Una auditoría para la Generalitat de Cataluña cuestiona la privatización de ATLL
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Cuestiona que la concesión haya implicado mejoras

Una auditoría para la Generalitat de Cataluña cuestiona la privatización de ATLL

Según un informe técnico para la Generalitat sobre la gestión de ATLL, “no se ha evidenciado que se hayan aplicado las mejoras propuestas en la oferta”, dejando la venta sin justificación pública

placeholder Foto: Vista aérea de la desalinizadora de Aigües del Ter Llobregat.
Vista aérea de la desalinizadora de Aigües del Ter Llobregat.

Aigües del Ter Llobregat (ATLL) ha suspendido la auditoría que valora si Acciona y el resto de socios de la concesión cumplieron con sus compromisos en la privatización, según consta en un documento que lleva por título 'Comprobación de los trabajos y mejoras ofertados', realizado por la firma de consultoría internacional BAC Engineering Consultacy Group, y al que ha tenido acceso El Confidencial. “No se ha evidenciado que se hayan aplicado las mejoras propuestas en la oferta”, subraya el informe sobre el desarrollo de actividad en 2014.

A juicio del auditor, “la explotación que se venía llevando a cabo antes de la concesión ya integraba, aunque no de forma exacta, muchas de las medidas propuestas”, tal y como reza en las conclusiones. Esta auditoría se entregó a la Agencia Catalana del Agua (ACA), organismo público de la Generalitat que ha de tutelar la relación de ATLL con el ejecutivo regional una vez llevada a cabo la privatización. Orgánicamente, la ACA depende de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, que después del cambio de gobierno en la Generalitat encabeza Josep Rull.

Ni desde la 'conselleria' ni desde la ACA han querido comentar la auditoría en cuestión ni los efectos que haya podido provocar, pese a haber sido requeridos para ello repetidamente. Tampoco han explicado qué medidas han tomado después de estos resultados.

La de ATLL ha sido la privatización más polémica llevada a cabo por la Generalitat encabezada por Artur Mas. Se cerró en 2012, y la Generalitat cobró 298 millones de euros a cambio, entre otras cosas, de subir el agua a los habitantes del área metropolitana de Barcelona más de un 9%. Una semana después de otorgarse, ya fue cuestionada por la propia Generalitat, y ahora las diversas partes -la Administración catalana, Acciona y Agbar, que perdió el concurso- están pleiteando desde hace años por esta cuestión. En la actualidad, el pulso legal se ha elevado al Tribunal Supremo. En esta concesión, Acciona se juega un negocio de 1.000 millones a 50 años.

En 2013, la auditoría sobre la privatización de ATLL la llevó a cabo Inypsa. Pero ha sido en 2014 cuando la auditoría técnica ha cuestionado la utilidad de la misma. Tiene cierta lógica que la concesión ya aplicase mejoras integradas y no nuevas, pues el exgerente de la ATLL, Joan Compte, cobró más de un millón de euros como asesor de Acciona tras dejar la compañía, buena parte el mismo año, 2012, en que se llevó a cabo la privatización.

Obligaciones incumplidas

Entre las obligaciones incumplidas que el auditor pone sobre la mesa, se encuentra que “la información recibida no corresponde a planes de explotación específicos individualizados por planta, tal y como requiere el pliego”. También se manifiesta que “no existe” manual de operaciones de cada instalación, igual que los resúmenes de los informes de operaciones se llevan a cabo con información que “no está claramente diferenciada por plantas de tratamiento”, según consta en el informe de BAC.

La auditoría de BAC repite una y otra vez que le han faltado datos para hacer su trabajo, pese a “la buena disposición para ayudar al auditor” y al “gran volumen de información aportado”. También lamenta los problemas para analizar la información, la excesiva rotación de los auditores y la falta de datos homologables entre los ejercicios. En total, hay 17 puntos en que el auditor detecta anomalías de diversa consideración en esta concesión pública. En muchos de ellos, la queja es similar: el auditor no ha tenido acceso a las condiciones de la oferta y con esos mimbres no puede valorar el cumplimiento de la misma, por lo que “el auditor considera imprescindible conocer los trabajos y mejoras ofertadas” y pide que ATLL entregue “un plan de implementación de mejoras”.

Privatizar ATLL se ha vuelto una piedra en el zapato para la Generalitat: tres 'consellers' en tres años han convertido Obras Públicas en una silla caliente.

La Generalitat no ha hecho públicos estos resultados pese a que el ACA es una empresa pública. Pero encaja con la postura que hasta ahora había asumido la Administración catalana. El 'conseller' de Economía, Andreu Mas-Colell, siempre se ha resistido a revisar la concesión pese a que incluso haya perdido en primera instancia en los tribunales, tal y como pasó cuando el TSJC anuló el concurso.

La clave estará en la postura que ahora tome el nuevo vicepresidente económico, Oriol Junqueras. Sin embargo, ante el rendimiento de la privatización, el responsable sería el nuevo 'conseller', Josep Rull. Pero en Territorio y Sostenibilidad, esta siempre ha sido una cuestión incómoda. Rull será el tercer consejero en una crisis que dura tres años: Lluís Recoder, que fue el promotor de la privatización, ni siquiera acudió a firmar; Santi Vila ha preferido saltar a Cultura. Y ahora la patata caliente de ATLL le ha caído a Rull.

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