condiciones para la explotación del AVE internacional, según el contrato de concesión firmado en febrero de 2004 durante el mandato de José María Aznar y modificado en 2007 ya con José Luos Rodríguez Zapatero. La constructora presidida por Florentino Pérez y su socio galo afirma que persistieron los incumplimientos respecto a diversas obligaciones, por lo que ambas compañías llevaron a los dos países a un tribunal de arbitraje para reclamar una segunda compensación de más de 70 millones.

El juez de Suiza todavía no se ha pronunciado sobre esta exigencia, pero sí lo ha hecho sobre otra demanda de 350 millones de euros por sobrecostes en la construcción, que fue denegada. Dada esta situación de inviabilidad de TP Ferro, ACS e Eiffage se han apresurado a deteriorar en 100 millones el valor de la concesión, al existir lo que se conoce como “indicios de pérdida de valor”. Es decir, que no podrán recuperar la inversión realizada, que contó con una subvención de la Unión Europea de 636,22 millones de euros.

Con esta argucia, que ACS no se aplicaba cuando su participación del 20% en el capital de Iberdrola estaba un 50% por debajo del coste de la inversión, los abogados de Florentino Pérez creen que la firma tiene derecho a ser indemnizada con 485 millones de euros en el caso de que la empresa no salga del concurso de acreedores y acabe en liquidación. “La resolución del contrato de concesión implica que los concedentes -los estados- recibirían la infraestructura construida por TP Ferro, por lo que el contrato prevé el derecho de TP Ferro a percibir una indemnización como compensación por la resolución de la concesión (valor recuperable en la inversión)”, según sostienen ambas constructoras en base a la cláusula 25.4 del citado documento.

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