Las grandes patrimonios se blindan con planes de emergencia ante el nuevo Gobierno

Una avalancha de consultas ha puesto en alerta a despachos de abogados, fiscalistas y gestores patrimoniales de toda España, que están viendo como sus mejores clientes están solicitando de manera masiva planes de salvaguarda de su patrimonio ante las amenazas que perciben por el cambio de Gobierno, especialmente si termina configurándose un bloque de izquierdas.

La base de sus miedos radica en que temen que el próximo Ejecutivo modifique radicalmente el actual marco fiscal bajo el que tienen organizados sus patrimonios, fundamentalmente el régimen de sicavs -sociedad de inversión de capital variable-, las exenciones en Sucesiones y Donaciones, y la tributación del ahorro. Amenazas frente a las que quieren blindarse preparando ya la hoja de ruta que seguirán si sus temores se cumplen, según ha podido confirmar El Confidencial con varios expertos.

"Todo el mundo está muy preocupado, pero también todo el mundo está muy quieto a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, con la idea de ir tomando decisiones en cada momento adaptándose a las circunstancias", señala Juan Jesús Gómez, socio director de Consilio Asesores Patrimoniales, quien añade: "Lo que hay que hacer es ser prudente y tratar de minimizar los daños".

El problema que se están encontrando los 'family office' cuando se sientan con sus asesores es que la solución a sus problemas es compleja. Primero, porque se desconoce cuál va a ser el próximo Ejecutivo y qué medidas va a terminar implantando realmente; segundo, porque Hacienda no está respondiendo a las consultas que está recibiendo sobre estas materias, a la espera de que sea el próximo Gobierno quien lleve las riendas; y tercero, porque el equipo de Mariano Rajoy incluyó en la reforma fiscal la denominada Exit Tax, tributo dirigido a evitar, precisamente, la fuga de patrimonios y empresas.

Esta última medida es la que está evitando que se produzca un panorama de fuga masiva de grandes patrimonios, ya que esta norma se creó sólo para contribuyentes con más de cuatro millones de euros en acciones, o un millón si controlan más al 25% de una sociedad, que decidan llevarse su residencia fuera de España. Si lo hacen, deberán tributar por las plusvalías latentes de sus títulos en territorio patrio, toda una medida disuasoria. Eso sí, lo que no podrá evitarse es que, una vez fuera, estos mismos contribuyentes abran nuevas sociedades y realice nuevas inversiones, cuyos tributos sí que se perderá para el erario público. Y esta es, precisamente, una de las estrategias que se están diseñando.

El gran interrogante de las sicavs

Menos claro está el futuro para las sicavs, sociedades sobre las que más se teme un cambio de fiscalidad, debido a la proliferación de medidas que recogen los diferentes programas políticos, y existen serios interrogantes sobre cómo actuar. Entre otros motivos porque la solución que, a priori, parece más óptima -fusionarlas con otro vehículo similar en países como Luxemburgo, o con un departamento de estos-, tiene sobre ella la amenaza de que Hacienda termine considerando que también debe tributar por sus plusvalías acumuladas antes de llevársela fuera.

De hecho, gestores patrimoniales consultados por este medio aseguran que se han hecho consultas vinculantes para ir preparando el terreno y diseñando los planes de actuación, pero Hacienda no está respondiendo. Oficialmente, este silencio puede escudarse en que todavía se está analizando. Extraoficialmente, lo que sostiene el sector es que el Ejecutivo ha optado por dejar al próximo Gobierno la toma de esta decisión.

Un mutismo que está llevando a diseñar alternativas como destinar estos fondos a otros productos, como las letras del Tesoro, o vender las acciones de la sicav hasta dejarla al límite de la liquidación, ya que estas sociedades siempre están obligadas a recomprar los títulos, labor que afrontarán vendiendo a su vez sus propios activos. Esta última operativa se está diseñando de la manera más eficiente posible para el cliente y, una vez culminada, permite contar con dinero efectivo que ya puede moverse libremente a cualquier otro vehículo dentro o fuera de España.

Eso, siempre y cuando se tengan plusvalías, porque también hay muchos de estos vehículos que arrojan pérdidas, debido a los complejos últimos años de los mercados, o tienen prácticamente el mismo patrimonio que cuando se crearon, escenario ante el que resulta más fácil poder llevarselas fuera porque no existen plusvalías sobre las que tributar.

Eso sí, como señala Guillermo Santos, socio de iCapital, el traslado también tiene sus complejidades. "¿Tener una sicav en España y llevársela a Luxemburgo es viable?, sí. ¿Es complejo?, si. ¿Es caro? No es barato". Por eso, todos los grandes despachos de abogados del país y los gestores patrimoniales están analizando estos planes con suma cautela y teniendo siempre en cuenta la casuística de cada cliente.

La premisa sobre la que se están desarrollando estas estrategias, como puntualizan todos los expertos, es la de moverse dentro de la legalidad, pero intentando siempre hacerlo de la forma fiscalmente más eficiente y, además, buscando seguridad jurídica para sus clientes. En este sentido, son muchos los patrimonios que ya han traslado a sus gestores que, incluso, están dispuestos a soportar una tributación mayor de la que gozan ahora en España con tal de saber que ése va a ser un escenario estable sobre el que poder seguir operando en el futuro sin sorpresas.

Donar para no tributar

Este discurso está especialmente sobre la mesa en lo que respecta a la amenaza de elimininar la exención del impuesto de Sucesiones y Donaciones, figura de la que actualmente sólo gozan algunas comunidades, como Madrid, pero que es especialmente relevante para este tipo de declarantes, ya que son los que gozan de mayores patrimonios y, por tanto, los que sufren en mayor cuantía las cargas fiscales cuando heredan. De hecho, este tributo es, junto con Patrimonio, el principal responsable de deslocalizaciones de contribuyentes de aquellas comunidades donde no está exento, como Cataluña, a las que sí.

Si llegara a eliminarse en toda España, la opción de irse fuera, trasladando la residencia, emerge como una seria alternativa, siguiendo así la estela de los movimientos que ya se han visto dentro de nuestras fronteras. Otra opción consiste en donar antes de que se modifique la normativa. Y otra, más conservadora, es esperar a ver cómo discurren los acontecimientos y, si realmente se elimina en todo el país esta exención, cuando llegase ese momento, donar pero garantizándose un usufructo de por vida para evitar malas sorpresas en el futuro por parte de los hijos.

"Ahora mismo, lo que recomiendo es esperar y ver. Tener toda la información sobre lo que puede pasar, diseñar todos los posibles escenarios, especialmente los peores desde el punto de vista fiscal, e ir elaborando una estrategia a la medida de cada patrimonio, pero no precipitarse, actuar siempre de acuerdo con el marco legal actual, y tratar de conseguir el tratamiento más eficiente para el ahorro. Porque lo que se busca con estos planes no es no pagar impuestos, sino conseguir el tratamiento fiscal más eficiente", sentencia Guillermo Santos.